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Para usar “mecanismos de injerencia en comunicaciones”, como el sistema El Guardián comprado por el Ministerio del Interior, debe haber “una ley previa” y “una necesidad demostrada de protección de derechos humanos”, opinó el relator especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue.
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El abogado guatemalteco dijo el lunes 2 durante una conferencia en la sede del Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación (Prodic) de la Universidad de la República que el exagente estadounidense Edward Snowden, refugiado en Rusia, “no tiene responsabilidad penal” por haber revelado información confidencial porque “estaba denunciando una violación de derechos humanos”.
La Rue sostuvo que “garantizar la seguridad (...) implica mecanismos de injerencia en comunicaciones pero con ciertas características desde la perspectiva de derechos humanos”.
Las condiciones son que esa injerencia “esté establecida por ley”, que “implique la protección de un derecho humano que va a ser violado”, que “haya proporcionalidad en la medida que se va a tomar” y “que se use el debido proceso democrático”.
“La seguridad nacional protege a los individuos pero también protege al sistema democrático y hay una contradicción si se usan métodos antidemocráticos. Se protege la seguridad de las personas pero en el fondo las personas también están perdiendo porque van a perder la democracia por la que tanto hemos luchado”, afirmó.
Mencionó el ejemplo del exagente de la CIA Edward Snowden, quien filtró a medios de prensa documentos sobre un programa de espionaje en Internet del gobierno de Estados Unidos y luego se exilió en Rusia.
“Snowden al revelar esa información no tiene responsabilidad penal, a pesar de que violó la confidencialidad de su empleo, porque estaba denunciando una violación de derechos humanos, que era un monitoreo ilegal de las comunicaciones. Y si eso viola el derecho a la privacidad, toda denuncia de violación a los derechos humanos no puede ser penalizada porque si no, estaremos apoyando y manteniendo la impunidad”, dijo el relator.
Consultado por el público por el sistema de escuchas telefónicas El Guardián que adquirió el Ministerio del Interior, La Rue reiteró que para usar ese tipo de tecnologías “tiene que haber una ley previa, tiene que haber una necesidad demostrada de protección de derechos humanos y tiene que haber proporcionalidad de la medida”.
“Monitoreo se puede hacer a una persona o a un grupo de personas sospechosas, que se demuestre ante un juez, pero no se está haciendo así, se está haciendo masivamente y se está haciendo masivamente por bloques humanos —agregó—. Eso es muy peligroso porque es lo que en inglés llaman el profiling, el hacer perfiles. Uno va haciendo perfiles de población pero esto es lo que va generando criterios de ‘la población peligrosa’, quiénes son los peligrosos por razones de religión, por razones de raza”.
