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    Parlamento paga US$ 4 millones al año en convenios de atención médica para sus funcionarios y familiares por fuera del Fonasa

    Los beneficios se arrastran desde 1985, son vitalicios y alcanzan a dos tercios de los trabajadores

    “La pérdida del poder adquisitivo del ingreso familiar se acentuó este año”, señalaba un artículo publicado en Búsqueda el 8 de noviembre de 2001, en la misma edición que se informaba sobre los cambios en los hábitos de los consumidores para afrontar la difícil situación económica en Uruguay y el inminente descalabro de Argentina. El día anterior, en el Palacio Legislativo, el vicepresidente de la República, Luis Hierro López, firmó un convenio con el seguro médico privado Medicina Personalizada (MP) para que funcionarios del Senado, exfuncionarios y sus familias se atendieran en esa empresa a costo de la Cámara. En el convenio, el Senado se comprometió a pagar a MP $ 1.426 por usuario y por mes. En ese momento el salario mínimo nacional era de $ 1.092.

    Estos acuerdos rigen no solo en el Senado, sino también en las otras dos unidades ejecutoras del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y la Comisión Administrativa. Entre las tres, suscribieron decenas de convenios con prestadores como MP, Blue Cross o el Hospital Británico, entre muchos otros.

    El alcance del beneficio ha ido cambiando. En 2017, el Poder Legislativo pagó por la salud de unos 700 funcionarios más de $ 113 millones, casi US$ 4 millones calculados al tipo de cambio promedio de ese año.

    El presupuesto total del Parlamento rondó los US$ 130 millones en los últimos tiempos.

    Salud incluida.

    Desde el retorno a la democracia en 1985, el Parlamento siempre cubrió los gastos en salud de sus funcionarios y su grupo familiar. Nunca hubo exclusividad con respecto al prestador, sino que cada funcionario era libre de elegir el que prefiriera. Al principio, cada uno pasaba por Tesorería con la factura y le devolvían el dinero.

    Luego, “en virtud del volumen de funcionarios abonados” —según surge de la respuesta a una solicitud de acceso a la información publica realizada por Búsqueda—, se firmaron convenios como el de MP con todos los prestadores de salud y estos le pasaron a cobrar directamente al Parlamento.

    Sin embargo, el beneficio se dejó de ofrecer a los ingresos posteriores a la reforma del sistema de salud de 2007, pero se continuó pagando a los demás, pues tenían un “derecho adquirido”. Esto generó reclamos por parte de algunos funcionarios que no accedieron al beneficio, pero “para no ir a contracorriente de la ley del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) se les dijo que no”, explicó a Búsqueda el secretario de la Comisión Administrativa, Wilder Leal. No obstante, al día de hoy dos tercios de los más de 1.000 funcionarios del Parlamento continúan percibiendo el pago del servicio médico, que se otorga de manera vitalicia a ellos y a su cónyuge. Los hijos menores de 21 años y los padres, si estuvieran a su cargo, también tienen derecho al beneficio.

    Desde el establecimiento del Fonasa “el gasto ha disminuido”, dijo a Búsqueda el secretario del Senado, José Pedro Montero. Los pagos persisten porque el Parlamento siguió abonando los gastos que excedan lo aportado por el Fonasa, que varía por género y edad. Por ejemplo, para un hombre de 40 años, el fondo aporta $ 1.013 al mes y el Hospital Británico cuesta $ 6.832; de la diferencia ($ 5.819) se hace cargo el Parlamento hasta cierto monto. La Comisión Administrativa impone un tope de $ 6.000 y la Cámara de Diputados, uno de $ 3.762, luego del cual el monto restante debe ser abonado por el funcionario. El Senado no impone ningún límite al gasto asociado con este beneficio.

    Información Nacional
    2018-06-21T00:00:00

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