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Los mecanismos de control sobre los organismos públicos “caen mal” y por eso es parte de las “reglas de juego” que los responsables de esos controles sean cuestionados. Esa es la evaluación que por estas horas hace el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Juan Faroppa, cuando analiza las críticas que el organismo recibió de parte de partidos que integran el gobierno de coalición, donde algunos de sus dirigentes entienden que en sus resoluciones está sesgado hacia la izquierda.
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Wilder Tayler, quien desde la semana próxima ocupará la presidencia del organismo, coincide con esa visión y atribuye las críticas a que no se entienda el rol que tiene la institución. “El deber legal de la institución es monitorear el ejercicio del poder del Estado”, dijo Tayler a Búsqueda.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo fue creada en diciembre de 2008 y tiene como cometido “la defensa, promoción y protección en toda su extensión de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional”. Se trata de un organismo autónomo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo. Sus cinco integrantes son electos por una mayoría especial de la Asamblea General.
Con el gobierno del Frente Amplio la Inddhh tuvo diferencias. Por ejemplo, la institución cuestionó el decreto que autorizó a la Policía a impedir el corte de rutas y calles como protesta, el impacto del proyecto del Ferrocarril Central, algunos temas medioambientales y la divulgación por parte de Presidencia de información sobre un colono que criticó al gobierno.
“Se nos acusa de ser un comité del Frente Amplio, pero en realidad con el Frente Amplio tuvimos una relación que fue muy profesional, como con el actual gobierno, pero también se irritaban mucho por el tipo de resoluciones que dictábamos”, dijo Tayler.
Con el cambio de color político del gobierno, las críticas siguieron. Pero esta vez, en solo cinco meses, hubo cuestionamientos públicos a través de los medios de comunicación y hasta la citación a una comisión del Parlamento.
Los integrantes de la institución defienden las recomendaciones —no obligatorias— que toman. Faroppa dijo que en este momento le preocupa que “pueda haber un debilitamiento” del organismo o que el país “quede mal parado a escala internacional”.
“Me da la impresión que los ataques desde los partidos que están en el gobierno pueden responder a una falta de experiencia en el manejo con estas instituciones”, dijo Tayler. El director aseguró que el organismo seguirá cumpliendo con su trabajo pese a las críticas, al tiempo que dijo que esperan tener un diálogo fluido con las autoridades.
Uno de los principales choques se dio a mediados de julio, cuando integrantes de la institución fueron convocados por legisladoras del Partido Nacional, que consideraron “grave” que una funcionaria de ese organismo llamara a un fiscal para informarse sobre el estado de salud de Fernando Cristino, que fue imputado por lesiones a un policía y denunció por amenazas a la vicepresidenta Beatriz Argimón.
Las legisladoras nacionalistas respaldaron a la institución, pero no quedaron satisfechas con las explicaciones.
En tanto, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, aseguró en julio al diario El País que “el instituto está actuando más como comité de base que como institución estatal”.
En el Partido Colorado también cuestionan a la institución y en sus filas hay dirigentes que tienen una visión parecida a la que planteó Iturralde. “Operan siguiendo directivas del Frente Amplio y los sindicatos”, dijo un integrante de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), quién señaló que cuando se elija al próximo directorio se deberá buscar una “composición más ecuánime”.
Los integrantes de la Inddhh son electos por dos tercios de la asamblea general y duran cinco años en sus cargos. Cuatro de los cinco actuales integrantes de la institución fueron propuestos por organizaciones de la sociedad civil (Faroppa, Tayler, Mariana Mota y Josefina Pla). La quinta integrante fue presentada por el Partido Nacional. Se trata de Mariana Blengio, actual presidenta de la institución. Este Directorio culminará sus funciones a mediados de 2022.
Fuentes de la institución dijeron que varias de las resoluciones y recomendaciones aprobadas por el Directorio salen por mayoría de cuatro votos contra uno. Blengio es la que ha votado en contra en alguno de esos casos.
La institución fue cuestionada esta semana por el Partido Colorado debido a una resolución que entienden que afecta la laicidad. A instancias del CEN, los legisladores colorados se reunirán para analizar qué acciones tomarán ante la resolución de la institución que recomendó al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que derogue dos puntos de la norma que ordenó que se retiren carteles en distintos liceos en contra del proyecto de ley de urgente consideración.
Para la Inddhh, la decisión del Codicen “afecta y limita” el derecho a la libertad de expresión. Según afirmó, el principio de laicidad “no está previsto como un derecho humano” y es un principio con rango constitucional “en cuanto a la posición del Estado respecto a los credos religiosos”, según informó la diaria el sábado 22.
Para el CEN es “inaceptable” el argumento de la institución de que la libertad de expresión consagrada en la Constitución “legitimaría cualquier discurso o propaganda que los docentes y demás funcionarios de la ANEP quisieran propalar dentro de los centros de enseñanza”. Agregaron que la prohibición de “proselitismo político” es “especialmente necesaria” en la educación para asegurar la “efectiva vigencia del principio de laicidad” y con ello el “respeto a la libertad de conciencia de niños y jóvenes, frente a quienes el docente se encuentra en una posición de superioridad de la que no debe abusar”.
Fuentes del CEN dijeron a Búsqueda que no piensan plantear una remoción de las actuales autoridades del Directorio de la institución.
