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Algo que para el presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, Gabriel Conde, puede ser otro golpe que afectará el nivel de actividad de su sector, es la puesta en práctica de la restricción del uso de efectivo para el pago de las operaciones inmobiliarias que superen el equivalente a 40.000 UI (unos U$S 5.000). Ese requisito está previsto en la denominada “ley de inclusión financiera” que apunta, entre otras cosas, a sustituir el dinero físico por instrumentos electrónicos.
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El Poder Ejecutivo ha venido prorrogando la entrada en vigor de esas disposiciones, la última vez hasta el próximo 1º de julio. Ahora la CIU, junto a las asociaciones de Escribanos del Uruguay y de Promotores Privados de la Construcción, solicitará una nueva postergación y presentarán un borrador de reglamentación alternativa, informó Conde.
Fundamentó que es preciso una normativa más “flexible” que, “sin perder el espíritu” de la ley de inclusión, se torne más práctica y contemple casos en los que, por ejemplo, no se maneja dinero (permutas, compensaciones, herencias, etc.).
Conde advirtió que el marco propuesto “es muy restrictivo” y no contempla un sinnúmero de casos que se dan en este tipo de negocios, por lo que, dijo, si entra a regir “al mercado le pega un planchazo, un parate total”.