—Fue un trabajo muy en conjunto desde el comienzo y surgió de intercambios en noviembre de 2020 con el Ministerio de Economía. Primero tuvimos algunas reuniones con la ministra Arbeleche y luego con la gente de Unidad de Deuda, que llevó adelante un trabajo muy fluido con la División de Cambio Climático de nuestro ministerio. Había que ver cómo se generaban esos indicadores, qué representaban, qué desafíos podían imponer, qué medidas eran necesarias. Y todo eso obviamente tiene una dimensión económica en la medida que supone renuncias o costos.
—Igualmente, las metas no son nuevas sino las mismas que Uruguay había suscrito antes a través del Acuerdo de París.
—En 2017 Uruguay elaboró su Contribución Nacional Determinada a 2025. De esos 11 compromisos que Uruguay tiene que asumir, en el intercambio con los inversores surgió la elección de dos. Por un lado, el CO2 equivalente que Uruguay se comprometió a reducir un 50% con respecto a 1990. Por otro, mantener la superficie de monte nativo en el 2025 con respecto a 2013. La novedad es indexar estos objetivos al bono emitido. Esto constituye un punto de inflexión en la política ambiental, es meter en el diseño mismo de la deuda soberana del país compromisos que tiene Uruguay. Eso permite alinear de manera mucho más efectiva las políticas sectoriales, porque para alcanzar esos objetivos hay que controlar muy bien las emisiones en ganadería y agricultura y hay que tener bien monitoreadas las emisiones que surgen del sector industrial o del transporte. Todo eso se traslada a otros niveles de decisión, porque para reducir emisiones de metano tienen que consolidarse transformaciones en la forma y la gestión de la producción. Por ejemplo, tengo que lograr producir más reduciendo las emisiones por kilo de carne. Eso lleva a que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acentúe políticas activas para lograr esa transformación y se generen herramientas en la política de gobierno y la política sectorial. Eso luego termina a nivel micro del propio productor, quien debe hacer cosas para alcanzar los objetivos que establezca el Ministerio de Ganadería (MGAP). Se produce un incentivo por hacer las cosas bien.
—¿Qué otras políticas de este tipo ha impulsado el Ministerio de Ambiente?
—Por nombrar algunas recientes, el 11 de octubre presentamos la Huella Ambiental de los Sistemas de Producción Ganadera, que es una herramienta muy valiosa para medir los impactos de la ganadería entre variables como aire, agua, suelo y biodiversidad. Hace un mes también firmamos un acuerdo específico con el Instituto Nacional de la Leche, que permite que un tambero pueda certificar que trata bien sus efluentes de la sala de ordeñe. Eso le permite tener una mejor tasa y un mejor plazo en los créditos, y estamos trabajando para que tenga un mejor precio. Estas iniciativas, sumadas al bono, consolidan al país con una política de Estado en materia ambiental y climática, porque los objetivos de cumplimiento al 2025 se diseñaron en la administración anterior. Hay una continuidad que se puede mostrar al mundo como solidez de la política ambiental y climática.
—¿Uruguay debería promover la implementación de más herramientas de este estilo?
—Sin duda. Conectar dos mundos distintos como el de las finanzas y el climático es clave y hoy en el mundo se habla de que hay US$ 80 trillones para invertir en economía verde. Herramientas virtuosas de financiamiento como esta, conectadas con la posibilidad del financiamiento de la transición hacia modelos más sostenibles, son clave. Entonces necesitamos ir por ahí. Esto es deuda soberana, pero hay otras formas de conseguir financiamiento en el plano de las instituciones privadas para financiar las transformaciones que Uruguay tiene que hacer. Incluso, le decía a Arbeleche, por qué no pensar en un bono atado a adaptación, que es el gran problema de Uruguay. Cómo logramos formas de financiamiento para adaptarnos al problema del cambio climático, que nos afectará en los próximos 100 años. Si pensamos que en nuestro país hacia finales de siglo la temperatura va a aumentar de 3 a 5 grados, las precipitaciones medias un 30%, vamos a perder 12.000 hectáreas por aumento del nivel medio del mar, 28.000 hectáreas por efecto de la erosión, un 20% de aumento de las sequías… De aquí a final de siglo todo eso sí o sí va a afectar a Uruguay, entonces pensar por ejemplo en un bono indexado a metas de adaptación, y si Uruguay mejora la adaptación tiene un premio. Eso sería absolutamente novedoso, porque la adaptación es lo que está teniendo más problemas de financiamiento a escala global.
—¿Eso implicaría poner a las carteras de Ambiente y de Economía del mismo lado del mostrador?
—El presidente bromea con que Azucena y yo somos socios contra Ganadería e Industria. Tener de aliada a la ministra de Economía en esto es un cambio sustancial. Además hay un cambio conceptual muy importante, y es que de verdad se mete la dimensión ambiental en el diseño de las políticas sectoriales. Que en las oficinas de Economía estén monitoreando las emisiones y que se mantenga la superficie de monte nativo es como el sueño del pibe.
—En la práctica, ¿estos objetivos planteados en el bono cambiarían en algo la forma de gestión que ya se viene impulsando?
—Uruguay tiene su política diseñada para alcanzar esos objetivos. Claramente hay una cuestión que afectó, que fue la caída del Producto Bruto Interno (PBI) en el año de la pandemia. Entonces, como esto es en términos de PBI, eso complica los números. Nosotros elegimos no poner como excusa esa baja y generar acciones para llegar al cumplimiento. Eso puede suponer acciones concretas como acelerar la transición hacia lo eléctrico, o en materia de combustible dar lugar a un aumento en la mezcla de biodiésel y etanol. Igualmente estamos diseñando este año la meta al 2030, que tiene que ser más ambiciosa que la del 2025. El 7 de noviembre esperamos presentar públicamente la propuesta al 2030.
—Algunos expertos critican que los objetivos estén relacionados al PBI porque eso puede permitir cumplir con las metas y aun así producir más emisiones absolutas. ¿Qué opina al respecto?
—Todas las metas de Uruguay al 2025 están medidas en relación con el PBI, son en términos relativos, no necesariamente en términos absolutos. No descarto que en el próximo salto en la meta a 2030 algunos de los indicadores sean medidos en términos absolutos de emisiones. Son cosas en las que estamos trabajando.
—El gobierno prepara un decreto para valorizar los residuos de obras de construcción. ¿De qué se tratará exactamente y qué cambios implicará?
—Los únicos residuos que son responsabilidad de las intendencias en términos estrictos son los domiciliarios. Hay una corriente de residuos, son los que se generan a partir de obras civiles o de obras de construcción, que en Uruguay representan 800.000 toneladas anuales. En Montevideo constituyen 245.000 toneladas y suponen el 31% de la capacidad del sitio de disposición final de Felipe Cardoso. Hoy generalmente van a los rellenos sanitarios (sitios de disposición final) o vertederos de las intendencias, lo que les supone un problema doble: por un lado complica la gestión de los domiciliarios y por otro achica la vida útil de las celdas para disposición de residuos, porque se llenan con desechos de obras. El año pasado ya comenzamos a trabajar en un convenio que firmamos con la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) y la Intendencia de Montevideo (IM), que es la principal afectada. En ese marco, estamos elaborando pautas para lo que será el nuevo plan de gestión de residuos de obras de construcción, que será ese decreto. Aspiramos a firmarlo por marzo o abril. Se trata básicamente de establecer determinadas exigencias que van a permitir valorizar parte de los residuos. Gran parte de ellos, si son bien clasificados, pueden transformarse en nuevos arenados que se pueden usar nuevamente en la construcción. De ese modo, estaremos liberando espacio en Felipe Cardoso y recirculando material para volver a construir. Hoy se valoriza menos del 1%, por lo que el decreto va a establecer obligaciones para determinados sectores. La contraparte natural es la Cámara de la Construcción, que presentará un plan financiado por ellos para alcanzar las metas de recuperación que establezca el decreto en tiempos determinados.
—Recientemente el ministerio aplicó multas a UPM por un valor de US$ 25.000 por causar daños al ambiente. ¿Cree necesario revisar los montos de esas sanciones, que resultan insignificantes para empresas de ese porte?
—Ahí hay varios temas. Nosotros no los multamos por utilizar agroquímicos no permitidos, que sí fue una falta pero ante el MGAP. Nosotros lo que sí pedimos es que no los sigan usando hasta que no tengan la autorización correspondiente de Ganadería. Sí encontramos principios activos de esos plaguicidas y de otros en un curso de agua cercano al vivero de Guichón, que es el arroyo Santana. Eso no podía pasar y le exigimos a la empresa un cambio. Las obras que le exigimos UPM las realizó. Hoy no está llegando nada al arroyo, pero la infracción existió. El jueves 27 de octubre la empresa presentó descargos y recurrió la resolución, o sea que el proceso sigue. Con respecto al monto, hay cosas que se pueden corregir. De todos modos, hay un principio de racionalidad entre la falta y la multa que se impone. No hay una relación con el administrado ni con su capacidad contributiva. Por ejemplo, si a uno lo multan por exceso de velocidad, no importa si vas en un auto de alta gama o en un vehículo de escaso valor. El costo de la multa es el mismo, no le puedo cobrar más porque sea UPM.
—¿Pero no se podrían buscar otros mecanismos de sanción que realmente los obliguen a cambiar sus prácticas?
—Podemos revisar si la multa debiera ser mayor. Las multas en términos generales no son bajas y además hay todo un trabajo técnico y una recomendación de multa que como ministro tomo de los servicios técnicos. Hay un tema muy importante, que es el tratamiento en el Parlamento lo antes posible de dos proyectos de ley distintos pero parecidos que crean la figura del delito ambiental. Es decir, que algunas faltas puedan configurar un delito. Los delitos ambientales existen en el mundo y hay muchos casos de acciones claras en América Latina por incumplimientos ambientales o por problemas ambientales graves que se configuran como delito. Creo que es algo en lo que Uruguay tiene que avanzar y que es necesario para poder establecer otro tipo de sanciones más allá de la pecuniaria. Hay dos proyectos de ley relacionados al tema, uno en Diputados y otro en Senadores. Quizás entre los dos se pueda consensuar uno, pero es importante para el ministerio que esta figura del delito ambiental aparezca en Uruguay, como existe en países como Colombia y Ecuador, donde ha habido casos muy sonados en los que ha ido gente a prisión.
—El proyecto para transformar residuos domiciliarios en combustible orgánico tuvo algunos reparos de la Intendencia de Montevideo, que entiende que algunas de las exigencias que contiene podrían hacerlo inviable. ¿En qué está hoy?
—El 3 de junio la intendenta Carolina Cosse y el intendente Yamandú Orsi anunciaron el apoyo a esta iniciativa. Pero la intendenta de Montevideo también anunció que iba a hacer algunos pedidos a la administración nacional para poder realizar ese proyecto. Recibimos una solicitud y excedería nuestras posibilidades poder realizar todas las obras y requerimientos que nos pide. Por eso el proyecto está un poco trancado. No está muerto, pero veníamos muy rápido y estábamos muy próximos a la aprobación, habíamos llegado a un acuerdo bastante interesante. Esto abrió un nuevo espacio de trabajo y tenemos que ver si podemos acercar posiciones. La realidad objetiva es que Montevideo tiene dónde disponer sus residuos con autorización del Ministerio de Ambiente en una celda de Felipe Cardoso por siete años más. Pero tenemos un problema real en Canelones que hay que solucionar, que es que hoy se está disponiendo de un modo no autorizado. He tenido reuniones con Orsi y si no surge este proyecto, que era para los dos departamentos, estamos tratando de encontrar algo que solucione el problema. Cañada Grande, que es el sitio de disposición final actual de Canelones, hace 20 años que tendría que haber cerrado. Estamos en definiciones.
—¿Qué tipo de exigencias había planteado la Intendencia de Montevideo?
—Pidió, por ejemplo, el realojamiento del asentamiento que está frente a Felipe Cardoso, la expropiación de un área, el redireccionamiento de la quinta línea de bombeo, la instalación de algunos galpones para maquinaria y oficinas, una serie de mejoras en caminera vial y la parquización de parte de Felipe Cardoso, entre otras muchas cosas.
—¿Cómo avanza el Proyecto Neptuno?
—Estamos avanzando rápido y creo que antes de que termine noviembre estaremos con el proyecto aprobado por OSE; la idea es definir lo que queda técnicamente y aprobarlo, por lo cual en seguida haríamos los pliegos para el llamado a licitación. También antes de fin de año queremos tratar de cerrar lo vinculado al saneamiento.
??—¿Piensa seguir en el Ministerio de Ambiente hasta el final del período?
—No tengo una respuesta a esa altura.
—¿Tiene definido si va a ser precandidato presidencial?
—No lo tengo definido. Sé que es una respuesta de casete, pero siento que no es tiempo para definir eso. Estamos con muchos temas en el gobierno y el tema de las candidaturas nos distrae. Lo he visto con algún ejemplo en otro partido, y para nuestro partido es bueno que hoy no tengamos la discusión por las candidaturas. Llegará el momento y se verá quién está mejor, qué precisa el partido. Hoy estamos en una etapa de previa. Aparecen muchos nombres. Y no creo que sea un problema para el Partido Colorado el tema de las candidaturas.
—Estamos en medio del debate de la reforma educativa. ¿Cree que es bueno que Robert Silva se mantenga al frente de la ANEP en lo que resta del período?
—Eso es una decisión de Robert, porque es el que conoce los tiempos, cómo se siente y cómo está encaminada la reforma. Cada uno en su lugar sabe y le está tomando el pulso a la gestión y tiene idea de cuáles son los tiempos para cada cosa. Robert siempre me enseñó que las reformas en educación son complejas y de largo aliento. Los tiempos debe definirlos él. Está haciendo una brillante gestión y tiene un gran empuje y liderazgo. Habrá que ver cuando lleguen los momentos en qué estado estará la reforma.
—¿Ciudadanos designará su propio secretario general del partido en algún momento de este período?
—Es una conversación para tener con (Julio María) Sanguinetti. Hay que ver los tiempos y cómo está el partido. También hay que ver si al sector le interesa tomar el liderazgo en un año que va a ser preelectoral y cuando tendremos muchas prioridades. Es algo para evaluar y conversar. No es algo que esté puesto como una urgencia.
- Recuadro de la entrevista
Coalición en todos los departamentos
Contratapa
2022-11-02T19:38:00
2022-11-02T19:38:00
