Álvaro García se entusiasma al hablar de Tacuarembó, a donde ha ido tantas veces últimamente que le preguntan, en broma, si ya compró casa allí, y el intendente lo reconoce como el director de Planeamiento y Presupuesto con más visitas al departamento. Afirma que en esa zona —una de las que presentan mayor asimetría de desarrollo del país— se están logrando entroncar las acciones de planificación a largo plazo, descentralización y competitividad que lleva adelante su oficina, la OPP.
De esos tres temas, el de la competitividad ha estado en el debate público a partir de la protesta de los ruralistas “autoconvocados”, transformados ahora en un movimiento empresarial más amplio bajo el nombre de Un Solo Uruguay. García piensa que algunos mantienen un enfoque “muy reducido” y considera “injusto” que se acuse al gobierno de ser “sordo” frente al reclamo de que reduzca el “costo país”. En ese sentido, asegura que el sector público “viene haciendo un esfuerzo grande que va dando frutos” en materia de eficiencia. “Son todas medidas absolutamente necesarias y que no terminan nunca; ahora estamos pidiendo (a las empresas públicas) rebajas de 2% real en el gasto para que con los presupuestos de 2019 se llegue a un recorte de 15% respecto a 2014”, informó durante la conversación que mantuvo con Búsqueda en su despacho de la Torre Ejecutiva. Unas horas después, el Ministerio de Economía reportó que el déficit fiscal anual apenas bajó de 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en febrero a 3,4% en marzo.
—El gobierno lanzó la semana pasada los primeros Centros de Competitividad Empresarial de Transforma Uruguay, a la vez que organizó en la Torre Ejecutiva un evento sobre esta temática junto a académicos y representantes empresariales. Eso en el contexto de reclamos desde Un Solo Uruguay. ¿Percibe un cambio en el nivel de la discusión acerca del concepto de competitividad?
—Se ha avanzado. Se pasó a tener una visión más abarcativa, donde hay muchas responsabilidades del Estado y del sector privado. No siempre fue así; el dólar más alto no es una solución mágica como años atrás planteó algún dirigente empresarial. Es una variable más junto a otro montón de variables.
Esto lo podemos complejizar más todavía, porque tenemos que pensar en la competitividad para un desarrollo sostenible. Debe haber una visión integral: desde fuera del gobierno algunos hablan de un concepto de competitividad muy reducido desde mi punto de vista. Se habla de competitividad solo desde la economía, y dentro de esta, de temas fiscales y/o salariales. Eso es solo parte de la película.
Para mí son muy válidas las 12 dimensiones del Foro Económico Mundial: si se amplía la visión —sociedad, medioambiente, etcétera— el mapa cambia completamente. En este sentido, el PBI existe desde siempre como medida de la evolución de la economía pero va a ir quedando obsoleto; luego se creó el índice de desarrollo humano y desde 2016 tenemos el índice de desarrollo sostenible que construye la Fundación Jeffrey Sachs, entre otros. Ahí los cuatro primeros del mundo son los países nórdicos, Estados Unidos está en el lugar 25 y Uruguay se ubica 40, el primero de la región. Desde mi punto de vista, así es como se debe mirar a Uruguay, viendo todos los aspectos juntos. Porque si no, el desarrollo no es sustentable.
—Está bien, pero desde el sector empresarial hacen demandas concretas por lo que se entiende son problemas de rentabilidad y competitividad.
—Tenemos un diálogo permanente con todas las gremiales. Pero no pongo a todos en la misma bolsa: una cosa es el movimiento Un Solo Uruguay y otra cosa son las gremiales. Yo no simplificaría tanto.
Hay niveles de diálogo absolutamente permanentes y a varios niveles con las gremiales. Tienen su punto de vista y el gobierno también lo tiene. Y en muchos aspectos hemos encontrado coincidencias, sobre todo cuando hablamos del futuro y la necesidad de encontrar herramientas para capacitar a la gente para nuevas tareas.
Por otro lado, la acción que ha tomado el gobierno ha permitido soluciones para una gran cantidad de pequeños y medianos productores. Es equivocado e injusto que se hable de un gobierno sordo, cuando adoptó una batería de siete, ocho o 10 medidas, de manera permanente, escuchando los planteamientos y la realidad que ve.
—Pone el énfasis en diferenciar a Un Solo Uruguay de las gremiales empresariales. ¿Ve una motivación política detrás de ese movimiento?
—Tengo claro que es un fenómeno que hay que escuchar. Pero es un movimiento muy diverso al que se le ha respondido que es muy difícil encontrar soluciones generales. Por ejemplo, si el tipo de cambio fuera la solución, lo cierto es que algunos sectores del agro se benefician con un precio del dólar menor. No son posibles las soluciones generales.
También es muy importante no solo ver el costo público sino también el privado; hay costos de intermediación importantes que quizás se puedan disminuir. He escuchado a productores quejarse de los comisionistas del ganado.
—En general, las quejas del empresariado apuntan a los costos que soportan, derivados de la carga de impuestos y tarifas públicas que financian el Estado. ¿No hay margen para bajarlos?
—En las empresas públicas, en este período de gobierno los lineamientos han implicado que cada tres funcionarios que se van, solamente se autoriza el ingreso de dos. Ha habido una reducción fortísima de las horas extra, ha habido una reducción muy fuerte de los gastos de publicidad, y en el gobierno central también, así como un control mayor en las misiones al exterior y en viáticos. Son todas medidas absolutamente necesarias y que no terminan nunca; ahora estamos pidiendo rebajas de 2% real en el gasto para que con los presupuestos de 2019 se llegue a un recorte de 15% respecto a 2014.
La búsqueda de la eficiencia por el lado de las empresas está muy clara. También con los ministerios: estamos haciendo un trabajo, una vuelta de tuerca más, para mejorar la medición de los presupuestos por resultados.
Dicho todo esto, que es así y se viene haciendo un esfuerzo grande que va dando frutos, hay que ver la composición global del Presupuesto. En una mirada global —y no lo marginal de cada discusión de seis meses por las Rendiciones de Cuentas que es respecto a recursos que son siete sobre 1.000—, la realidad hoy es que el 25% está destinado a la previsión social, otro 18% es educación, y en torno a 12 o 13% es salud. Sigue seguridad y luego desarrollo productivo, porque hay una gran cantidad de devolución de impuestos vía ley de inversiones. Y si abrimos la previsión social, nos encontramos con que la caja militar es la sexta o séptima prioridad presupuestal, con unos US$ 500 millones anuales y crecientes. Esa cifra es mayor que toda la protección social en Uruguay —Mides, INAU, protección a la infancia, adolescentes, adultos mayores, etcétera— y también mayor que todas las transferencias a los gobiernos departamentales. Entonces, cuando se habla de achicar el gasto del Estado, para ser realmente efectivo en esa acción hay que apuntar a los grandes números. Por eso, ante algunas declaraciones, planteamos que si se hablaba de bajar jubilaciones que se dijera explícitamente.
—Según se ha dicho, la idea del gobierno es aumentar el gasto público, no bajarlo.
—En un par de semanas, el Ministerio de Economía va a tener las proyecciones para 2018 y 2019. Como se ha dicho, no será una Rendición de gasto cero sino de déficit cero; el espacio disponible lo van a determinar las proyecciones de ingresos que se realicen.
—Este proyecto de Rendición es el último del período con posibilidad de ampliar el gasto y también de subir impuestos. ¿Habrá novedades tributarias?
—Hay una definición de no tocar impuestos.
—Sectores de izquierda proponen gravar las herencias, por ejemplo. ¿No hay espacio para debatirlo?
—A largo plazo, Uruguay va a tener que discutir sobre estas cosas, como su seguridad social. En este sentido, el próximo gobierno tendrá tareas importantes que encarar.
?? “Amplio” elenco de renovación y la “academia” socialista
