Se ocupan de los ricos y de los que pueden quedarse en casa, pero los que estamos en la calle o en refugios, ¿qué? ¿Nos jodemos? Nosotros somos bombas biológicas ambulantes, caminando todo el día por la ciudad: los perfectos transmisores del virus. Y si no nos dan bola, el riesgo de que se propague la enfermedad muy rápidamente entre nosotros es altísimo.
Ideas como esa se escucharon en la mañana del lunes 16 en un encuentro de alrededor de 30 personas que en su mayoría viven “en situación de calle”, convocadas para pensar propuestas “urgentes” a presentar a las autoridades públicas, de la Intendencia de Montevideo, del Parlamento y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), algunas de ellas presentes en la reunión que tuvo lugar en el local de Urbano (hoy cerrado), un centro sociocultural del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Uruguay registra unas 2.000 personas en situación de calle. Casi la mitad de ellas vive en refugios y la otra mitad a la intemperie, según datos oficiales de 2019. Hoy existen alrededor de 50 centros de atención con 2.070 cupos (Búsqueda Nº 2.022).
En la convocatoria a la asamblea, titulada ¿Dónde cumpliremos con la cuarentena las personas en situación de calle?, el colectivo expresó que ante la ausencia de protocolos y medidas “reales” para un sector de la ciudadanía “de alto riesgo” —ya que viven en refugios o en la calle y padecen enfermedades crónicas, particularmente respiratorias—, llamaron a discutir propuestas, que horas después presentaron a las autoridades legislativas y gubernamentales.
Al encuentro asistieron las diputadas frenteamplistas Zulimar Ferreira y Verónica Mato, la titular de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, María Elena Laurnaga, el encargado de la Dirección Nacional del Liberado, Jaime Saavedra, el coordinador de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, Rafael Sanseviero, una integrante de la dirección de políticas sociales de la Intendencia, y representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de las facultades de Humanidades y de Ciencias Sociales.
Los participantes reclamaron “medidas urgentes” de prevención sanitaria básica, implementos para higienizarse —“nos falta alcohol en gel para manos, termómetros, tapabocas y hasta curitas”—, entre otros productos “prácticamente imposibles de conseguir” estando en la calle.
“La situación se complejiza aún más teniendo en cuenta que la mayoría de las personas en refugios debemos salir obligatoriamente a la calle cada mañana, que los lugares habituales donde pasamos el día (facultades, museos, Urbano) están cerrados provisoriamente por órdenes gubernamentales y que las nuevas medidas tomadas por el Ministerio del Interior autorizan a la Policía a reprimirnos, lo que lleva a la imposibilidad de estar seguros en alguna parte”, expresaron en la convocatoria.
Entre las demandas presentadas a las autoridades se incluyen los refugios de 24 horas, espacios específicos habitables y adecuados para la cuarentena —como la rural del Prado—; reparto de kits sanitarios, inspecciones y fumigaciones masivas de los refugios; y el uso de lugares momentáneamente cerrados, como las facultades.
La higiene es lo más complicado en algunos refugios, contó una señora que asistió al encuentro y que habló de su experiencia en uno ubicado en la calle La Paz, donde dijo haber visto piojos, ratas, gatos, comida preparada sin guantes, entre colchones sucios. “El Vilardebó es un lujo”, dijo. Que los militares vigilen los refugios para prevenir desórdenes, sugirió la mujer, con una sonrisa ambigua, y provocó una respuesta a coro: “Noooo....”.
Otro de los participantes advirtió sobre “el peligro de que ahora el gobierno aproveche la pandemia para aplicar medidas represivas drásticas, la llamada ‘doctrina de shock’, en una ofensiva policial que termine en encierro masivo y viole el derecho de las personas a circular libremente” por los espacios públicos.
El otro frente complejo se da en los asentamientos, donde hay familias que no acceden de manera regular al agua y no tienen empleo formal, por lo que quedarse en su casa “no es una opción”.
Fuentes oficiales dijeron a Búsqueda que comparten que la gente que no tiene hogar es “población en riesgo” y que deben buscarse “espacios especiales” para que puedan permanecer, y garantizar el acceso a productos higiénicos.
Integrantes del colectivo y representantes de varias instituciones cuestionaron el papel del Mides durante esta crisis, si bien coincidieron en que la situación de calle “no debe verse como un problema del Mides”, por entender que es de toda la sociedad civil.
Por su parte, la Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia resolvió habilitar a partir de la semana próxima la casa del colectivo Nitep, en Uruguay y Yi, que será cogestionada por este grupo en base a un protocolo de cuidado para que la gente no pase el día en la calle.
El Mides envió el miércoles 18 algunas recomendaciones a los centros de la división de calle y se comenzarán a distribuir elementos de higiene. Se planteó informar a quienes viven en la calle sobre las medidas de prevención, ayudarlas con las acciones de higiene, intensificar la limpieza de los espacios en los refugios, suspender las asambleas y actividades grupales, e identificar a las personas de mayor riesgo para ser derivadas a dispositivos de protección. También se plantean medidas para descentralizar la Puerta de Entrada —que sirve para la distribución de los que van a un refugio— y evitar aglomeraciones de gente.
Asentamientos
Entretanto, una organización de la sociedad civil se advirtió sobre los graves problemas que también pueden generarse en la población que vive en asentamientos y que no cuenta con los elementos básicos para combatir el virus.
La directora de la organización no gubernamental Techo, Belén González, alertó sobre las condiciones de vida de estas miles de personas. González planteó dos grandes problemas: la falta de acceso regular al agua y el hacinamiento.
La “emergencia habitacional” y el “déficit de acceso a servicios urbanos” puede provocar problemas aún más graves, precisó, con base en información recogida por Techo entre 2015 y 2017, mediante una encuesta a 6.823 habitantes de 22 de los 332 asentamientos que hay en Montevideo.
Según esos datos, el 39% de los hogares relevados viven en situación de hacinamiento medio o crítico; esto significa que allí vive un mínimo de 2,5 personas por dormitorio del hogar.
En varios asentamientos, como en Antares y 23 de Diciembre, un 30% de los hogares alcanza niveles de hacinamiento crítico: más de cinco personas por habitación en la vivienda.
Asimismo, el 8,5% de los hogares analizados tiene piso de tierra; ninguno de los asentamientos accede a la red general de saneamiento y el 21% de los hogares cuenta con un sistema de desagüe de aguas servidas a cielo abierto. Esto se traduce en la “contaminación del agua y la tierra en la que están instaladas las familias”.
Como otro dato grave, recordó que el 33% de los asentamientos no tiene garantizado el acceso al agua de forma regular.
Según González, estos datos muestran que para una parte de la población no es posible cumplir con algunos aspectos básicos de la lucha contra el coronavirus como el lavado de manos diario.
Para estas personas, dijo la experta, quedarse en la casa “no es la mejor opción”.
