“Fumar tabaco o marihuana implica necesariamente, en ambos casos, quemar una hoja: una hoja de tabaco o una hoja de marihuana. Cuando usted quema una hoja o cualquier materia orgánica, genera sustancias potencialmente peligrosas. Cuando quema tabaco genera una cantidad de sustancias potencialmente peligrosas que pueden producir enfermedades. Y esa es la razón, precisamente, por la cual el tabaco está tan sometido a consideraciones de salud pública. Exactamente el mismo proceso químico ocurre con la marihuana. De hecho, la amplia mayoría de los químicos del humo de la marihuana son los mismos que preocupan del humo del tabaco. Por eso, cuando veo que hay una serie de regulaciones sobre el tabaco, con restricciones para la publicidad, etc., etc., la conexión racional es porque se está quemando una hoja que genera sustancias peligrosas. Pero cuando hay una regulación de la marihuana que ni siquiera se enfoca en ese proceso, me cuesta entender eso en términos de coherencia. Si va a haber políticas regulatorias, al menos debería haber un mínimo de coherencia entre ellas”, dijo el alto ejecutivo de PMI.
Firestone dijo que, cualquiera sea la decisión del tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo más probable es que PMI decida permanecer en Uruguay. “Hemos estado aquí desde 1972. Es mucho tiempo”, afirmó.
A continuación, un extracto de la entrevista que Firestone mantuvo con Búsqueda.
—¿Ha tenido contactos con el gobierno a propósito del conflicto entre el Estado uruguayo y PMI?
—Mi presencia en Uruguay se debe a que mantenemos la esperanza de que podamos restablecer una relación amigable con el gobierno. Ya hemos expresado públicamente ese deseo de responder a cualquier preocupación que el gobierno pueda tener respecto a nuestra compañía o a nuestros productos. Nosotros preferimos, totalmente, tanto se trate de Uruguay como de cualquier otro país, trabajar cooperativamente con el gobierno. Nuestra objetivo empresarial es hacer productos que la gente quiera con responsabilidad; no es entrar en conflicto con los gobiernos.
—¿Usted ha recibido alguna respuesta del gobierno en este sentido?
—Hasta ahora, el gobierno no ha mostrado ningún tipo de interés en reunirse conmigo, a pesar de haber intentado diversas aproximaciones, tanto públicas como privadas.
—De modo que la situación permanece exclusivamente en el nivel del litigio internacional en curso…
—Sí. Las audiencias terminaron el 30 de octubre de 2015. Cada parte presentó sus pruebas ante el tribunal, que no ha solicitado nada adicional. El caso está completado y solo estamos esperando la decisión del tribunal, que supongo se conocerá en algún momento de este año. Pero nos sentiríamos felices si pudiéramos hablar con el gobierno, sobre cualquier tema que el gobierno quiera plantear.
—El presidente Tabaré Vázquez ha dicho que este caso no es sobre asuntos comerciales o de propiedad intelectual, como sostienen ustedes, sino un tema de salud pública. ¿Qué cree usted al respecto?
—Estamos de acuerdo, sin duda, que la comercialización del tabaco es un asunto de salud pública por los potenciales riesgos que apareja y, por lo tanto, requiere una regulación justa y abarcadora. Pero, desde nuestro punto de vista, este caso en particular se relaciona con otros temas que son bastante importantes.
—¿Cómo cuáles?
—Cuando un gobierno actúa con un propósito de interés público (salud, economía o seguridad nacional, por ejemplo), hay dos cosas trascendentes: en primer lugar, qué es lo que quiere lograr el gobierno; y en segundo lugar, cómo quiere el gobierno conseguir esa meta. Y sobre ese segundo aspecto, el caso presenta importantes cuestiones. ¿Está cumpliendo el gobierno con sus propios estándares? Yo respeto enormemente el sistema constitucional del Uruguay, su sistema judicial y su sistema parlamentario. Pero en nuestro caso, las dos regulaciones dispuestas por el gobierno sobre el tamaño de las pictografías en las cajillas de cigarrillos y la posibilidad de utilizar diferentes marcas arrojan dudas sobre si están alineadas con el sistema legal uruguayo.
—¿Usted cree que el gobierno uruguayo está violando su propio sistema legal?
—Mire, no está en cuestión que debe haber advertencias sobre los peligros para la salud en las cajillas de cigarrillos. El problema tiene que ver con el tamaño de esas advertencias y si ellas están alineadas con el debido proceso. Y me baso en hechos. El Parlamento aprobó una ley según la cual el Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene la autoridad para regular las advertencias sanitarias y dijo que los pictogramas deberían ocupar, al menos, el 50% del tamaño de las cajillas de cigarrillos. El Ministerio aprobó un decreto disponiendo que las advertencias ocuparan el 80% de esa superficie. La pregunta es si la autoridad dada por el Parlamento al MSP permitía interpretar que ese “al menos 50%” podía llegar al 80%. Preguntado sobre eso, el Parlamento respondió muy claramente en un documento de 20 páginas, que esa instrucción de “al menos 50%” del tamaño de la cajilla no suponía una autorización para el MSP de llegar al 80%. Según el propio Parlamento, no hay bases que permitan interpretar al MSP que tiene autorización para imponer una advertencia del 80%. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay siguió los lineamientos del Parlamento y confirmó que no hay autoridad delegada para imponer el tamaño de 80%. La cuestión es, pues, si es legal el decreto del MSP. Y esa pregunta llegó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Pero el TCA no siguió los criterios de la SCJ y ni siquiera aludió a los argumentos del Parlamento; es más, los contradijo directamente. De modo que, legalmente, hubo en este caso una desviación significativa del sistema uruguayo de separación de poderes y, también, del debido proceso.
—¿Por qué decidieron ustedes sacar este asunto del Uruguay y llevarlo a un litigio internacional?
—Porque, como la parte privada del conflicto, no teníamos otro camino después de que el TCA dijera que el Parlamento autorizaba el 80%, cuando el Parlamento afirmó lo contrario. Tampoco teníamos la chance de volver a la SCJ. Estábamos frente a un caso de denegación de justicia. Teníamos la expectativa de que un gobierno constitucional sofisticado, como el de Uruguay, siguiera los dictados de su propia Constitución. Nunca imaginamos que un día estaríamos metidos en estos problemas judiciales. Es un caso único, además. No conozco ningún otro caso donde el Poder Judicial dice “la ley dice esto” y el TCA dice “la ley dice lo contrario”. Por eso recurrimos a un arbitraje internacional.
—¿Pero por qué PMI se sorprende si el Parlamento dijo solamente “al menos 50%” y no puso un techo? Si dice “al menos 50%” y no pone un máximo, entonces la autoridad reguladora puede legítimamente decir 60%, 70% o incluso 100%. ¿No es así?
—Esa fue exactamente la pregunta que el Parlamento respondió. Dijo que el lenguaje que se usó en la ley refleja lo que establece la Convención Marco para el Control del Tabaco. Y esta dice que los signatarios deberían colocar advertencias del 30% en las cajillas. Y agrega que “recomienda” a los países tener advertencias de “al menos 50%”. Pero el Parlamento sostuvo que no fue su intención tomar esa recomendación de la Convención Marco como un mínimo que el Ministerio puede exceder.
—Pero, otra vez, si solo dice “al menos 50%” y no coloca un techo, legítimamente puede ser hasta de 100%...
—…¿qué pasa si alguien dice que el Parlamento efectivamente dio la autorización para ir por encima del 50%, como piso y sin techo? Suponga que el MSP, en base a eso, decide ir hasta el 100%. Ahí, la pregunta sería: ¿eso es consistente con otros principios de la ley uruguaya? La respuesta es no, porque si fuera 100% abarcaría toda la cajilla. Y eso precisaría una ley, porque violaría la propiedad privada, que es un derecho fundamental.
—¿Usted cree que en este caso el Poder Ejecutivo de Uruguay abusó de su poder?
—No creo que el Poder Ejecutivo tenga la autoridad legal y constitucional apropiada para adoptar estas medidas tan estrictas.
—Al comienzo del gobierno del presidente José Mujica, en 2010, PMI y el Estado estuvieron a punto de lograr un acuerdo para evitar el juicio. Eso lo dijeron públicamente tanto Mujica como su entonces ministro de Salud, Daniel Olesker. Pero el entonces ex presidente Vázquez salió a oponerse, también públicamente, a un acuerdo de esa naturaleza, y anunció que lucharía contra Mujica en este tema, llegado el caso. Al final, la negociación fracasó. ¿Usted cómo recuerda ese proceso?
—Yo no estaba en PMI ese año, pero estoy perfectamente consciente de lo que se publicó en Búsqueda y otros medios en esa época. Creo firmemente que cuando hay un tema de importancia de política social, es lógico buscar acuerdos con las partes involucradas, incluidas las compañías de tabaco. Siempre hay que tratar de resolver los potenciales conflictos antes de que estallen. Nosotros somos muy conscientes del carácter controversial de nuestros productos y reconocemos totalmente los problemas de salud involucrados en nuestro negocio. Por eso estamos muy enfocados en desarrollar productos con un perfil de riesgo dramáticamente más bajo, que estén a disposición de los consumidores y que funcionen como sustitutos para los cigarrillos tradicionales, hasta que las personas decidan renunciar a fumar. Ya tenemos en el mercado cigarrillos para los cuales se calienta la hoja del tabaco pero no se quema, de modo que el riesgo para la salud de los fumadores se reduce entre 90% y 95%. O sea, tenemos un papel para jugar.
—¿Cómo evalúa el hecho de que el mismo gobierno que lucha tan duramente contra el consumo de tabaco, permitirá a los ciudadanos comprar cigarrillos de marihuana en las farmacias, bajo ciertas circunstancias?
—Yo estoy en el negocio del tabaco y no voy a opinar sobre si el gobierno de Uruguay debe o no debe permitir el consumo y la venta de marihuana. Dicho esto, es imposible no advertir algo que me sorprende como una contradicción en cuanto a cómo el gobierno trata una y otra cosa. Fumar tabaco o marihuana implica necesariamente, en ambos casos, quemar una hoja: una hoja de tabaco o una hoja de marihuana. Cuando usted quema una hoja o cualquier materia orgánica, genera sustancias potencialmente peligrosas. Cuando quema tabaco genera una cantidad de sustancias potencialmente peligrosas que pueden producir enfermedades. Y esa es la razón, precisamente, por la cual el tabaco está tan sometido a consideraciones de salud pública. Exactamente el mismo proceso químico ocurre con la marihuana. De hecho, la amplia mayoría de los químicos del humo de la marihuana son los mismos que preocupan del humo del tabaco. Por eso, cuando veo que hay una serie de regulaciones sobre el tabaco, con restricciones para la publicidad, etc., etc., la conexión racional es porque se está quemando una hoja que genera sustancias peligrosas. Pero cuando hay una regulación de la marihuana que ni siquiera se enfoca en ese proceso, me cuesta entender eso en términos de coherencia. Si va a haber políticas regulatorias, al menos debería haber un mínimo de coherencia entre ellas.
—¿Qué haría PMI si pierde el arbitraje internacional? El gobierno uruguayo dice que se trata de un caso líder para el mundo. Si ustedes pierden, ¿se retirarían del Uruguay?
—Los hechos en este caso son inusuales. Personalmente, no creo que se trate de un caso líder ni que siente un precedente respecto a las políticas antitabaco en el mundo. Es solo sobre dos regulaciones específicas adoptadas por el gobierno de Uruguay. Además hemos venido cumpliendo con las regulaciones uruguayas a pesar de todas nuestras preocupaciones respecto a su legalidad. Pero quizá lo más importante es que cualquiera sea el resultado del arbitraje internacional, lo más probable es que la compañía decida permanecer en Uruguay. Hemos estado aquí desde 1972. Es mucho tiempo.
