Philip Morris dice pretender U$S 25 millones en su demanda contra Uruguay, luego de que el presidente y Vázquez abordaran el litigio

“Lo que yo le voy a decir a Obama es que la del cigarro es una batalla por la salud y que no es un asunto comercial para Uruguay. Los números que me dio Tabaré (Vázquez) en la reunión (que ambos mantuvieron en la residencia del ex presidente esta semana) son espantosos. Cerca de ocho millones de muertos por año por ese asunto. Es brutal. Me explicó que no es la nicotina. Son otras sustancias las cancerígenas que hay en el cigarrillo. Yo voy a aprovechar la bocina que me presten en la visita a la Casa Blanca para dar manija en este y otros temas”, declaró el presidente Mujica a Búsqueda.

Desde Lausana (Suiza), donde la tabacalera tiene su sede, la vicepresidenta de Comunicaciones de PMI, Julie Soderlund, manifestó a Búsqueda que la compañía “se opone a las medidas regulatorias extremas sobre el tabaco, como la prohibición total de la publicidad y la prohibición de la exhibición del producto en el punto de venta, ambas en discusión en Uruguay”.

El martes 6, el Senado dio media sanción con los votos del gobernante Frente Amplio a un proyecto de ley que impide la exhibición de cigarrillos o tabaco en locales comerciales.

“La prohibición de exhibición del producto en los puntos de venta es innecesaria y no es efectiva. En ningún país donde se ha implementado la medida existe evidencia alguna de reducción en las tasas de fumado en los jóvenes. La prohibición de exhibición de los paquetes de cigarrillos en los puntos de venta solo sirve para obstaculizar la libre competencia, imponer altos costos a los vendedores, entorpeciendo la operación de sus negocios, e incentivar el comercio ilícito, el cual en Uruguay representa más del 30% del total de los productos de tabaco consumidos”, afirmó Soderlund.

Durante las discusiones en el Senado, el ex presidente y actual senador blanco, Luis Alberto Lacalle, opinó que la nueva prohibición “tiene el grave defecto de ‘pasarse de rosca’ en términos jurídicos”.

“No podemos llegar al absurdo de que un objeto de comercio lícito deba ser escondido (...). Hay que dejar que el objeto esté allí porque es legal comprarlo, es legal producirlo y es legal utilizarlo y fumarlo”, afirmó el ex presidente. Añadió que esta disposición viola “una cantidad de disposiciones constitucionales”.

Soderlund dijo que todavía no puede decir si PMI puede presentar otra demanda a propósito de esta nueva prohibición. “La propuesta de prohibición de publicidad y exhibición de paquetes de cigarrillos en los puntos de venta no ha sido aprobada por el Congreso y aún debe ser revisada y votada por la Cámara de Representantes. Por ello, no podemos especular sobre ninguna acción legal en este momento”, dijo.

No son U$S 2.000 millones.

La demanda contra Uruguay fue presentada en 2010 por PMI ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. La tabacalera argumentó que una disposición adoptada durante el último tramo del gobierno de Vázquez para que el 80% de las cajillas incluyeran pictogramas con avisos sobre el peligro de fumar, así como la obligación de que cada marca tenga una sola presentación para que no puedan vender cigarrillos “light”, “mentolados” u otros, violó un acuerdo de protección de inversiones suscrito en 1998 entre Uruguay y Suiza.

A mediados de 2013, el Ciadi hizo lugar a la demanda de PMI contra el Estado uruguayo. En aquel momento, Soderlund celebró la decisión que, según PMI, obligaba a Uruguay a asumir “su responsabilidad respecto a sus obligaciones internacionales, responsabilidad que intentó evadir en las cortes locales y ante este Tribunal”.

Desde entonces, el gobierno ha estimado en U$S 2.000 millones el monto que PMI reclamaría a Uruguay por los perjuicios que alega haber recibido.

El 5 de mayo de 2011, luego de una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva en la que intervinieron el canciller Luis Almagro, el prosecretario Diego Cánepa y el abogado jefe de Uruguay, Paul Reichler, el gobierno informó en el portal oficial de la Presidencia que la demanda de PMI ascendía a U$S 2.000 millones.

En marzo de 2013, el presidente de la gremial de tabacaleros, Mario de Castro, declaró a “La Diaria” que “el gobierno ya sabe que perderá el juicio. Philip Morris le va a ganar el juicio a Uruguay. El gobierno ya lo sabe”.

Pero Cánepa, en declaraciones a Canal 4, controvirtió esa afirmación y aseguró entonces que el gobierno está “lejos de perder” el juicio. Cánepa insistió entonces con el presunto monto de la demanda. “Los 2.000 millones de dólares que pide la empresa por indemnización están fuera de toda realidad. No hay ninguna tabacalera que haya generado ese tipo de inversión”, dijo. Agregó que “son montos que buscan asustar” y destacó que “el gobierno está muy bien asesorado”.

Sin embargo, en sus declaraciones de esta semana a Búsqueda, Soderlund afirmó que las pretensiones de PMI son muy inferiores. “PMI solo ha disputado, en el marco del tratado bilateral de inversión, dos de las múltiples medidas de control del tabaco adoptadas por Uruguay en los últimos 10 años. La primera es la ordenanza de ‘Presentación Única’, la cual prohíbe la venta de más de una variedad de cigarrillos bajo la misma marca; y la segunda es la regulación que exige cubrir el 80% de la cajetilla con las advertencias de salud. Ambas medidas fueron impuestas en 2009”, dijo.

La ejecutiva de PMI opinó que “estas regulaciones restringen, de modo arbitrario e injustificable, que una industria legal use sus marcas registradas para vender sus productos. Las marcas son esenciales para que los consumidores conozcan las características intrínsecas de un producto y puedan diferenciarlo. Las marcas, además, fomentan la creatividad y la innovación que impulsan las economías. El desarrollo de una marca es una inversión importante y de largo plazo, protegida por el derecho internacional ante las acciones arbitrarias de los gobiernos, exactamente del tipo sobre las que se basa nuestro caso”.

Y agregó: “Diversos medios de comunicación y autoridades gubernamentales han reportado, erróneamente, que PMI persigue una compensación de 2.000 millones de dólares por reparación de daños en este litigio. Este número ha sido exageradamente inflado y pone en duda la verdadera motivación por la cual algunas personas intentarían confundir a la opinión pública con datos extremadamente erróneos. PMI únicamente busca una compensación justa por los daños causados por estas medidas. De hecho, los demandantes de este caso —incluyendo a Abal Hermanos— buscan una compensación de aproximadamente 25 millones de dólares por los perjuicios causados a la empresa. Estos daños son el resultado directo de la decisión de Uruguay de ignorar sus compromisos con inversionistas, entre ellos, el respeto y la protección a las inversiones, como en este caso los derechos de propiedad intelectual. De este modo, la esencia de este caso se enfoca en estos principios fundamentales del Estado de derecho y en si Uruguay debe o no mantener las promesas que hace”.

El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo el martes 6 que el gobierno reforzará el equipo de abogados que defiende a Uruguay en el contencioso con la tabacalera. “El equipo no se cambiará. Sí se puede reforzar, y en las próximas horas vamos a tener algunas conversaciones para llevar esto adelante”, afirmó.

Dolores y “sartenazos”.

Durante el primer año del actual gobierno, Mujica y Vázquez tuvieron un enfrentamiento público luego de que el 23 de julio de 2010, el entonces ministro de Salud, Daniel Olesker, anunciara en la televisión estatal dos ajustes en las políticas anti-tabaco: una reducción de 80% a 65% en el tamaño de las advertencias en las cajas de cigarrillos y el levantamiento de la prohibición para comercializar más de una presentación por marca.

Eso era el resultado directo de una negociación reservada que durante meses —y bajo instrucciones del presidente Mujica—, Cánepa, Almagro, Olesker y el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, habían llevado adelante con representantes de PMI en procura de que la tabacalera desistiera de su reclamo ante el Ciadi.

Pero 24 horas después de los anuncios de Olesker, Vázquez acusó, también en la televisión pública, al gobierno de Mujica de mostrar “debilidad” al ceder a “una presión chantajista” de Philip Morris.

“Lo digo con profundo dolor en el corazón, porque yo pertenezco a este gobierno y lo defiendo a muerte. Apoyo totalmente las actividades, los pensamientos y las acciones que lleva adelante nuestro querido compañero Mujica, pero en esto no lo puedo acompañar. Realmente expreso así mi profundo rechazo público a este tema”, afirmó.

La declaración de Vázquez cayó como una bomba en el gobierno de Mujica. Dos días más tarde, durante la reunión semanal con sus ministros, el presidente hizo notar su malestar porque nadie le había avisado que su antecesor formularía comentarios públicos sobre el asunto de PMI.

Mujica decidió responder personal y públicamente los cuestionamientos de su antecesor. El 28 de julio, en una audición radial, Mujica se quejó de que “absolutamente nadie se preocupó” por llamarlo para manifestarle su descontento por los ajustes en la política antitabaco y, sin nombrarlo, le reclamó a Vázquez “compañerismo” y evitar “pegar en la nuca” o dar “sartenazos” a sus correligionarios.

Luego de ese intercambio, Mujica y Vázquez decidieron seguir adelante con la política anterior y no ceder nada a PMI. “No se negocia la soberanía ni el orden público de un país ni la salud de la población”, dijo Vázquez en setiembre de 2010 durante un congreso de cardiología (Búsqueda Nº 1.585).