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La Fiscalía penal especializada en crimen organizado de segundo turno pidió que se archive la causa contra el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el fiscal de gobierno, Miguel Toma, sobre la decisión de encargar a un estudio jurídico privado un informe para determinar si el contratista Francisco Casal incurrió o no en defraudación fiscal.
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El fiscal Juan Gómez concluyó que “no surgen elementos de convicción suficientes de conducta de apariencia delictiva” ni “indicios” de ese tipo de actos en la actuación de ambos jerarcas de gobierno. La denuncia había sido presentada por el abogado Gustavo Salle en agosto de 2012 para que la Justicia investigara el caso.
El empresario Francisco Casal había interpuesto un recurso de revocación por una resolución de la Dirección General Impositiva (DGI), lo que motivó a Toma a recomendar la realización de una consulta técnica independiente. Por esto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “pidió un informe” a Juan Manuel Albacete, del estudio Guyer y Regules.
El denunciante sostuvo que “la intervención directa en la función pública resolutiva de un estudio jurídico que tiene asuntos como contraparte del Estado y de la DGI (...) podría encuadrar en alguna figura delictiva referida a la Administración Pública”. Para Salle el punto que genera más dudas es el “encomendarle a un particular, que tiene intereses contrapuestos a los de la DGI, la función especifica y ontológica de la DGI”.
Los descargos de Toma apuntaron a que la función de la Fiscalía de Gobierno tiene un carácter asesor, y queda en manos del MEF la decisión final. El jerarca explicó que, no siendo un especialista en derecho tributario y con el deber de asesorar de la mejor forma al Poder Ejecutivo, creyó “conveniente, necesario, oportuno, y conducente recabar una consulta a un especialista en derecho tributario a los efectos de ilustrar a la Fiscalía sobre diversos tópicos que el fiscal desconocía”. A su vez afirmó que no conocía de antemano al experto consultado.
El ministro Lorenzo explicó que, como el actual jefe de la asesoría tributaria, Nelson Hernández, actuó en el expediente como director general de Rentas durante el caso de Casal, entendieron oportuno solicitar el asesoramiento de la Fiscalía de Gobierno. Se optó por seleccionar los servicios del abogado sugerido por Toma “ante la limitada lista de expertos, ya que en su gran mayoría fueron consultados a requerimiento de Casal”.
En su argumentación, el fiscal Gómez dice que si bien la actuación del ministro Lorenzo “no es merecedora de ningún reproche”, aún “más clara y palmaria es la conclusión a la que debe arribarse” para estudiar el comportamiento de Toma. “En uso de sus facultades sugirió una consulta externa y emitió una opinión no vinculante”, expuso el fiscal. Agregó que “no es posible, siquiera en vía de hipótesis, hallar ilicitudes en quien cumple con sus obligaciones funcionales, con la regularidad y pulcritud que lo hizo dicho profesional, emitiendo dictámenes indicativos, con su sola lectura, de una gran idoneidad jurídica”.
A su vez agregó que “es innegable que la conducta denunciada” está amparada por el artículo 47 de la Ley 18.179, que define y permite a la Administración celebrar arrendamientos de obra, es decir contratos con personas físicas o jurídicas. Sobre la contratación de los servicios de Albacete, el magistrado sostuvo que de los descargos de las partes y las pruebas presentadas surge que “no tenían ningún tipo de relación, y la contratación tuvo por causa los conocimientos específicos del consultado, quien confirma que prácticamente todos los especialistas en derecho tributario fueron contratados por el Grupo Casal”.
“En defensa del Estado de Derecho, es opinión del dictaminante que no es admisible judicializar toda actuación de la administración, cuya buena gestión, oportunidad y pertinencia, en principio merecen el juicio de la ciudadanía y solo ante acciones ilegítimas, ilegales y en definitiva ilícitas, son merecedoras del juicio del sistema judicial”, dice el dictamen.
El fiscal decidió archivar la causa, ya que entendió que “no existe prueba, ni indicios de conducta penalmente relevante”. El abogado defensor de Toma, Alejandro Balbi, dijo a Búsqueda que comparte los términos del dictamen, “sobre todo los conceptos, ya no morales sino técnicos, del letrado” con respecto al fiscal de gobierno. “Resalta aún más su cristalinidad en el accionar público como fiscal de gobierno”, destacó el abogado.
