Planes en infraestructura por U$S 24.000 millones hasta el 2030

El SNIP, que funciona en la órbita de la OPP, está dando sus primeros pasos con el propósito de ordenar y orientar de manera centralizada el proceso de inversión pública en el país.

Los organismos del artículo­ 220 de la Constitución, las empresas públicas, la administración central y las Intendencias pueden subir información de planes de inversión al SNIP. Alguna Intendencia departamental ya lo ha hecho, dijo García.

PPP.

“No hay achiques ni recortes”, afirmó Vázquez al anunciar en julio el programa de inversión en infraestructura por U$S 12.370 millones para su período de gobierno. Eso incluye obras viales, de generación de energía, vivienda, infraestructura educativa, hospitalaria, saneamiento, que se prevé financiar con fondos públicos y por otros mecanismos, como la participación público-privada (PPP). Esa cifra ya considera los proyectos de la nueva cárcel de Punta de Rieles (U$S 120 millones) y la inversión ferroviaria en el tramo Algorta-Fray Bentos (U$S 90 millones).

Desde que a mediados de 2011 se aprobó la ley 18.786 instaurando el régimen de PPP —por el cual la administración encarga a un particular, por un período determinado, el diseño, construcción y operación de una infraestructura o sus prestaciones, además de la financiación— se gestaron cuatro proyectos, y el de una cárcel en Punta de Rieles es el más avanzado. Los otros son para la mejora del corredor vial de las Rutas 21 y 24 (que se encuentra en etapa de evaluación de ofertas), para el reacondicionamiento del tramo de vías férreas Algorta-Fray Bentos y el Museo del Tiempo.

El Poder Ejecutivo está por aprobar un decreto que agiliza el proceso de las PPP.

“Se trata de un instrumento muy bien logrado por el Parlamento nacional. Es posible que necesite ajustes, porque con el paso del tiempo y los casos concretos uno va haciendo mejores prácticas y ajustando todas estas herramientas. No sé si en lo legal o en el decreto reglamentario, pero tenemos cifradas expectativas de que, ahora que ha habido un par de proyectos que han sido ‘mártires’ en el sentido de que con ellos se ha ido aprendiendo, los siguientes van a ir mucho más rápido”, dijo el subdirector de la OPP, Martín Dibarboure, cuando fue el miércoles 2 a la Comisión de Presupuesto de Diputados.

“El sector privado está muy interesado en esta herramienta; por lo tanto, ahí tenemos una presión adicional. En épocas de un presupuesto con cierta austeridad por el contexto y demás, eso hace que podamos disponer de gran parte de las inversiones a través de este mecanismo”, añadió.

Opinó que al sector privado, la obtención de “certezas le demanda mucha información y eso acota a los candidatos o, dicho de otra manera, hace muy exigente el pliego y el análisis de los flujos de fondo, porque cuando uno hace un proyecto tiende a pensar que va a ingresar más de lo que después ingresa y que cuesta menos de lo que después cuesta. Ese sesgo de errarle a la presupuestación del flujo futuro y afinar, de alguna manera, el foco en el proyecto de la generación de ingresos futuros, hace que el diseño de los instrumentos, fundamentalmente en los que se ha avanzado, que son cárceles o vialidad, sea de una sintonía muy fina”.