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    Plebiscito del PIT-CNT “tiene efectos regresivos”, alertan investigadores afines a gremios

    Señalan que “beneficia a quienes menos precisan”, que concentrará sus costos en los “sectores más vulnerables” y llevará a Uruguay a empeorar su endeudamiento

    La cooperativa Comuna, integrada por investigadores de las ciencias económicas (principalmente economistas y contadores), analizó la propuesta de plebiscito por seguridad social aprobada por el PIT-CNT. El trabajo llega a la conclusión de que la eventual enmienda constitucional “tiene efectos regresivos”, en tanto “beneficia más a quienes menos precisan ser beneficiados”, y advierte que sus costos “se concentrarán sobre todo en los sectores más vulnerables”.

    Según su página web, Comuna trabaja con sindicatos y cooperativas. Entre los gremios con los que tiene o tuvo acuerdos están la Asociación de trabajadores de UTE, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria y el Sindicato de la Industria Química.

    El documento analiza los tres puntos del plebiscito. Sobre el primero (“que la jubilación común tenga como requisitos mínimos para su acceso 60 años de edad y 30 de servicio”) apunta que “es mucho más controversial de lo que parece”. De antemano, los investigadores cuestionan la conveniencia de incluir “parámetros específicos” de ese tipo en la Constitución porque, en caso de que se requieran modificaciones se volvería “más difícil” hacerlas.

    Por otro lado, sostienen que “tan malo como aumentar para todas las personas la edad mínima de jubilación sin considerar características particulares (...), lo es fijarla en 60 años”. Más adelante explican que solo “el 38% de los trabajadores” tiene los años de aporte necesarios para jubilarse a los 60 años y que quienes tienen más chance de lograrlo son “funcionarios públicos, hombres, pertenecientes al 50% con más ingresos”.

    Además, el documento plantea que ante el “blindaje constitucional” en la edad mínima, cuando el sistema se deteriore y requiera “ajustes paramétricos” se tenderá a ajustar “la suficiencia de las prestaciones”, es decir a pagar menos jubilaciones, o se intentará aumentar la exigencia de “años de cotización en causales diferentes a la común”. Esto último, “impacta sobre todo a trabajadores con peores condiciones relativas”.

    Sobre el segundo planteo del plebiscito (jubilaciones mínimas iguales o mayores al salario mínimo), dicen que es un punto “a priori compartible” pero analizan posibles consecuencias negativas. Por ejemplo, apuntan que “genera incentivos al Estado para mantener el salario mínimo nacional a la baja como herramienta de política” lo cual, perjudica a los trabajadores de menor ingreso,

    Otra de las advertencias es que “establecer un monto mínimo jubilatorio genera incentivos a la subdeclaración y la informalidad”.

    Finalmente, abordan el tercer punto: la eliminación de las AFAP. En ese último bloque –aunque sostienen que están en contra de las administradoras de ahorro previsional y destacan que los objetivos para los que fueron creadas no se cumplieron– desarrollan “por qué sigue siendo complejo eliminarlas”.

    Acorde a su análisis, una dificultad central radica en que “la función principal de las AFAP no tiene que ver con la seguridad social sino con la estrategia de endeudamiento” del país. La magnitud del Fondo de Ahorro Previsional que administran equivale al 27% del PBI y la normativa que regula sus inversiones las convierte en “el principal acreedor del Estado”.

    “Esto genera la siguiente calesita: el Estado tiene déficit porque el gasto es mayor a sus ingresos. El principal elemento del gasto público son jubilaciones y pensiones que son deficitarias porque se paga más de lo que entra. No entra todo lo que podría entrar porque se transfiere a las AFAP. Para financiar el déficit el Estado tiene que endeudarse. Entonces, las AFAP (que “generaron el déficit”) le compran la deuda al Estado”, explican.

    Aunque la lógica “contrafactual” indica que “sin AFAP no habría déficit ni deuda”, aclaran que ese razonamiento “mira la foto y no la película”.

    El hecho de que las AFAP estén “prácticamente obligadas a absorber la mayor parte de la deuda emitida por el Estado” le permite a este “endeudarse mejor”: “tasas de interés bajas, moneda local y a plazos más convenientes”. Eso a su vez permite a Uruguay tener “notas buenas de deuda”, bajar las primas de riesgo país y colocar al mercado local como “invertible”.

    “A la larga la función de las AFAP sería bajarle el precio a la deuda uruguaya para que se pague menos intereses”, reflexionan.

    El escenario que plantea el plebiscito de crear un fideicomiso para traspasar los ahorros individuales que administran las AFAP para integrarlos a BPS, abre “una serie de problemas”. Por los otros puntos del plebiscito, indican, se puede prever un “aumento considerable del gasto público endógeno de jubilaciones y pensiones”. Eso “agrava” el problema de la estructura del gasto y “exigirá la liquidación de las reservas del fondo para sanear el sistema”.

    “El problema es encontrar compradores para esa deuda que se quiere vender. Esto genera que caiga velozmente la rentabilidad del fondo, tanto por el apuro para lograr liquidez como por el efecto demográfico explicado más arriba. Esto implica que no será suficiente para cubrir las necesidades financieras del sistema”, advierten. En el camino se “depreciará la deuda uruguaya”, será necesario tomar nueva deuda pero será “en peores condiciones”.

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