Poder Ejecutivo crea “comisión interministerial de investigación científica marina” para aprobar estudios en mar uruguayo

Con el objetivo de acompañar ese movimiento, el Poder Ejecutivo aprobó un nuevo decreto que establece la creación de una “comisión interministerial de investigación científica marina” que actuará bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según el documento aprobado el 5 de enero, al que accedió Búsqueda, el grupo tendrá como fin asesorar a la cartera en el examen de las solicitudes de autorización para la realización de estudios e investigaciones científicas marinas (ya sea físicas, químicas, geológicas o de recursos pesqueros) en zonas marítimas uruguayas.

Y también, agrega, en “la necesidad de establecer un mecanismo de seguimiento y acceso a los trabajos científicos a realizarse”, ya que el grupo permitiría “centralizar, articular y procesar debidamente las solicitudes y los resultados de los estudios e investigaciones que se realicen”. Es que el decreto exigirá que todas las investigaciones pongan a disposición de la comisión los datos e información obtenidos en las expediciones, de manera que el conocimiento resultante sea útil para Uruguay.

La nueva comisión estará integrada por personal científico y técnico del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del MGAP y la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise), así como de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental de la cartera de Ambiente. Además, el grupo será coordinado por un delegado de la Dirección General de Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos de Cancillería y todos ellos deberán “ser embarcados en cada caso en que se conceda la autorización solicitada”, explica el documento. A partir de ahora, los titulares de los buques de investigación deberán permitir el embarque de hasta tres “observadores técnicos” designados por cada ministerio “a efectos de cumplir las tareas de observación de las maniobras, control de datos hidrográficos y oceanográficos”, entre otros aspectos.

Este punto fue criticado por Andrés Milessi, coordinador del proyecto Un Solo Mar, llevado adelante por la Organización para la Conservación de los Cetáceos (OCC), entre otras instituciones internacionales. Según dijo a Búsqueda, la agrupación interpuso un recurso de revocación contra el decreto ante Presidencia, ya que en su opinión “atenta a las pequeñas ONG”.

“Vemos esto como una traba a las nuevas investigaciones”, indicó el oceanógrafo. Es que si bien desde la OCC están de acuerdo con la habilitación de una ventanilla unificada para la solicitud de autorizaciones, Milessi cree que este decreto “engloba a las ONG internacionales que tienen plata y deja por fuera a todas aquellas que no cuentan con los suficiente recursos para costear la presencia de veedores del Estado durante las expediciones”.

“Además, el decreto va en contra de lo que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar)”, señaló Milessi.

La fundamentación de su apelación, a la que accedió Búsqueda, hace especial énfasis en ese aspecto. Según el documento presentado, la Convemar clasifica a la investigación científica marina (ICM) como un derecho, tanto para los Estados como para las organizaciones internacionales. Entienden que el espíritu de las disposiciones de la Convemar está “en fomentar, facilitar, favorecer y conceder los permisos” para el desarrollo de la ICM, “a diferencia de este decreto que restringe y pone barreras” para su realización.

Para la organización, la contratación de veedores del Estado “no tiene en cuenta” las libertades reconocidas en pactos internacionales y señalan que es necesario abordar la reglamentación “desde el lado del investigador”. Dado que no todas las ICM están en condiciones de afrontar este tipo de logística y gastos, plantean que deberían establecerse diferentes niveles o tipos de investigación que distingan una regulación específica según la envergadura y complejidad del estudio que se busca llevar adelante.

“Este gobierno de turno se está atribuyendo mayores competencias que las que la Constitución y la ley le otorgan”, agrega el recurso. Mientras que Milessi cuestiona: “El Estado dice que promueve las investigaciones pero también pone palos en la rueda. Es incongruente”.

Por su parte, el abogado de la OCC experto en Derecho Ambiental, Rodrigo Speranza, dijo a Búsqueda que está de acuerdo con que se centralice la información y se ponga a disposición para todos los interesados. Pero al igual que Milessi afirmó que el nuevo proceso “pone trabas a los investigadores y limita los estudios”.

“No se puede autorizar o denegar una investigación porque no hay ninguna norma legal que lo establezca y porque rige el principio de libertad. Lo que puede hacer el Estado es controlar o, como mucho, clasificar una investigación”, explicó. “Hay muchos investigadores que apenas consiguen tener un gomón para salir a estudiar. ¿Ellos no van a poder investigar?”, añadió.

El plazo para que el Poder Ejecutivo emitiera una respuesta al recurso venció el domingo 26 de junio y ya comenzaron a correr los 60 días para que la organización presente una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

Consultado por Búsqueda, el director de la Dinabise, Gerardo Evia, explicó que la idea de la nueva comisión es “coordinar” las acciones que presentan organizaciones nacionales y extranjeras con el fin de poder tomar decisiones entre todas las agencias del Estado vinculadas al mar territorial. En ese sentido, dijo estar de acuerdo con el decreto, ya que consideró que “es importante proteger la información y las condiciones en las cuales se realizan las investigaciones” en aguas uruguayas.

“Hasta ahora, al no estar unificado el proceso, la información que se recababa no era siempre compartida con todas las dependencias del Estado”, argumentó Evia.

Fuentes del sector dijeron a Búsqueda que el decreto pudo haber sido “apurado” debido a las “desprolijidades” que se experimentaron al momento de aprobar la expedición de NatGeo en el océano uruguayo, al no existir un proceso claro de autorización.