Pese a la insistencia de su hijo, Silvia Cobelli se resistía a alquilar por Airbnb su apartamento de Punta Carretas. Estaba jubilada de su carrera profesional y había decidido irse a vivir a Las Toscas, pero no sabía qué hacer con ese inmueble de un dormitorio que tenía en Montevideo y que no podía mantener por los altos costos. Estaba equipado con sus cosas y se resistía a que alguien más lo ocupara. Pero, tras negarse durante dos años, al final publicó el apartamento en la plataforma de alquileres temporarios y desde entonces es arrendada intermitentemente por profesionales que llegan desde el exterior o uruguayos que viven afuera y que prefieren dormir en una casa y no un hotel para hacer vida de montevideanos.
El alquiler a través de Airbnb le permite a Cobelli recibir a profesionales, ver el perfil de los huéspedes y comunicarse con ellos para saber por qué y para qué vienen. “No me gusta prestarle mi casa a cualquiera”, comentó. A un joven de 20 años, por ejemplo, le diría que no quiere fiestas allí.
La “competencia desleal” está dada porque el sector hotelero paga impuestos. “Hoy debemos tener en cuenta las nuevas plataformas; alguien ha dicho que, sobre todo en los servicios, a todas las actividades les llega su Uber”, comentó el ministro de Turismo, Tabaré Viera.
El proyecto recibió reparos de legisladores de la coalición de gobierno y del Frente Amplio, así como de “anfitriones” —los propietarios que ofrecen inmuebles en alquiler— de Airbnb. El Mintur anunció que enviará un nuevo texto al Parlamento.
Números de Airbnb
Con esa regulación en discusión, el Mintur apunta a limitar los edificios de apartamentos que se convirtieron en “verdaderos hoteles” al funcionar con servicios de hotelería y de mucama, sin cumplir con las mismas exigencias que los hoteles legales. Gracias a la economía colaborativa, este tipo de alquileres pasaron a ser un “verdadero negocio”, aseguró el jerarca colorado.
El proyecto no prevé impuestos para los alquileres temporales concertados a través de plataformas, aunque el registro que crea implicaría que el propietario se inscriba en la DGI y en el Banco de Previsión Social (BPS) como empresa.
Sobre el tema tributario, la senadora y exministra de Turismo, Liliam Kechichian, recordó que durante su gestión se logró un acuerdo para que Airbnb comenzara a hacer aportes. Esas negociaciones eran dificultosas porque, dijo, la plataforma negocia con ciudades y no con países. “Sentimos que esas empresas, especialmente Airbnb, no están aportando, aunque, por lo que ellos nos dicen, sí lo hacen”, sostuvo esa legisladora. Y señaló que la comisión tendrá que pedir esa información.
Kechichian aclaró que no se opone a que existan “diversas modalidades” de alojamientos. Pero dijo que “no puede haber competencia desleal” en cuanto a las obligaciones tributarias que, aseguró, llegaron a significar más de US$ 2.000 millones por año.
Desde que empezó a exigirse el pago de impuestos a las plataformas de servicios (en 2018) y según los datos hasta el primer trimestre del 2023, Airbnb pagó US$ 6,5 millones a la DGI, de acuerdo a información de la empresa a la que accedió Búsqueda.
El 80% de los anfitriones tienen un único alojamiento en la plataforma. El 56% del total declaró ser mujer y 22% eran hombres, de acuerdo con datos internos recabados en 2021 por Airbnb a partir de una encuesta. El resto no identificó su género.
El tiempo de ocupación promedio de quienes alquilan una vivienda a través de la plataforma es de 17 días por año, según datos de fin de 2022. La mayoría (60%) de los huéspedes eran extranjeros.
Otros datos del negocio de Airbnb en Uruguay surgen de un informe de Oxford Economics, encargado por la compañía en 2021, al que accedió Búsqueda. Concluye que el impacto directo de los huéspedes que reservaron sus estadías a través de la plataforma fue de US$ 67 millones, que equivale al 1,5% de la actividad turística directa en el país.
Los huéspedes aportaron directamente US$ 42,6 millones, de acuerdo al análisis, una cifra que excluye las ganancias de los anfitriones. Esto generó 1.600 empleos en diversas actividades conexas, con ingresos relacionados a estos puestos de trabajo por US$ 20,2 millones.
El último pronóstico de Oxford Economics anticipa que el gasto de los visitantes hacia el 2025 se acercará a los US$ 8.000 millones.
Rechazo e impulso
Los anfitriones de Airbnb que fueron al Parlamento aseguraron que no son competencia de los hoteleros porque ocupan otro espacio de mercado y prestan servicios diferentes. Este tipo de alojamientos permite, por ejemplo, ofrecer hospedaje en lugares donde no hay oferta hotelera pero sí de alojamientos temporales.
Aníbal López, un integrante del grupo, sostuvo que lo que desarrollan es una actividad “complementaria” y muchas veces “parcial”, y aseguró que el proyecto de ley les generaría una “limitación muy grande”. Los anfitriones no son “empresarios ni mucho menos”, señaló.
En el 99% de los casos —aseguró Javier Elserguer, otro anfitrión— los propietarios tienen una o dos propiedades y, por tanto, no son parte de los “grandes edificios” a los que se refirió el ministro Viera.
El grupo dijo estar dispuesto a que haya una regulación y a que exista un registro, pero bajo una modalidad distinta. “Cuando uno lee el proyecto de ley, da la sensación de que se quiere eliminar al sector. Es una lástima porque nuestro país necesita del turismo”, consideró Cobelli.
La Cámara de Turismo (Camtur), en tanto, entiende que “es el momento de hacer algo” respecto a la regulación de la vivienda turística, dijo su presidenta, Marina Cantera, el mismo miércoles 7 en el Parlamento. La “economía informal es la que hoy estamos viendo crecer, y luego de la pandemia, a un ritmo que realmente se hace ensordecedor para el sector turístico”, afirmó la representante empresarial.
Cantera sostuvo que la regulación es necesaria para “ordenar” y definir dónde está parado el sector turístico. “El peor riesgo que enfrentamos hoy es no hacer nada, mirar para el costado y desconocer una problemática que el país tiene hace por lo menos 10 años”, aseguró ante los legisladores.
La Camtur planteó que los alquileres a través de plataformas son emprendimientos comerciales que deben estar alcanzados por “obligaciones y derechos que corresponden a cualquier comercio, ya sea pequeño o grande”. Cantera diferenció a quienes le prestan una habitación a un conocido de quienes la rentan como “un medio de vida”.
Según los datos de la gremial, en Punta del Este hay 9.000 camas en los hoteles, mientras que son 200.000 los cupos disponibles individuales en otras modalidades de alojamiento, lo que demuestra la “competencia desleal” que existe.
“La ley debe ser sencilla pero contundente”, opinó la empresaria, que se comprometió a “acercar un nuevo borrador” del proyecto de ley a la comisión.
Economía
2023-06-14T20:09:00
2023-06-14T20:09:00
