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Un año de vigencia de la ley que —entre otras cosas— estableció sanciones penales para los empresarios por los accidentes que sufran sus empleados en los puestos de trabajo, no cambió las opiniones que en lo previo tenían las partes. Los sindicatos obreros, que impulsaron la norma junto con el gobierno de José Mujica, la defienden y creen que permitió reducir la siniestralidad laboral. Desde el empresariado, en cambio, sostienen que no hay números confiables que prueben su utilidad.
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Una dura discusión precedió la aprobación de esta ley 19.196, que entró en vigor en abril de 2014 estableciendo que el empleador o quien ejerce en su nombre efectivamente puede ser castigado con una pena de tres a 24 meses de prisión si no adopta los medios de seguridad laboral adecuados, generando un peligro grave y concreto de vida, salud o integridad física de los trabajadores. Su aprobación fue tomada como un triunfo por el sindicalismo.
Un panel organizado ayer miércoles 20 por la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, en el que participaron funcionarios del gobierno, del Poder Judicial, representantes del sector empresarial, así como de la academia, pareció un déjà vu de la polémica que precedió la aprobación de la ley. Estaba previsto que asistiera un integrante del Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT pero no fue; desde el movimiento sindical se sigue juzgando positivamente la norma.
“Si tenemos que evaluar si la ley fue efectiva, fue efectivaza, no efectiva”, opinó Nelson Loustaunau, asesor del Ministerio de Trabajo (MTSS). “Que un solo trabajador no se haya dañado o muerto, para mí es un salto cualitativo. Pero no fue uno. Fueron más de 500”, añadió.
Según un informe del MTSS que recoge cifras del Banco de Seguros del Estado (BSE), en 2014 hubo 544 accidentes laborales menos que en 2013, cuando la cifra se ubicó en 51.730.
“No podemos ser tan frívolos de decir que si se disminuyó un 1% en materia de siniestros laborales, la ley no tuvo efecto”, disparó Loustaunau. “¡Por favor, señores!. Evitamos 500 y pico de siniestros, ¡me parece que eso es muy pesado!”, agregó.
También destacó que no ha habido “colas en los juzgados penales de empleadores para ser procesados”. Añadió: “La prueba está, señores, nadie ha sido procesado. Sin embargo, hoy muchísimas empresas tienen prevencionistas y denuncian los siniestros laborales”.
Durante la discusión de la ley las cámaras se plantaban firmes en contra alegando que se pretendía “criminalizar” la actividad empresarial.
“Cuco”.
En el panel, el asesor jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Juan Mailhos, aseguró que “no hay evidencia alguna de que la ley haya sido efectiva. Las cifras así no lo indican”.
“Yo qué sé si hoy esas 500 (en referencia a los accidentes menos que en 2013) son por la ley”, cuestionó. “Nadie me explica la causalidad entre esos datos, que aparecieron hace tres cuartos de hora (...) Los tenían con cerrojo, ahora como es funcional a la aprobación de la ley, aparecen 54.000 denuncias”, señaló. “Quiero relativizar la cifra porque no hay seriedad en estos datos que aparecen de un día para el otro”, agregó Mailhos.
Reclamó que las inversiones que hacen las empresas en favor de la protección de los trabajadores sean contempladas por el BSE rebajando el costo de las pólizas y que también puedan ser deducibles del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas. “Si socialmente es valorable, creo que el Estado puede estar dispuesto a resignar una renta ínfima como para alentar a que estas cosas se hagan de la mejor manera”, fundamentó.
El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Juan Raso, opinó que la norma tiene un “fuerte valor simbólico”, porque “los empleadores están asustados”. Es una ley “cuco”, graficó.
También puso en duda la efectividad de la ley en la reducción de accidentes: “Yo no veo que haya habido un efecto real. 544 casos es un dato que no puede verse como bandera de que bajó la siniestralidad en Uruguay. Capaz si hubiera habido cuatro días más de lluvia había más accidentes”.
Gonzalo Irrazábal, asesor jurídico de la Cámara de Industrias, coincidió con que se trata de una “ley cuco”. Y criticó que lo que busca es el “castigo” y el “miedo”, y no la prevención.
También relativizó las cifras manejadas desde el MTSS y sostuvo que el objetivo de disminuir los accidentes “no se cumplió”. Lo que sí hizo la ley fue “estigmatizar” y “criminalizar” al empleador, sostuvo. “Si ese era el objetivo, la ley fue un éxito”, afirmó.
El abogado Ignacio López, de la consultora PwC, afirmó que sí bajaron los accidentes de trabajo en las empresas aunque no “tanto como lo esperado”.
Evaluó que “la ley cuco ha generado una concientización muy grande en las empresas”. Y agregó: “Nos consta que hoy en día la gran mayoría de las empresas están preocupadas por el tema y están tomando medidas para tratar de evitar incurrir en la responsabilidad penal y proteger a sus empleados”.
