Policías piden trabajar con cámaras en su uniforme como garantía de que no serán detenidos por disparar en legítima defensa

Lejos de mostrarse de acuerdo, Bonomi y el equipo que lo acompañó aseguraron que las leyes vigentes —especialmente la de Procedimiento Policial, del año 2008— son suficientes para proteger a los funcionarios. “Con la ley de procedimiento policial hay más respaldo del que había antes. En la ley está todo; ahí están el respaldo y la garantía. Si se trabaja apegado a lo que dice la norma, no se va a tener ningún inconveniente. El respaldo está in totum”, señaló Hugo De León, director interino de la Policía Nacional. “La legítima defensa presunta me parece que para los policías no tiene ningún sentido. Trabajé en todas las canchas de fútbol que hay en Montevideo y también en Canelones y nunca tuve inconvenientes. Tuve que usar la vara policial, las esposas, el arma de fuego y nunca tuve inconvenientes a lo largo de mi carrera”, agregó.

“Hoy la mayoría de los policías piden salir con cámaras, porque esa sí que es una garantía”, aseguró el ministro, que puso como ejemplo el caso sucedido en enero cuando, gracias al registro de las cámaras en sus uniformes, 11 policías fueron liberados por la Justicia tras ser detenidos luego de un operativo policial donde mataron a un delincuente que los amenazó con machetes y cadenas, en Paso de la Arena.

“Existen determinadas actuaciones policiales que generan un problema. Pudo haber problemas en el caso de un hombre que atacó con un machete y la policía tiró. Y bueno, el hombre fue abatido y con muchos balazos: 10. Como el hecho fue grabado y filmado, no tuvieron ningún problema. Con esa filmación se demostró que habían actuado ajustado a lo que es un procedimiento policial y no tuvieron, repito, ningún problema”, valoró Bonomi.

Además de las cámaras personales, el ministro señaló que la reciente compra de armas no letales también respondió a un pedido de los funcionarios para protegerse ante ciertas situaciones. En febrero el Tribunal de Cuentas autorizó la compra de armamento por US$ 1,1 millones del modelo OSA PB-4SP de la armamentista rusa Tecmash: pistolas de munición no letal diseñadas para neutralizar a un adversario pero sin causar la muerte, que Bonomi conoció el año pasado en Rusia. Además de las propias armas incluye municiones y un sostén para ser colocado en el correaje de los policías.

Bonomi indicó que las OSA PB-4SP se van a usar para “enfrentar a aquellos que le tiran piedras a la policía, que insultan y toman el pelo”, ante un cuestionamiento de García sobre los videos donde gente en patotas filma a los policías y estos quedan inactivos porque saben a lo que después se someten. “Los policías saben que si en esos casos tiran con el arma de reglamento, van presos, aunque les tomen el pelo. Por eso hemos resuelto el uso de armas no letales. Esa es la forma de respaldarlos, porque si tiran, van presos y nos los respalda nadie”, respondió Bonomi.

La autocrítica

La convocatoria de Bonomi estuvo relacionada a los datos cerrados de delitos correspondientes al 2018, publicados por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del ministerio, que mostraron un aumento del 45,8% de los homicidios, 53,8% de las rapiñas y 25,6% de los hurtos a nivel país en comparación con 2017.

En el Parlamento las justificaciones esgrimidas por Bonomi fueron las mismas que cuando presentó los datos un mes atrás, centradas principalmente en la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en noviembre de 2017. Mencionó dos autocríticas, una de ellas que el CPP debería haber comenzado a funcionar en febrero de 2021. “Como nos planteamos con las cárceles. Es decir que funcionara no solo con una ley aprobada, sino también con un presupuesto propio para el Código del Proceso Penal. Por tanto, si me piden una autocrítica, esa es la autocrítica”. La otra fue no haber podido presupuestar “en conjunto” distintas políticas e iniciativas como el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO).

Bonomi también insistió en que las cifras podrían ser aún peores si su cartera no hubiera implementado el PADO, aumentado el salario policial, mejorado los vehículos y el armamento, instalado cámaras de videovigilancia en todo el país y modificado el sistema de ingreso a la Policía para acelerar el crecimiento de recursos humanos. En esa línea, dijo que ciertos delitos no llegaron a Uruguay gracias a esas medidas. “Muchas veces, para medir lo que se hace en el país, comparamos lo que pasa en otro lado o los delitos que se están cometiendo. Hemos visto que muchos delitos llegaron desde afuera, desde otros países. Nosotros detenemos gente de otros países, pero vemos que los países vecinos tienen una alta tasa de secuestros y en Uruguay esa modalidad no ha podido entrar. En Argentina hay más de 156. En Chile son más de 260. En Brasil hay más de 1.000. Pero acá no han podido porque ha habido algún trabajo en ese sentido”.