“A Durban entramos negros y salimos afrodescendientes”, dijo el entonces dirigente de Mundo Afro Romero Rodríguez.
La militante afro Noelia Maciel sostiene que “al negro la sociedad lo manda ubicarse en su lugar y la sociedad blanca lo mira desde una condición de poder” y que incluso en el caso de la música, a menudo la relación “ha sido extractiva”.
El músico Rubén Rada, uno de los afrouruguayos contemporáneos más exitosos, durante una entrevista con Búsqueda el año pasado, contó que en su vida pasó “mucha hambre y frío” y opinó que “el racismo en el Uruguay está hoy igual que siempre”.
Fernando “Lobo” Nuñez, que figura entre los percusionistas más destacados del país y es un reconocido fabricante de tambores en su casa-taller en el barrio Sur a la que llegan pedidos de todo el mundo, se queja de la falta de apoyo estatal y del racismo de los uruguayos. Tiene motivos: en más de tres décadas de carrera exitosa solamente el contratista Francisco Casal lo invitó a una fiesta sin que fuera solamente para tocar y todas las reuniones con jerarcas de todos los gobiernos terminaron en un “vamos a ver”.
Transcurridos ya unos 170 años de abolida la esclavitud y sin que la situación haya cambiado de forma sustancial, las Naciones Unidas recomiendan y el gobierno uruguayo está dispuesto a aplicar “acciones afirmativas” como cuotas de selección preferencial, subsidios específicos y focalización, medidas que no eliminaron la discriminación pero sí elevaron la calidad de vida de los negros en Estados Unidos, Brasil y otros países.
La oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay valoró la inclusión de la dimensión étnico/racial en la producción de información como “un paso indispensable” para “pensar el diseño y la asignación de recursos en las políticas públicas”.
Esas políticas, traducidas en “discriminación positiva”, recibieron en octubre pasado el voto unánime de la Cámara de Diputados, integrada por 98 blancos y un afrodescendiente, que aprobaron un proyecto de ley, ahora a estudio del Senado. El texto de 11 artículos, que sería promulgado este año, cuenta con el apoyo de la casi totalidad de las muchas organizaciones afro que existen en el país, aunque también con algunas disidencias de personalidades negras (ver recuadro).
Discriminación positiva.
“La población afrodescendiente de América Latina se encuentra entre las más desfavorecidas social y económicamente, con peores indicadores de ingreso, empleo y educación; está pobremente representada en los gobiernos, los parlamentos, los directorios de empresas, como población objetivo de investigaciones académicas; y hasta el momento se encuentra invisible para censos y encuestas de hogares en varios países de la región”.
Esta afirmación realizada hace dos años por el secretario general iberoamericano, contador Enrique Iglesias, salvo en lo relativo al censo y encuestas de hogares, que comenzaron recién en 1996, coincide de forma plena con la realidad del Uruguay, un país que, sin embargo, se ha jactado históricamente, desde José Pedro Varela para acá, de sus políticas integradoras y que cada año, como hoy jueves 21, conmemora con actos oficiales el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.
La discriminación racial, aunque en Uruguay casi nunca es reconocida, en el caso de los afro es estructural y está lejos de ser suprimida, como lo demuestran los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2010: la tasa de desempleo de jóvenes entre 14 y 29 años, por ejemplo, reveló que las mujeres afrodescendientes están en 25,4% frente al 12% de total de esa franja en varones. El monto medio de las jubilaciones era de $ 6.899 para las mujeres afro y de $ 12.286 para el total de varones.
Si en lugar de trabajo e ingresos, la mirada se coloca en la educación, el panorama es aún más extremo: el 47,4% de los negros uruguayos (diez puntos porcentuales más que los no afro) no tiene instrucción o solo cursó Primaria; tomando los extremos, el 5,6% de los varones afro realizó estudios terciarios y universitarios, frente a 19,1% en las mujeres no afro.
Una investigación de las demógrafas Marisa Bucheli y Wanda Cabella, aportó datos acerca de la localización. “En lo que refiere a la distribución territorial —explican las expertas— se encontró que las mayores proporciones de población afrodescendiente se registran al norte del río Negro y particularmente en los departamentos del noreste del país. En Artigas este grupo llega a representar el 25% de la población total del departamento, en el que también la población indígena registra su mayor guarismo (10%). En la comparación del conjunto del interior con Montevideo no se encontraron diferencias significativas: en ambas áreas la población de ascendencia blanca se sitúa en 88%, la afrodescendiente representa en torno a 9% y la indígena en torno a 3%. En Montevideo, la concentración de población afrodescendiente sigue un patrón definido. Su participación es netamente marginal en los barrios costeros [fueron expulsados de los barrios Sur y Palermo durante la dictadura], escasa en las zonas céntricas y aumenta a medida que se acerca la periferia de la ciudad. Cabe destacar que las concentraciones más importantes de la población afrodescendiente y en menor medida indígena, tanto en el nivel nacional como en la capital, coinciden con las zonas de menor desarrollo económico y humano”.
“La población negra —sostiene la investigación—se destaca por tener una composición demográfica particularmente joven, en contraposición a la población blanca e indígena, cuya estructura refleja el envejecimiento demográfico de la población uruguaya. Asimismo, la fecundidad de las afrodescendientes es mayor que la de los otros grupos y el inicio de su vida reproductiva es más temprano. A ello se suma que también inician su vida conyugal más precozmente. En conjunto, esta categoría racial experimenta transiciones familiares más tempranas que la población blanca y la indígena”, indicaron Bucheli y Cabella.
“La pobreza en la raza negra duplica la de la población blanca. La indigencia se triplica en la población afrodescendiente. El cuello de botella de los estudiantes de origen afro es tercer año de liceo, a partir de ese año es contundente la deserción, la mayoría abandona”, explicó a Búsqueda Felipe Carballo (711-Frente Amplio), el solitario diputado titular afrodescendiente, quien presentó el proyecto de ley luego de comprobar que Uruguay se encuentra en los últimos lugares, junto a Argentina, en materia de legislación a favor de los ciudadanos afro.
El artículo primero del proyecto, que recibió múltiples aportes de las organizaciones, reconoce que la población afro en Uruguay “ha sido históricamente víctima de la discriminación racial y la estigmatización” y que ello, de acuerdo al Derecho Internacional “hoy podrían constituir crímenes contra la humanidad.”
Sobre esta definición, muy valorada por las organizaciones afro, se fundamentan los otros artículos, que disponen acciones afirmativas como que durante al menos diez años el 8% de las vacantes laborales del Estado, incluyendo ministerios, entes e intendencias, sean para “las personas afrodescencientes”.
El resto del articulado hace referencia a cupos en los cursos que ofrezca el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y en el otorgamiento de becas para estudiantes, así como beneficios extraordinarios en los aportes para las empresas que incorporen trabajadores afro y a medidas para promover y controlar en el Estado el cumplimiento de los objetivos.
Según el diputado Carvallo, medidas como la creación de una comisión de tres ministerios (Educación, Trabajo y Desarrollo Social) con atribuciones de “informar y responder” ante el Parlamento, además de la reglamentación de la norma, buscan asegurar que, a diferencia de casos como la ley que dispone un cupo para discapacitados, la norma se cumpla en todo el Estado.
Carvallo confía además en la capacidad de presión que tengan los colectivos de la sociedad civil, que crecieron en número e influencia desde la última década del siglo pasado con el nacimiento de Organizaciones Mundo Afro (OMA) (ver recuadro).
Empoderamiento.
Los dirigentes más “radicales” de la comunidad, si bien reconocen que desde la llegada al gobierno del Frente Amplio en 2005 se ha avanzado en el reconocimiento de derechos civiles, lo que más aprecian es una forma de empoderamiento de sectores populares, en este caso expresado en la llegada a algunos cargos de gobierno de dirigentes provenientes de organizaciones afros.
Durante el período de Tabaré Vázquez, como en una especie de primavera, llegaron a convivir 12 unidades con presencia de afros: en la Intendencia de Montevideo, los ministerios de Educación y Desarrollo, donde aún existen, además del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud Pública, un proyecto en el Ministerio de Trabajo, una asesoría en Presidencia de la República, a cargo de Romero Rodríguez —hoy en Relaciones Exteriores como embajador itinerante— y dependencias en la comunas de Artigas y Rivera, además de una comisión honoraria contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.
El común denominador de estas unidades es que —salvo en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) e Instituto de la Juventud con pequeñas partidas— no cuentan con presupuesto propio.
La pediatra Alicia Esquivel ocupa una pequeña oficina del Mides desde donde intenta impulsar las políticas para mujeres afro con un presupuesto de unos 400.000 pesos anuales que heredó de la anterior directora, Beatriz Ramírez, fundadora de Mundo Afro, luego escindida, que ahora dirige el Instituto de las Mujeres en el mismo Ministerio.
Andrés Scagliola, director de políticas sociales del Mides, está a cargo de la oficina donde se impulsa el trabajo hacia los afrodescendientes y otros sectores. El diseño de esas políticas, dijo este cientista político blanco, busca llevar a la práctica la idea de que los afrodescendientes son sujetos de derecho.
Scagliola y Esquivel, que en las últimas elecciones apoyaron al Frente Líber Seregni, trabajan en tres líneas transversales con énfasis en las mujeres, por su doble y potenciada discriminación: capacitación dentro del Estado, formación de ciudadanas afro y sensibilización a nivel de toda la sociedad.
Desde su despacho en el primer piso de la Cancillería, el embajador itinerante Rodríguez, que fue fundamental en la creación de Mundo Afro pero también ha recibido muchas críticas desde la comunidad, diseña políticas para el África subsahariana, una región que conoce como pocos uruguayos.
En la Intendencia de Montevideo, la profesora Beatriz Santos tiene a cargo una unidad creada durante la intendencia de Mariano Arana.
La abogada Alicia Saura está contratada en soledad para una unidad de afrodescendientes en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y además debe compartir esa tarea junto con otras que recibe de parte del departamento de Derechos Humanos, a cuyo frente se encuentra Javier Miranda.
Además del diputado Carvallo, un ex dirigente de los trabajadores citrícolas de Salto que integra el sector del presidente de Ancap, Raúl Sendic, otros pocos afrodescendientes ocupan cargos de cierta relevancia en el Estado, entre ellos el subsecretario de Industria y presidente de la Casa Afrouruguaya, Edgardo Ortuño, de la Vertiente Artiguista y la vicepresidenta del Correo, Solange Moreira, impulsada por el Movimiento de Participación Popular (MPP).
“Uruguay fue muy importante para el resultado de la conferencia contra el racismo y la discriminación de Durban, en 2001, pero otra cosa es la aplicación de las políticas que surgieron de allí”, dijo a Búsqueda Noelia Maciel, quien junto a Karina Moreira coordina el grupo Ubuntu, que busca aumentar la presencia de intelectuales jóvenes afrodescendientes en lugares clave de la sociedad uruguaya, a la que definen como de “racismo estructural”.
Orlando Rivero, que fue director de Mundo Afro y ahora integra el grupo Salvador, opina que desde el Estado “no hay políticas”.
La alta sensibilidad de los afrouruguayos por la histórica situación de discriminación tuvo uno de sus puntos altos, cuando Scagliola, que antes estaba en el MEC, dispuso que una pequeña financiación internacional asignada a políticas afro fuera compartida con otras minorías, lo que provocó una airada manifestación en la Torre Ejecutiva durante la presentación de un plan, a comienzos del gobierno de José Mujica.
“Somos una sociedad hipócrita”, concluyó Maciel, tomando como ejemplo las reacciones que se produjeron ante los casos de la activista Tania Ramírez, atacada en una discoteca del Parque Batlle y calificado de discriminación por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y la campaña contra el racismo en el lenguaje. La licenciada Maciel, el embajador Rodríguez y muchos afrodescendientes, reconocen los avances de los últimos años, pero son críticos porque sienten que no están en los lugares de “poder real”, aun a nivel académico donde, dicen, ha ocurrido un “epistemicidio”, entre otras cosas porque hasta la poca investigación universitaria en la materia es dirigida por blancos.
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2013-03-21T00:00:00
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