Por falta de consenso o interés, proyectos prioritarios para socios del oficialismo se trancan en el Parlamento

Un caso emblemático es el proyecto de ley de medios enviada por el gobierno al Parlamento el 28 de abril de 2020. Prioritaria en la agenda del Ministerio de Industria, con el objetivo de corregir la legislación aprobada a fines de 2014 en la entonces administración del presidente José Mujica, la norma está a cuatro meses de cumplir tres años estancada en la Comisión de Industria.

A pesar de no ser parte de la Comisión de Hacienda, que está a cargo del tema, el diputado cabildante Sebastián Cal participó activamente de ese cuerpo y dejó en claro que quería ampliar el debate. “¿No será momento de demorarnos algunos meses más o quizás un poco más, pero tratar de sacar un proyecto de juego en general, que solucione problemas históricos de nuestro país, como es el tema de la Dirección Nacional de Casinos que, como decía recién, es juez y parte en lo que hace?”, dijo en la sesión de la comisión del 31 de agosto.

Todo esto se da mientras sobrevuela la incertidumbre por la inversión del grupo del empresario Giuseppe Cipriani en el proyecto del nuevo Hotel San Rafael, en Maldonado. Su abogado, Pablo Monsuárez, asistió el 28 de setiembre a la Comisión de Hacienda y dejo en claro que el proyecto de juego online era clave para que su cliente concretara el emprendimiento.

Además de las dudas en Cabildo Abierto, la redacción actual no conforma a Iván Posada, del Partido Independiente, ni a algunos legisladores nacionalistas de la comisión. Aunque la negociación del nuevo articulado ni siquiera comenzó a plantearse, la comisión sigue recibiendo delegaciones. El presidente del cuerpo, el nacionalista Álvaro Viviano, dijo ayer a El Observador, que será necesario que los partidos políticos se sienten a negociar un acuerdo que permita destrabar el problema.

En paralelo, otro proyecto impulsado por Cal en la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología, para la tipificación de ciberdelitos, también fue aplazado para el 2023. Inútil fue un intento de este legislador cabildante de votar el proyecto en la última sesión de una comisión especial de Constitución y Legislación integrada con Ciencia y Tecnología, el 14 de diciembre, que debió prorrogar su trabajo hasta el 5 de abril para continuar con el estudio del proyecto. Mientras se trataba el tema, Cal dijo que su partido no estaba de acuerdo con prorrogar el plazo y estaba dispuesto a votar el articulado ese día, y cuestionó que la oposición planteara eliminar artículos en los cuales sus propios asesores habían trabajado. En la interna nacionalista dicen que en ese día “no estaban dadas las condiciones para votarlo”, pero que el proyecto está en condiciones de aprobarse y será prioritario en los próximos meses.

Esperan respuestas

Mientras en la cámara baja, los proyectos se estancan por falta de apoyos partidarios, en el Senado parecen estar sometidos a los cuellos de botella que se generan en las comisiones y también al esfuerzo que supuso el tratamiento de la reforma del sistema previsional.

Así, por ejemplo, un proyecto enviado al Parlamento por el Ministerio de Desarrollo Social el 17 de febrero del año pasado para habilitar la “prestación obligatoria de asistencia” a personas en situación de calle y que presenten situaciones de consumo con riesgo para sí mismos o terceros, aún no ha podido ser aprobado en la cámara alta, pese que ingresó, con media sanción al Senado el 13 de julio. La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión lo analizó por última vez en su última sesión del año, el 19 de octubre.

A su vez, Cabildo Abierto espera respuesta por dos proyectos prioritarios para su agenda. Uno pretende fijar la prisión domiciliaria para presos mayores de 65 años, lo que afectaría la situación de los detenidos en la Cárcel de Domingo Arena por violaciones a los derechos humanos. A través del equipo de la senadora nacionalista Carmen Asiaín, el Partido Nacional reformuló la propuesta y elevó la edad a 70 años. Además la legisladora aprovechó para incluir en el proyecto una reformulación de las penas previstas para quien intente ingresar pequeñas cantidades de droga a las cárceles, lo que ha provocado un aumento en la cantidad de mujeres presas. Cabildo aceptó las modificaciones, pero aún espera por una respuesta del Partido Colorado, que todavía no se ha expresado al respecto.

El partido liderado por el senador Guido Manini Ríos analiza una propuesta del Frente Amplio sobre su proyecto de ley de reestructuración de deudas de las personas físicas, informó El Observador el 30 de diciembre. La iniciativa original de Cabildo Abierto buscaba dar respuesta a personas físicas deudoras en “estado de crisis económico-financiera” y que no sean titulares de bienes, o que tengan como único activo una vivienda “con valor equivalente al establecido como incorporación para bien de familia” o ingresos menores a tres salarios mínimos mensuales.

Cuando el proyecto fue tratado en el Senado, el Frente Amplio, el Partido Colorado y buena parte del Partido Nacional consideraron que la iniciativa debía volver a comisión por los efectos jurídicos que podría tener su actual redacción. “Es espantosa”, describió el senador suplente del Partido Nacional Rodrigo Blas en sala.

Con la vuelta del proyecto a comisión, Cabildo Abierto planteó que si no era tratado antes fin de año, comenzaría a recolectar firmas para impulsarlo a través de una reforma constitucional. Sin embargo, ahora los liderados por Manini Ríos se han encomendado a estudiar la propuesta de la oposición y si bien la redacción presentada por el Frente Amplio merece “algunas observaciones”, en filas cabildantes consideraron que fue un buen gesto y aspiran a que se pueda aprobar un proyecto en el primer “cuatrimestre del año”.