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Aunque se mantuvo como el mejor de la región por su capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción, Uruguay tuvo un deterioro en su puntuación frente al año anterior. Es la primera vez que eso ocurre en tres ediciones del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (ICCC), una medición de la organización Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) junto a la consultora Control Risks.
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Sobre un máximo de 10, que indica la mayor capacidad para enfrentar la corrupción, Uruguay puntuó este año con 7,42, un descenso de 0,38 frente al 2021 (–4,9%). En 2020 su índice global había sido de 7,78 puntos.
El ICCC examina 14 variables agrupadas en tres subíndices, como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de “cuello blanco”. Se basa en datos públicos y cuestionarios que para esta edición respondieron entre abril y marzo representantes del ámbito académico, de la sociedad civil, de los medios de comunicación o del sector privado. Por Uruguay participaron Paula Garat, socia del estudio Brum Costa Abogados y docente de la Universidad Católica, y Mariana Labastie, de la sociedad civil Instituto de Comunicación y Desarrollo.
El reporte, difundido esta semana, señaló que mientras que las puntuaciones de Uruguay en las categorías de democracia e instituciones políticas y sociedad civil y medios de comunicación se mantuvieron frente al 2021, “el país sufrió una caída de 7% en la categoría de capacidad legal”. El “nivel de cooperación internacional, la eficacia de los organismos anticorrupción y la capacidad” para “combatir los delitos de cuello blanco contribuyeron a este retroceso. Aun así, Uruguay supera la media regional en todas las variables del índice gracias a sus instituciones independientes, su activa sociedad civil y sus sólidas credenciales democráticas”.
Según el informe de AS/COA y Control Risks, el “principal acontecimiento que afectó a la capacidad de Uruguay para combatir la corrupción fue la Ley de Urgente Consideración (LUC)”, un “paquete legislativo impulsado por el gobierno que introdujo una serie de cambios en el marco legal del país, principalmente para atraer inversiones privadas y extranjeras. Entre sus disposiciones, la LUC incluyó la flexibilización de algunas restricciones para las transacciones en efectivo, así como cambios en los procedimientos para informar ciertos actores (no financieros). Algunos observadores afirman que estos cambios potencialmente podrían obstaculizar, en cierta medida, la capacidad de Uruguay para luchar contra el lavado de dinero”, reseñó el reporte.
La LUC se votó en 2020. Consultada por Búsqueda, Garat estimó que fue incorporada en la última edición del índice al considerarse el referéndum y su resultado, que fueron en marzo.
Temas críticos
Como “temas críticos para monitorear”, el informe plantea varias cuestiones.
Primero, la designación de un nuevo fiscal de Corte permanente “es posible”, pero su aprobación “probablemente se convertirá en piedra de toque del debate político en el Legislativo, que está muy dividido”.
En segundo lugar, mencionó la “persistente falta de financiación de la principal agencia anticorrupción”, la Junta de Transparencia y Ética Pública, lo que suscitó “preocupación entre los expertos en cuanto a la capacidad de la institución” para ejecutar “operaciones sofisticadas”.
Tercero, indicó que el acercamiento de Uruguay a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a la Unión Europea “puede mejorar aún más sus normas de gobernanza”.
El ICCC de este año abarcó a 15 países latinoamericanos. Después de Uruguay, los mejores puntuados fueron Chile (6,51), Costa Rica (6,45), Perú (5,66), Argentina (5,16) y Brasil (5,07); Venezuela se ubicó en el último lugar (1,40).
Uruguay obtuvo la puntuación más alta del índice por segundo año consecutivo.
