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    Por segunda vez en 10 años declaran “emergencia habitacional”, mientras el Parlamento debate cómo frenar los asentamientos

    El Plan de Mejoramientos de Barrios se mantendrá en el Ministerio de Vivienda y Presidencia hará la coordinación entre los organismos estatales que deban intervenir

    Diez años después de que el gobierno declarase la emergencia habitacional para los sectores más pobres de la sociedad, el Parlamento se apresta a hacer lo mismo en medio de una discusión sobre qué medidas tomar para frenar el crecimiento de los asentamientos en el país.

    A fines de mayo de 2010, José Mujica decretó la “emergencia socio-habitacional de la población en situación de pobreza extrema”. En ese momento nació el Plan Juntos, impulsado por el entonces presidente frenteamplista, para dar una respuesta rápida a las familias que necesitaban ayuda para construir viviendas. El Plan Juntos se propuso socorrer a un universo cercano a 15.000 hogares que estaban en la situación más precaria, pero la cantidad de viviendas que se logró construir quedó lejos de esa ambición. En el gobierno de Mujica se terminaron 1.008 casas y en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez se culminaron otras 2.316.

    Ahora, el gobierno del nacionalista Luis Lacalle Pou plantea en el artículo 427 del proyecto de ley de Presupuesto que el Poder Ejecutivo podrá declarar la “emergencia habitacional” en cualquier asentamiento irregular. Esa intervención no podrá superar los 24 meses y consistirá en “la realización de obras de infraestructura y mejoras edilicias, regularización de la titularidad de la tierra y el fomento de la integración de las familias participantes y su entorno”.

    “Esta iniciativa permitirá una acción coordinada y eficiente de los diferentes organismos del Estado involucrados”, explicó la ministra de Vivienda, Irene Moreira, el jueves 29 cuando asistió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

    En Uruguay hay 614 asentamientos, según el relevamiento que maneja el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB). En la sesión de la comisión, representantes de todos los partidos políticos expresaron su preocupación por la situación y analizaron la forma en que se podría detener su crecimiento.

    “Los asentamientos han aumentado en estos últimos 10 años, y la bonanza económica que hubo en su momento les pasó por el costado”, dijo el senador Amin Niffouri (Partido Nacional).

    Desde el Frente Amplio le respondió Óscar Andrade: “También lo demostraron los 15 años que van de 1985 a 1999, donde creció casi un 70% la economía y todos los estudios mostraron que se triplicaron los asentamientos irregulares; no es que se mantuvieron, se triplicaron. Es más, llegamos a 1999 —previo a la crisis— con más de un 10% de los montevideanos viviendo en asentamientos irregulares. Entonces, claramente la condición de crecimiento económico no resuelve esto”.

    “Es inútil ponernos a discutir cuánto crecieron y cuánto no porque eso va de la mano con otros fenómenos sociales”, terció el colorado Tabaré Viera.

    Niffouri, que vive en Canelones, dijo que en el barrio Obelisco, de Las Piedras, se están instalando dos nuevos asentamientos. “La venimos corriendo de atrás”, se lamentó el legislador. Aseguró que a la intendencia como “policía departamental” a veces “le cuesta actuar”. “Sucede que se logra relocalizar a las personas de un asentamiento en otro lugar, pero se siguen formando y siempre vamos corriendo de atrás”, agregó. Para el legislador es necesario pensar en “alguna ley” que permita “actuar proactivamente para que no se generen los asentamientos”.

    “La idea es que cuando se vea que se empiezan a formar se pueda actuar rápidamente, tanto por parte de las intendencias, como del ministerio o de la Justicia, porque muchas veces cuando se trata de un terreno particular se hace una denuncia, pero la Justicia demora en actuar y, cuando lo hace, el asentamiento está formado y ya es muy difícil poder resolver el problema”, planteó.

    Para el colorado Viera no basta con la intervención de la Policía, sino que es necesario que exista una planificación: “No es solamente ir con la policía a evitar una ocupación y la creación de un nuevo asentamiento irregular, debemos ir con la solución. Creo que no necesitaríamos a la policía o correr de atrás (…) si tuviéramos un plan realmente desarrollado, junto con los gobiernos departamentales, de prevención de asentamientos irregulares con los lotes con servicios más o menos prontos para poder decir: ‘No se instale acá; vaya allá que tiene mejores servicios’”.

    Según la ministra Moreira, la “única forma” de enfrentar y disminuir el número de asentamientos es que varios organismos participen a la vez de la propuesta Entre Todos, como se denomina al plan que impulsa su gestión. En él participan los ministerios de Defensa, Desarrollo Social, Salud, Ambiente y Vivienda, el PMB, el Plan Juntos, OSE y UTE.

    “No voy a explicar a los señores senadores la velocidad con la que van creciendo y la velocidad con la que el Estado responde, que es muy diferente. Entonces, si nosotros aunamos esfuerzos —eso es Entre Todos— es que vamos a lograr equiparar esa velocidad y de esa forma frenar el crecimiento de los asentamientos, ¡y ojalá poder, inclusive, detenerlos!”, dijo la ministra.

    Moreira aseguró que están “apagando fuegos”, cuando el objetivo es “evitar que el incendio se produzca”. “Estoy convencida de ese método porque si seguimos actuando como se venía actuando hasta ahora ¿qué podremos realizar en este quinquenio? ¿Recuperar dos o tres asentamientos cuando pueden haber crecido 12 o 13 más?”, planteó.

    Según datos del PMB, entre 2015 y 2019 se finalizaron nueve proyectos para un total de 1.365 hogares beneficiarios. A fines del año pasado, además, había 20 proyectos en distintas fases de ejecución que tendrán 8.499 hogares beneficiarios, a través de los cuales se está interviniendo en 44 asentamientos.

    Solución a las diferencias

    Durante la sesión, la ministra recibió el respaldo del Partido Colorado, Cabildo Abierto y Frente Amplio para que se mantenga el Plan de Mejoramiento de Barrios en Vivienda y no pase a Presidencia, como se planteó en el proyecto original de Presupuesto del gobierno. La norma que proponía ese cambio, que tenía el respaldo del presidente Lacalle Pou, fue quitada durante el debate en Diputados.

    En el gobierno se encontró una solución para evitar problemas. Presidencia tendrá a su cargo la “coordinación” entre los distintos organismos del Estado que trabajarán en un asentamiento, tal como se plantea desde Entre Todos. La ejecución del programa continuará en el Ministerio de Vivienda a través del PMB.

    En tanto, el director del programa, Álvaro Martínez, explicó que se está en un momento de “transición” de un “crédito presupuestal a otro”. Dijo que, si bien hay una directiva de no detener las obras, admitió que aquello que estaba en una etapa inicial se va a “enlentecer o posponer” porque se priorizarán las “obras en ejecución”. “La preocupación que tenemos desde el ministerio siempre son los vecinos y la gente que está en esa situación y, sobre todo, dar la continuidad a compromisos ya asumidos por las administraciones anteriores”.

    El jerarca dijo que también se está buscando una solución para los 126 contratos que tiene el PMB a través del Programa de Naciones Unidas (PNUD). Los trabajadores del organismo reclamaron que se prorroguen los contratos que vencen el 31 de diciembre porque de lo contrario dejará de funcionar en todo el país. Martínez dijo que se está solicitando la prórroga de extensión de contratos y que están a la espera de que se cumplan todos los procesos administrativos.