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En materia de educación, las propuestas de los precandidatos que perfilan mejor en las encuestas para la elección interna del próximo domingo 30 difieren sustancialmente, en general. Algo similar sucede con sus enfoques referidos a la seguridad pública. En cambio, los aspirantes a presidente para el período 2020-2025 coinciden en prometer un uso más eficiente de los dineros públicos, y los matices aparecen en cuanto a cómo hacerlo.
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Ya sea porque la realidad lo impone —un déficit fiscal que en términos anuales ronda actualmente el equivalente a 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI)— o por propia convicción, el tema ha estado presente en los discursos de campaña y documentos programáticos, en algunos casos con mucho énfasis.
Para las agencias internacionales que evalúan el riesgo de incobrabilidad de las deudas soberanas y les ponen una nota que sirve de guía a los inversores, el proceso electoral de este año es un dato más a tener en cuenta. Sus calificaciones ponderan tanto la capacidad de pago de los gobiernos como la voluntad que muestran de honrar los compromisos financieros.
Así, los analistas de Standard & Poor‘s, Moody’s o Fitch —por nombrar a las tres más conocidas— miran los números de la macroeconomía, en especial las cuentas fiscales, pero también prestan atención a los mensajes de los políticos que participan en la carrera electoral. Algunos ya han mantenido contacto con los equipos técnicos de los aspirantes presidenciales y otros lo harán en los próximos meses, cuando decanten las candidaturas tras la elección del domingo 30, según consultas efectuadas por Búsqueda. Pero las agencias son cuidadosas de no interferir con el proceso electoral y optaron por esperar a que avance el año para hacer eventuales modificaciones a la calificación de la deuda uruguaya —en los tres casos dentro del rango de investment grade— o a la perspectiva que la acompaña, señaló una de las fuentes.
Otra agencia, la canadiense DBRS, tituló un comentario sobre el país difundido la semana pasada: Próximas elecciones resaltan ventajas y desventajas para la calificación de uruguay. Señaló que el déficit fiscal siguió creciendo “a pesar de los esfuerzos de consolidación de la administración Vázquez”. Para esa calificadora, estabilizar la deuda en relación al PBI “requiere un ajuste fiscal de entorno a 1-2 puntos porcentuales”, y si bien dicha magnitud no es particularmente significativa, su implementación “es complicada ante la rigidez de algunos gastos clave”. Adicionalmente, una reforma previsional será “necesaria para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Pero para DRBS, a diferencia de lo que sucede en Argentina, en Uruguay la orientación de la política económica en sentido amplio “no está en juego”.
También algunos bancos con presencia en el mercado local siguen de cerca el escenario político. Un análisis de Itaú, fechado el lunes 24 y titulado Se inicia la carrera electoral, alude también a la debilidad de la economía y a la cuestión fiscal. Sus proyecciones, que incluyen el efecto de los “cincuentones”, fueron corregidas: en lugar de 3,1%, el déficit consolidado sería de 3,2% este año. Para 2020 la previsión pasó de un desequilibrio de 2,7% a 3% del PBI. Esas expectativas más pesimistas obedecen, en parte, a que la economía se encuentra “estancada”; crecerá en promedio 0,5% este año y 1,5% el siguiente (antes preveía 0,7% y 2%, respectivamente).
Discursos y promesas
En el Frente Amplio, Daniel Martínez, quien ha construido su precandidatura mostrándose como un buen gestor, dijo en la diaria del lunes 24 que el gasto público debe aumentar menos que lo que lo haga la economía; “por ejemplo, si el país crece 2%, el gasto público tiene que crecer 0,8% o 1%, más de eso no, para ir reduciendo”. Y agregó que “despilfarro, gorduras, gastos al santo cuete en el fondo son inmorales, y uno tiene que medir que el gasto logre el objetivo. Eso no te va a reducir 1% el déficit fiscal, tal vez te contribuirá 0,1%”.
Según la diaria del martes 25, la Intendencia de Montevideo informará que tuvo un superávit de $ 103 millones el año pasado; sería el tercero seguido con resultado positivo, lo que permitió, además, abatir el déficit acumulado sobre los ingresos de 23% en 2015 a 9% en 2018. Corresponde a un ejercicio en el que Martínez todavía estaba al frente del Palacio Municipal.
Carolina Cosse, que sigue al exintendente en las encuestas de intención de voto en la interna del oficialismo, ha sido menos categórica en cuanto a cómo manejar el gasto público, aunque sí fue crítica de algunas ideas de los precandidatos de la oposición.
Es que algunos de los postulantes de los partidos fundacionales ven la situación fiscal como delicada y consideran clave atacar el problema. Uno de los que piensa así es el blanco Luis Lacalle Pou; su programa de gobierno promete un “shock de austeridad” que ahorraría US$ 900 millones. “(…) Si no se frena el despilfarro del gasto, será difícil sostener las políticas sociales”, alegó Azucena Arbeleche, quien sería su ministra de Economía si gana las elecciones (Búsqueda Nº 2.017). La propuesta incluye la adopción de una regla fiscal que topee el gasto.
También los precandidatos Jorge Larrañaga y Juan Sartori, del Partido Nacional, que vienen por detrás en las encuestas para el próximo domingo, acusan al gobierno del Frente Amplio haber gastado en exceso.
“Aquellos que dicen que el presupuesto nacional es inelástico, que está indexado… Es cierto, pero hasta cierto punto. Hay cosas que verdaderamente se pueden tocar y van a tener un efecto importante. Todos conocemos esos gastos excesivos”, sostuvo Casilda Echevarría, coordinadora del programa de Sartori. El empresario y ahora político propone ahorrar el equivalente a tres puntos del PBI implementando un “software inteligente” para la gestión pública, pero en la entrevista con Búsqueda su asesora no supo fundamentar cómo sería (Nº 2.021).
Los precandidatos colorados han sido duros con el gobierno de Tabaré Vázquez por el manejo fiscal. Algunas propuestas en esta área son similares a las de los blancos. Por ejemplo, Ernesto Talvi plantea ahorrar hasta US$ 1.000 millones no reponiendo funcionarios públicos cuando se produzcan jubilaciones, fallecimientos o destituciones, además de una “ley de responsabilidad fiscal” que permita ahorrar durante los “tiempos de vacas gordas y usar el dinero” en momentos de debilidad de la economía.
Julio María Sanguinetti y su equipo de asesores —varios de ellos exjerarcas de su primer y segundo gobierno— también proponen austeridad fiscal. Eso por la vía de reducir la cantidad de funcionarios públicos, por ejemplo.
Por fuera de los tres partidos mayoritarios, varios precandidatos —como Pablo Mieres y Edgardo Novick— también alientan un uso más eficiente de los dineros públicos.
