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La Presidencia propuso en el proyecto de Rendición de Cuentas una reforma que implica el pasaje del derecho público al privado de las tareas de construcción y reparación de buques que se realiza en la Armada, buscando que exista competencia.
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La medida, que no fue consultada con las principales autoridades del Ministerio de Defensa, generó malestar en esa secretaría de Estado y en la Armada, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas a ambos organismos.
En la Presidencia están en conocimiento de ese descontento. En función de eso, dijeron que el proyecto puede sufrir “algún cambio”, aunque adelantaron que “la filosofía se mantiene”.
“Es imposible competir y conseguir clientes con el actual régimen de acción”, señaló a Búsqueda una fuente de la Torre Ejecutiva.
“Los tiempos del régimen de derecho público conspiran contra la competencia y por eso hay que ir al derecho privado”, agregó el informante.
“Sin duda y obviamente cuando haya que reparar buques la Armada tendrá prioridad. La Armada tendrá participación en la dirección del emprendimiento”, prosiguió.
Otras fuentes del gobierno dijeron que en esta área existe un “statu quo” que “no quiere que nada se toque y resiste los cambios”. Y agregó: “En este caso hasta Cofe (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado) y la Armada coinciden en no hacer grandes modificaciones y que todo siga como está”.
En contraste con esas posturas, el proyecto de ley que llegó al Parlamento el último día de junio incluye una reforma del régimen naval.
El artículo 322 de la iniciativa de Rendición de Cuentas propone la creación del Instituto Naval del Estado “que tendrá como objeto promover el desarrollo de la industria naval nacional y las actividades de construcción, reforma, reparación, mantenimiento y carenado de naves y navi partes de la flota del Estado y de privados”.
El Directorio de ese instituto estará integrado por “un representante designado por el Ministerio de Defensa Nacional, un representante del Ministerio de Economía y un tercero designado por el Ministerio de Industria, quien lo presidirá”, agrega.
El artículo 323 encomienda al Poder Ejecutivo “la creación de un fideicomiso de administración, pudiendo designar como fiduciario al Instituto Naval del Estado, con el fin de desarrollar actividades de la industria naval y conexas a las mismas”.
En unos de los aspectos más polémicos, el proyecto transfiere el patrimonio y el personal del actual servicio destinado a la construcción y reparación de buques de la Armada.
En efecto, el texto señala que la propiedad de los bienes muebles e inmuebles que actualmente están afectados al Servicio de Reparaciones, Construcciones y Armamento de la Armada, “se incorporarán al patrimonio del fiduciario referido”. Dicho servicio —agrega— “cederá al fideicomiso los contratos vigentes para actividades de la industria naval y conexas. Como consecuencia de ello, quedarán sin efecto las funciones, los deberes y las responsabilidades” que hoy le competen.
El artículo 324 dispone que “el personal civil o militar de la Unidad Ejecutora 018 del Comando General de la Armada que preste funciones en el servicio de Reparaciones, Construcciones y Armamento de la Armada a la fecha de constitución del fideicomiso que se cree para el cumplimiento de los objetivos del Instituto Naval del Estado y sea contratado por este, dejará de percibir las remuneraciones asociadas al desempeño de su cargo o función en la mencionada Unidad Ejecutora, reservándosele el cargo o manteniendo su contrato en suspenso, por un plazo de dos años”.
En 2012 en la Armada se dedicaron 162.317 horas hombre a la incorporación, sustitución, construcción y reparación de embarcaciones, según consta en la Memoria anual del Ministerio de Defensa.
