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El 15 de octubre Tabaré Vázquez recibió un nuevo premio por sus contribuciones a la salud pública. En Kazajistán, la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer lo distinguió por su impacto positivo en la lucha contra esa enfermedad. Un homenaje más a una larga lista acumulada, en especial durante su actual Presidencia, fruto de una estrategia continua que comenzó en 2005 y que desde 2015 Vázquez se preocupó por profundizar para posicionarla como una herencia de su segundo gobierno.
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“A través de sus políticas antitabaco, Uruguay logró constituirse como el primer país de América en ser considerado 100% libre de humo de tabaco en ambientes cerrados. Recientemente, hemos aprobado decretos en lo que refiere al empaquetado plano de productos de tabaco y el rotulado de alimentos envasados. Mediante una normativa legal integral estamos armando a nuestro país contra las enfermedades no transmisibles”, destacó en Kazajistán Jorge Basso, ministro de Salud Pública, enviado por Vázquez junto con una delegación oficial para agradecer el premio.
“El trabajo encabezado por el presidente Vázquez abarca medidas más amplias vinculadas a las enfermedades no transmisibles: enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes”, agregó el canciller Rodolfo Nin Novoa, el otro ministro que concurrió al evento.
Ante estos lineamientos de salud pública que estableció Vázquez, el Poder Ejecutivo está ahora enfocado en cumplir con el punto que le falta de su agenda: la aprobación de la ley que regula la distribución, comercialización y promoción de las bebidas alcohólicas. “Ese proyecto es un pendiente importante y cierra un paquete de medidas que pone a Uruguay, una vez más, en el primer lugar en el podio en materia de enfermedades no transmisibles”, aseguró a Búsqueda el prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo. Agregó que el acuerdo con la bancada parlamentaria del Frente Amplio es que el proyecto sea votado después del balotaje.
Sin embargo, distintos legisladores oficialistas consultados por Búsqueda afirmaron que la ley “no está entre las prioridades” para este período legislativo. Actualmente, el Parlamento está en receso, por lo que se debe convocar a una sesión extraordinaria, algo que no es sencillo luego de las elecciones. Además, en la bancada frenteamplista creen que hay que hacer cambios al proyecto.
La iniciativa fue enviada por Vázquez al Parlamento en setiembre de 2017 con el objetivo declarado de atender el consumo problemático de alcohol, principalmente entre menores, embarazadas y automovilistas. El propósito más global era coronar un conjunto de normas que ubiquen a Uruguay a la vanguardia del control de las enfermedades no transmisibles, y que ya incluyen medidas contra el tabaco, las grasas saturadas, azúcares y sal.
La ley crea un registro de vendedores de bebidas alcohólicas y actividades conexas y otorga al Ministerio de Salud Pública la potestad de otorgar los permisos para quienes deseen vender alcohol. Actualmente, quien produce, importa o distribuye bebidas alcohólicas se registra en diferentes organismos como la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, o los organismos competentes de los gobiernos departamentales, pero no existe un registro único.
Algunos de sus artículos generan dudas en los legisladores pese a las aclaraciones de Vázquez de que no se trata de una “ley seca” ni “tiene ningún ánimo de persecución”. Recién se aprobó en la Cámara de Senadores en julio de este año con cambios respecto al proyecto original. Luego de su votación en el Senado la iniciativa quedó detenida en la Cámara de Diputados, donde los cuestionamientos parlamentarios obligaron a que desde julio la ley se pusiera a análisis de la comisión especial de adicciones. “La discusión se ha movido, quizás no al ritmo que entendemos que es necesario”, dijo al respecto en rueda de prensa Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas.
Diputados por Canelones han planteado en varias ocasiones su preocupación por el impacto que la ley pueda tener en las bodegas de ese departamento, mientras que parlamentarios del Movimiento de Participación Popular advierten que, sin cambios en la redacción, afectará a los “pequeños boliches”.
Diputados por Canelones han planteado en varias ocasiones su preocupación por el impacto que la ley pueda tener en las bodegas de ese departamento, mientras que parlamentarios del Movimiento de Participación Popular advierten que, sin cambios en la redacción, afectará a los “pequeños boliches”.
Entre los legisladores existen reparos sobre el artículo 15, que prohíbe la realización de concursos, torneos o espectáculos públicos, con o sin fines de lucro, que promuevan la ingesta de bebidas alcohólicas, con excepción de las modalidades de cata o degustación. Consideran que puede afectar a eventos culturales tradicionales como la Fiesta de la Vendimia, la Semana de la Cerveza o la Fiesta de la Patria Gaucha.
“El componente fundamental de esas expresiones con tanto arraigo en nuestro país no es la ingesta de alcohol, pues no hay una promoción directa de su consumo. Por lo tanto, consideramos que el artículo claramente no se refiere a esas situaciones”, explicó Roballo en agosto ante la comisión especial de adicciones. “Distinto sería si en alguno de estos eventos o en otros se realiza, por ejemplo, un concurso sobre resistencia al consumo de alcohol, como se hizo hace un par de años en un local bailable, donde se propuso esa especie de competencia. Ante esta circunstancia, los organismos del Estado citaron a los organizadores y se logró evitarla. El artículo 15 se refiere a ese tipo de cosas, particularmente, si estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Me parece que en ese sentido no se generan dudas y no hay una afectación de las expresiones que mencionamos”, añadió.
Tanto en 2008 como en 2013 los gobiernos de Vázquez y de José Mujica intentaron legislar en la materia, pero no pudieron superar la discusión parlamentaria. “Uruguay tiene una política de regulación. Así ha procedido con el tabaco, que no es prohibicionista, es de regulación, y también con el alcohol. Obviamente, cada sustancia tiene sus particularidades que las normativas tratan de reflejar. Esta norma se inscribe en un esquema coherente de política pública de regulación de este tipo de sustancias”, señaló Roballo.
