Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo: “Nos sentimos con muchos derechos” y “pocas responsabilidades”

Volvió a usar la metáfora de una construcción con riesgo de desmoronarse cuando fundamentó que la buena administración implica que se “vigile que los funcionarios cumplan con los deberes, pero que gocen de los derechos. Nadie quiere conculcar derechos. Yo creo que es hora... (…) Es un poco como que nos sentimos con muchos derechos, pocos deberes y pocas responsabilidades. Por eso tengo un poquito de miedo de que el país, un país que ha defendido tanto un sistema muy apegado a la legalidad y a la juridicidad, un día, lo tengamos horadado desde tantos ámbitos, que se nos caiga el edificio. Mientras yo viva, no quiero que pase”.

Con indignación, contó que una industria frigorífica recurrió una multa que le fue impuesta porque un joven sufrió la mutilación de un brazo al trabajar con una sierra; según la empresa el trabajador había sido capacitado por “un obrero viejo”. Klett aseveró que este tipo de situaciones son frecuentes en ese sector de actividad; “esos chiquilines no tenían idea de que, por errores de la empresa, habían quedado discapacitados”. Según la titular del TCA, en este caso “falló el funcionario que debía controlar que el curso era idóneo, adecuado, una verdadera capacitación”.

También habló con enojo ante la pretensión de una firma de “importar, con total naturalidad”, un químico para eliminar plagas que, según dijo, está prohibido en la Unión Europea. “¿Somos la Suiza de América? (…) Para mí es el rostro, perdonen la palabra casera. ¿Cómo una empresa defiende a capa y espada una importación de productos que matan las abejas” y perjudican la salud humana? “Que compren (Donald) Trump en Estados Unidos, (Jair) Bolsonaro en Brasil cosas que intoxican no me extraña. Pero que Uruguay diga que defiende los derechos y que compre cosas que matan ...”, añadió. “No puede ser que autoricen esta importación”.

También cuestionó las “multas ridículas” que algunos establecimientos, por lo que ganan con el consumo de alcohol vendido a menores, “pagan locos de la vida”. Para la presidenta del TCA, el monto de esas sanciones monetarias son un “atentado” a la inteligencia. “Somos los mayores los que tenemos que poner las políticas públicas. No estamos parando el consumo de alcohol” entre la minoridad, afirmó. Según Klett, “lo mismo” ocurre con la “‘ley antitabaco’; (las prohibiciones) rigen, pero rigen a medias, porque no se defiende con la fuerza que se debería defender” en materia de “propaganda”.

También fustigó a un “comisario o subcomisario” que reclamó la anulación de su destitución, resuelta por haber dado salidas transitorias a presos por decisión propia, no de un juez. “¡O sea, invadió la función jurisdiccional, pero sin ningún prurito!”, afirmó.

Después de enumerar otras situaciones con las que pretendió mostrar la “erosión de los valores”, la abogada se refirió a la obligación para las personas de tener aptitud física y moral cuando ingresan a la función pública, condiciones que deben “perdurar” mientras trabajen para el Estado. “¿Cómo puedo permitir convertirme en alguien inepto y pretender permanecer? Pero qué, el Estado, los demás a los que puedo dañar gravemente, ¿deben tolerar que soy inepto?”, preguntó de manera retórica.

Sostuvo, en la misma línea, que al funcionario, cuanta “mayor jerarquía, más reforzados sus deberes. Debe mantener aptitud, formarse, capacitarse. (…) La conducta debe ser un ejemplo. No debe ser perfecto, pero es el líder, ¿no? (…) ¿Si el jefe de la cuadrilla se afana la nafta? Por que total siempre se hizo… ¡Pero es el jefe! Y está el miedo a denunciar, no vamos a pensar que eso no existe. Pero es un servidor público”.

“Lo político”

La jerarca sostuvo, además, que la “incompatibilidad tiene que ver con la transparencia. Y lo tengo que comparar con lo de los jueces, en el sentido de no simular algo que no es. No voy a dar nombres. Y acá me pregunto si lo político, de una manera u otra, lo político ­—ya vieron que hablé de la judicialización de todo—, si lo político a veces incide y cuánto, y cuánto tenemos que cuidar que eso no influya”.

Se refirió, sin identificar el caso concreto, a una sentencia por el traslado de un juez. “La sentencia es un tres a dos, o sea, una situación compleja, con unas discordias impresionantes para sostener la decisión de la Suprema Corte de Justicia, bueno, yo diría un poquito con alfileres, porque toda la fundamentación de la Suprema Corte son razones de mejor servicio. (…) Sí, pasa eso, pero si una persona es movida de un ámbito a otro en que la sociedad estaba preocupada por un tema específico y, al mismo tiempo, salen políticos de renombre a pedir sacarla… (…) No era un traslado cualquiera. Es una pantalla para no decir cuál era la razón profunda. Y lamentablemente, yo no saldría en la televisión ni loco a decir que ya tenía varias tarjetas amarillas”, afirmó.

En 2013, la jueza Mariana Motta, que había actuado en varias causas sobre violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, fue trasladada a una sede civil luego de que le hubieran sacado “varias tarjetas amarillas”, según dijo entonces un ministro de la Corte citado por El Observador.

“Así que lo del servidor público va también a cómo me vinculo con la sociedad, con la propia prensa, con los grupos de presión. Hay que manejarlo”, reflexionó Klett.