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Presos récord y fin de año, una combinación peligrosa en cárceles que la Policía enfrenta con acuerdos, Inteligencia y represión
El Ministerio del Interior prevé la instalación de cámaras de videovigilancia en las prisiones de mayor conflictividad; “rezamos para que no haya más homicidios” en lo que queda del año, dijo Heber
El crimen de la Navidad de 2005 dejó una marca permanente en el sistema penitenciario uruguayo. En la madrugada del 25 de diciembre guardias encontraron parte de un cuerpo descuartizado en un oscuro pasillo del Penal de Libertad. Llamaron a un grupo de apoyo, que ingresó a la celda contigua, en donde dos presos estaban tranquilamente sentados contra la pared, bañados en sangre; a su lado, una cabeza, un pene y dos testículos. El Cosita y el Sapo, condenados por asesinato y violación, habían matado brutalmente a uno de sus compañeros, según declararon, porque alardeó sobre uno de sus crímenes.
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El caso es emblemático de un momento siempre difícil en las prisiones: fin de año trae nostalgia, tristeza, ansiedad, frustración y un freno al cronograma habitual de las cárceles que deja a los privados de libertad en una situación vulnerable. Las licencias en la administración pública ponen en un impasse las actividades educativas, las visitas de operadores judiciales, las reuniones del comisionado penitenciario en el Parlamento y los pedidos de traslado a otros centros de reclusión. Además, la necesidad de reencontrarse con familiares en muchas ocasiones se ve truncada por salidas transitorias denegadas, salidas en libertad postergadas y un régimen de visitas inalterable.
La situación obligó al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a estar especialmente atento en este 2021, en un contexto de población carcelaria récord en el país, con elevados índices de hacinamiento y densidad. “Estos son los meses donde recrudece el delito y los problemas en las cárceles: son los momentos más duros, por la temperatura, uno no sabrá por qué, pero eso nos lo decían los directores: ‘¡Ojo con las cárceles en los meses de verano!’, y bueno, nosotros nos estamos preparando para eso. Vamos a estar muy arriba del tema porque son meses difíciles”, aseguró el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hace dos semanas en el Parlamento.
Superada días atrás la barrera de los 13.000, hoy son 14.014 las personas privadas de libertad, con una densidad aproximada al 140%: por cada 100 plazas disponibles hay 140 personas. El aumento de presos tiene como consecuencia menos lugares, con un Ministerio del Interior que a contrarreloj busca sumar nuevas cárceles al sistema. También aumenta la posibilidad de que disputas de las calles pasen a las prisiones, con integrantes de bandas enemistadas a veces recluidos en un mismo centro.
Fuentes policiales dijeron a Búsqueda que ambos elementos, sumados a la cercanía de fin de año, trajeron como consecuencia más inquietud y un mayor control del INR ante la “amenaza latente” de peleas o motines. El jueves 11 hubo un incidente en el módulo 3 de Santiago Vázquez que derivó en reclamos de los presos a la Policía por la represión. Heber argumentó que el accionar policial fue necesario “para evitar muertes y una masacre” entre grupos de prisioneros que se enfrentaron entre sí.
Desde el año pasado el INR comenzó a capacitar en el uso de armas a los operadores penitenciarios que cumplen tareas civiles en los centros de reclusión. Ante la queja de los trabajadores, el director del INR, Luis Mendoza, sostuvo que los entrenamientos se respaldan legalmente en un decreto de 2011 que avala el uso de armas en circunstancias de legítima defensa o peligro inminente. “Dentro de una cárcel nadie sabe lo que le puede esperar. No los voy a poner en la primera línea a pelear, pero tienen que saber cómo responder”, afirmó entonces Mendoza a Búsqueda.
Este año el instituto continuó con los cursos de seguridad para que los funcionarios policiales afronten motines, riñas, intentos de fuga, incautaciones, toma de rehenes, secuestros y homicidios. Reciben adiestramiento sobre equipos, indumentaria, protocolos y normativa institucional y especialmente en el manejo de elementos de defensa para disolver disturbios como los gases y agentes químicos. Algunos de los armamentos para los que se brindan cursos especiales son la escopeta Remington, modelo 870 express magnum, calibre 12/70, y los subfusiles HK MP5 y PP-19 Vityaz.
Además del empleo de la fuerza, el eje del INR está puesto en la prevención. Dentro de las capacitaciones que ofrece el Centro de Formación Penitenciaria se encuentra un curso sobre mediación y gestión de conflictos en el ámbito carcelario. “Estamos permanentemente hablando con los internos y recorriendo las cárceles para tratar de detectar los problemas antes de que sucedan. Por eso, es importante el trabajo de información e inteligencia que venimos haciendo con la Policía Nacional y los servicios dentro de la Policía”, señaló Mendoza el miércoles 24 ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria bicameral.
De cara al cierre de 2021, el INR elaboró un plan especial de seguridad y de diálogo con delegados de los privados de libertad, “para pasar estas fiestas, porque suceden cosas dentro de las cárceles”, dijo Mendoza. Los directores de cada unidad de rehabilitación tienen la orden de entablar contacto con representantes de los reclusos para evitar conflictos. Las fuentes indicaron que se espera alcanzar un acuerdo de “no agresión” en las cárceles más complicadas —Santiago Vázquez, Penal de Libertad, Canelones— y que la Policía analiza otorgar ciertas concesiones —más visitas, por ejemplo— para mantener la calma entre los reclusos. “Diciembre es problemático”, advirtió Mendoza.
Más allá de la estrategia a corto plazo contra la violencia en cárceles, el Ministerio del Interior prevé a futuro la instalación de cámaras de videovigilancia en ciertas prisiones. La posibilidad más factible es instalarlas en los centros de mayor conflictividad y en espacios comunes, como donde se reciben a las visitas familiares. Actualmente, solo hay una cámara en la puerta de entrada de Santiago Vázquez; también hay videovigilancia en los contenedores ubicados en la sede de la Guardia Republicana, donde funciona una pequeña prisión para reclusos de alta peligrosidad. Ese sistema está directamente conectado al Centro de Comando Unificado y fue instalado para controlar al narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia, extraditado en mayo de 2020 a Estados Unidos luego de ser detenido en Uruguay en 2016.
Luis Alberto Heber. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Rezamos
Ante un crecimiento anual de 6% de la población penitenciaria, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó en setiembre a los legisladores un plan de combate a la reincidencia y en favor de la rehabilitación. “En parte importante del sistema el hacinamiento es crítico, encontrándose celdas que eran para 6 personas hoy alojando a más de 10 internos o pabellones totalmente desbordados con cuchetas fabricadas caseramente con hasta tres y cuatro pisos de camas en muy malas condiciones de convivencia. La sobrepoblación existente genera terribles consecuencias en la cárcel. La violencia aumenta por las malas condiciones de convivencia y la falta de espacios personales, el personal se desgasta, descree del sentido de su tarea y ocurren omisiones y errores de procedimientos, la violencia institucional en estos contextos tiende a crecer”, alerta parte del informe.
Ante el Parlamento, Heber admitió un “hacinamiento generalizado en el sistema carcelario nacional” y sostuvo que el principal punto de atención para el gobierno son sectores de Santiago Vázquez, el Penal de Libertad y Canelones, donde hay enfrentamientos entre presos. En 2021 hubo 17 homicidios y 12 suicidios en las cárceles, una cifra en línea con los últimos años pero que inevitablemente parece que aumentará. “Rezamos para que no haya más homicidios en lo que va del año y no por un tema estadístico, sino por una cuestión de preservación de la vida. Es mucho más proclive que haya más homicidios con 14.000 presos que con 11.000. Naturalmente se pueden dar, porque en los meses de verano recrudece el enfrentamiento”, indicó Heber. En 2015 los homicidios fueron 10, 16 en 2016, 17 en 2017, 18 en 2018, 20 en 2019 y 17 en 2020.
El informe de Petit promueve las medidas alternativas a la prisión como el mecanismo más eficaz para disminuir el conflicto en las cárceles y recuperar a los presos. De todas maneras, sostiene que si el objetivo es solucionar el problema vía infraestructura, “los números fríos” afirman que hoy se requieren alrededor de 4.000 plazas nuevas para terminar con el hacinamiento.
El ministerio tiene justamente el foco de su reforma en la construcción de nuevos centros de reclusión, especialmente con tres cárceles dentro del predio del Penal de Libertad. En total van a implicar 3.551 plazas nuevas. “Yo estoy en un estado de emergencia para construir cuanto antes las cárceles, pero los tiempos burocráticos, de análisis, las leyes que nos rigen hacen prácticamente imposible que yo pueda obviar pasos. Eso es gestión y lo que tengo que hacer como ministro es achicar esos plazos para poder llegar en un año a tener esas cárceles en funcionamiento”, dijo Heber a Búsqueda.
