Primeras medidas del gobierno sobre derechos humanos quedan soslayadas por discrepancias entre los miembros de la coalición

La información que recibieron Tyler y Mota los dejó tranquilos. Habían hecho unos cálculos de cuánto se necesitaba para seguir la tarea (algo menos de US$ 700.000 al año) y estaban preocupados sobre todo por los salarios de los antropólogos e investigadores y el arrendamiento de las retroexcavadoras que operan en el ex batallón 13, en Gruta de Lourdes, y el batallón 14, en Toledo, con respaldo de la Intendencia de Canelones.

Mientras el coronel y dirigente de Cabildo Abierto se mantuvo en silencio, García dejó en claro que el ministerio colaboraría no solo porque lo obliga la Ley Nº 19.822, sino porque “es algo que queremos hacer de todas maneras”. En el mismo sentido se expresó la vicepresidenta Beatriz Argimón.

Apenas ingresó a la Torre Ejecutiva, Lacalle Pou hizo otro gesto contundente: designó al frente de la Secretaría de los Derechos Humanos para el Pasado Reciente a Matilde Rodríguez Larreta, viuda del exdiputado blanco Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinado en Buenos Aires en 1976, y convertida en un símbolo de la lucha por los derechos humanos al presidir la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la Ley de Caducidad una década más tarde.

A pesar de tener problemas de movilidad, Rodríguez Larreta tomó la conducción de la secretaría.

La ley que dispuso el pasaje de la búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), impulsada por el fallecido excoordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia Felipe Michelini, no incluyó en el traslado del equipo de siete historiadoras, liderado por Fabiana Larrobla.

El contrato de las historiadoras venció en febrero, mientras que la INDDHH optó por contratar a dos periodistas para apoyar la investigación de los desaparecidos. Fuentes consultadas por Búsqueda dijeron que la asociación de ex presos políticos Crysol y el fiscal especial de delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe coincidieron en la necesidad de que el trabajo de los historiadores continúe mediante un acuerdo, marco que existe entre la Fiscalía de Corte y la Universidad de la República (Udelar).

El trabajo de los historiadores, aunque no tiene la misma visibilidad que las excavaciones, ha permitido no solo tener un contexto, sino también sumar a la lista nuevos desaparecidos, como ocurrió a fines del año pasado con el uruguayo Aldeber Elgart en Mar del Plata, y el argentino Pablo Horacio Osorio Yamuni en Uruguay, ambos en 1977.

Mientras explora la posibilidad del acuerdo con Udelar, la fiscalía que dirige Perciballe continúa trabajando en la persecución penal de los delitos cometidos en dictadura. No obstante, para los fiscales aún es una incógnita cómo responderán en la práctica los ministerios de Defensa e Interior, el primero a los oficios y el segundo a la ubicación de los testigos e indagados, así como Cancillería para los casos fuera del país.

Las causas pendientes son unas 160 y en 20 de ellas hay pedidos de procesamiento, algunos desde 2017 y, a su vez, entre los cerca de 140 presumarios existen casos que llevan hasta nueve años sin avanzar.

Manini Ríos redobla

Las decisiones adoptadas por el nuevo gobierno en sus dos primeros meses de gestión en el tema de derechos humanos, que podrían ser vistas como positivas por quienes reclaman avances en esa área, fueron soslayadas por los discursos de uno de sus socios clave.

En su primer discurso en el Senado, Manini Ríos cuestionó que se detuviera al excapitán Lawrie Rodríguez en medio de la feria judicial sanitaria. “¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando a militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?”, preguntó el líder de Cabildo Abierto, quien ya había criticado a la Justicia cuando era comandante en jefe del Ejército.

La tesis de no poner “viejos presos” no es original de Manini Ríos, ya que antes fue aducida por dos referentes del lado de la izquierda: el expresidente José Mujica, que hace años habló de “venganza”, y la exministra de Defensa Azucena Berrutti, que además fue abogada de presos políticos durante la dictadura.

El tono y contenido del mensaje, sin embargo, no cayeron bien entre sus aliados del gobierno, al punto que el canciller Ernesto Talvi y el ministro de Trabajo Pablo Mieres respondieron públicamente a las críticas de Manini Ríos a la Justicia.

“Reafirmamos nuestra confianza en el Poder Judicial como pilar del Estado de Derecho y garantía de los DD.HH. Las sentencias de los jueces podrán gustarnos o no, pero el respeto a los jueces y a sus sentencias es garantía de la convivencia democrática. Sin Justicia no hay República”, escribió Talvi en su cuenta de Twitter acerca de las palabras de Manini y luego respaldadas calurosamente por el presidente del Centro Militar, Carlos Silva (Búsqueda Nº 2.068).

El subsecretario de Defensa les respondió con ironía a Mieres y Talvi a través de Twitter, exponiendo una fisura en el Poder Ejecutivo. Mieres dijo a Búsqueda que “es seguro que tenemos diferencias, no es ninguna novedad, pero deben manejarse con respeto”, y añadió que el Elgue lo había llamado para disculparse.

Si bien dijo que lo ideal es que los integrantes de la coalición de gobierno no expresen en público sus críticas para no mostrar divisiones, el lunes 4 Manini Ríos defendió a Elgue pese a su rectificación. “Yo no sé exactamente los pormenores del tuit, pero lo que estaba escrito en ese tuit era una repuesta hasta lógica a lo que habían dicho esas personas”, afirmó el senador durante una entrevista con Todo pasa, de Océano FM.