Lo que sigue es un resumen de la entrevista con Búsqueda.
—¿Por qué todos los gremios decidieron no asistir a la celebración del Día del Poder Judicial?
—Todos los gremios coincidimos en que este último período no ha sido uno donde el diálogo haya sido fácil con la Corte, no hemos tenido posibilidad de buena comunicación, incluso, pidiendo audiencias o enviando notas, no nos las concedían o las notas se respondían con un lacónico ‘No ha lugar’ o ‘Estese a lo ya dispuesto’. Tenemos claro que la Corte es la autoridad del Poder Judicial, no pretendemos sustituirla ni obligarla a que nos incorpore en la toma de decisiones, pero sí hay temas que nos parecen muy relevantes y que hubiera sido muy útil y saludable tener una instancia de diálogo. Después cada gremio tiene su problemática particular, pero este tema era común a todos.
—¿A qué atribuyen esa actitud de la Corte, esa dificultad para conseguir instancias de diálogo?
—Realmente no sabemos por qué, no sabemos cómo se decide en la interna de la Corte. Son cinco ministros, por eso siempre focalizamos nuestros planteos a la Corte, en ningún ministro en particular ni presidente, porque entendemos que es la Corte quien resuelve por mayoría y podría, más allá de la opinión de alguno de los ministros, decidir tener otro tipo de actitud. Realmente no sabemos por qué es, pero sí es verdad que esto se está dando. También es verdad que la AMU trata de estar muy presente, de manera proactiva, y estamos planteando temas que son muy relevantes, por lo menos para los jueces, por ejemplo, lo que tiene que ver con la carrera judicial. Esto viene desde hace tiempo: arranca con la ley que reglamentó nuevamente la carrera judicial, siguió con una mesa de negociación con la Corte, que se cortó, luego se reinstaló, pero no se tomaron ninguno de los planteos que se hicieron en esa mesa. Nuestra intención era dialogar con los ministros de la Corte pero se designó a los secretarios letrados que no tenían poder de decisión… Fue una negociación que no tuvo mayor utilidad. Quizás tenga que ver con un tema de modalidad de la Corte y también con un tema de planteos de la AMU, que van a temas muy relevantes que quizás la Corte todavía no quiere o no está dispuesta a conversar.
—Esta situación de puentes cortados con la Corte, ¿se había dado en otros años, con integraciones distintas, o es una situación atípica?
—La verdad es que en otras directivas de la AMU que integré recuerdo que había un diálogo, incluso más allá de lo institucional. Porque en realidad somos todos jueces, con todos los ministros de la Corte he integrado tribunales, trabajamos en los mismos casos, somos colegas, y siempre hubo un buen diálogo. En lo personal, en el uno a uno, quiero pensar que eso sigue existiendo. Pero a escala institucional hay como un puente cortado que obviamente, por la forma en cómo nos estamos comunicando, no está funcionando. Nuestra esperanza es que esto se modifique. Lo que queremos es mejorar ese diálogo para trasladar nuestras ideas, quizás algunas sean tomadas por la Corte y otras no, pero se pueden encontrar soluciones intermedias.
—Decía que no quieren atribuir responsabilidad a un ministro o al presidente Tabaré Sosa porque la Corte es un órgano colegiado, pero ¿piensan que cuando el año que viene asuma la presidencia John Pérez, que tiene un perfil más dialoguista, esta situación pueda mejorar?
—Espero que sí, ojalá que sí. No quiero que esto signifique nada en contra de otros pero espero y apostamos a que todo cambio sea para bien. La presidencia de la Corte es rotativa, John Pérez tiene una personalidad abierta al diálogo y mucha experiencia de gestión también. Tengo la mayor esperanza en que sí, que pueda ser un mejor período. Por lo menos tuvimos una respuesta, que llegó después de toda nuestra salida y decisión de no ir al Día del Poder Judicial, de que parece que va a haber una instancia de diálogo una vez que la Corte esté integrada (hoy hay un cargo vacante tras la salida de Luis Tosi). Ojalá que así sea y que sirva para avanzar.
—La AMU ha reclamado que se reglamente de forma clara el mecanismo para ascender en la carrera judicial y que se aplique la Ley 19.830, pero eso no ha sucedido hasta ahora. ¿Cómo ven esta situación?
—Es así, nosotros creemos que la ley está vigente y por lo tanto debería ser aplicada. De todas maneras, la ley trae los grandes titulares, requiere para su aplicación una reglamentación. Entonces lo que creemos es que si la Corte entiende que el Parlamento invadió sus atribuciones, puede igual, como hizo hace muchos años con la acordada que creó la comisión asesora para los ascensos, reeditarlo pero con mucho más profundidad. Esa acordada estuvo bien en su momento, porque no había nada, pero creemos que es momento de dar un paso más. Hay criterios que han demostrado en muchos años de aplicación que no son suficientes. Nosotros apostamos a una reglamentación mucho más allá. Es un tema básico y lo que queremos es sentarnos a dialogar. No hemos tenido ninguna respuesta a lo que le planteamos, que es un concurso de oposición y méritos, donde se toman en cuenta todos los aspectos que inciden en la carrera. Hicimos un proyecto, se lo llevamos sobre fines de julio. Y desde ese momento estamos enviando notas, preguntando, hemos pedido audiencias para ver qué va a pasar y no hemos tenido respuesta.
—Incluso internamente la Corte tiene diferencias sobre cuál es el mecanismo vigente hoy. Meses atrás envió un pedido de venia al Parlamento para ascender a un juez con base en el resultado de una prueba de conocimiento, sin tomar en cuenta la lista de ascensos elaborada por la comisión asesora; decisión que tuvo la discordia de una de las ministras…
—Sí, hay un problema, y es cuál es el sistema vigente en la actualidad. Por lo que se trasunta de sus decisiones, no hay acuerdo en la propia Corte sobre cuál es el régimen vigente. Nosotros no nos oponemos a las pruebas de conocimiento para ascender, pero creemos que son un componente, no puede ser el único. Para ser un buen juez necesitas más que un día en el que te haya ido bien en la prueba de conocimiento. Pero la Corte ni siquiera parece tener consenso en eso. Y el gran problema es qué van a aplicar para el año que viene. Esa prueba de conocimiento se suponía que era un componente más para que la comisión asesora tuviera en cuenta (al elaborar la lista) para el año 2022. Todo esto genera mucha incertidumbre, mucha inseguridad en los jueces. No es solo tal cargo o tal otro, es tu vida, el lugar donde vivís, donde está tu familia, es una carrera muy particular que incide no solo en la parte profesional sino en la parte humana de los jueces, y por lo tanto tener un mínimo de certezas es absolutamente necesario.
—También debe pesar el querer saber si están juzgando y reconociendo tu trabajo de forma justa y transparente...
—Ni que hablar. Nosotros creemos que hay que ir a un sistema con puntajes preestablecidos para cada ítem, incluso los informes de los superiores procesales, se tiene que transparentar y hacer de otra manera. Ahora son informes reservados, que se hacen una vez al año, y son muy genéricos. Nosotros lo que plantemos es un sistema donde cada vez que tú evalúes una sentencia de un tribunal inferior ya tengas que hacer la evaluación del juez con base en parámetros preestablecidos.
—Otro de los asuntos que la AMU pretendió resolver en diálogo con la Corte fueron las dificultades con los cursos de formación continua, que este año pasaron a tener una evaluación obligatoria y un peso en futuros ascensos. ¿Cuáles fueron esos problemas?
—Arrancamos en febrero con este sistema, en el cual los jueces tienen que cumplir 20 horas de cursos en los que hay que rendir prueba, que hay que aprobarla, y si no se cumple es un demérito que se comunica a la comisión asesora. La AMU no está en contra de que haya cursos de formación continua y que sean calificados, lo que pedíamos eran reglas claras. Por ejemplo, arrancó el año y solo había un curso disponible para anotarse. No estaba el calendario de todo el año. Por lo tanto, tampoco había cupos para todos los jueces. Y tampoco hay cursos en todas las materias. Con una consecuencia muy grave, porque si no podías anotarte te afectaba para un eventual ascenso. Hemos estado todo el año planteando los problemas y tratando de aportar soluciones en el ámbito del Centro de Estudios Judiciales. Al comienzo estaba todo muy en el aire, aunque con el correr del año algunas cosas se fueron solucionando. Para el año que viene la grilla de cursos ya fue aprobada por la Corte y esperamos que algunos de estos puntos se solucionen.
Otra cosa que pasaba es que los jueces que daban los cursos también competían por los cargos. Es decir, evaluaba a colegas que eran competencia directa, y en la medida que esa nota puede incidir para definir un ascenso… Ahí se definió que solo los ministros de tribunales pueden ser docentes, con lo cual ese problema lo evitás pero te perdés muy buenos docentes. Lo que AMU siempre planteó es que se hagan pruebas de conocimiento con corrección a ciegas, para que no sepas a quién le ponés la nota. Esperamos que eso se concrete el año que viene y sea un avance en las garantías.
—Este año ha sido uno especialmente turbulento en la Corte, con desacuerdos entre los ministros, cuestionamientos públicos, reuniones que el presidente no comunicó a los demás integrantes, marcha atrás en decisiones como la supresión de 20 Juzgados de Paz, entre otros episodios. ¿Al gremio le preocupa esta situación? ¿Cree que esta situación ha afectado la administración de la Justicia?
—La Corte tiene dos roles totalmente distintos. Uno es el rol como máximo tribunal de justicia, en el cual no existe ningún cuestionamiento sobre la autoridad académica, moral y la calidad de las sentencias. Eso está fuera de discusión y es importantísimo. En el plano de gestión sí, desde la AMU tenemos realmente preocupación… Todo este tema de relacionamiento que planteaba incide directamente en la gestión. Lo que pasó con los juzgados de Paz del interior que se iban a cerrar, que después era un error y no eran 20 sino cuatro, parece como muy complejo de admitir un error de ese tipo, es grave en el máximo organismo judicial del país. Claramente creemos que hay un tema de gestión allí, que los ministros de la Corte van a tener que evaluar. Hay un tema donde la gestión del Poder Judicial no siempre es la más eficiente, o quizás hace muchas cosas pero no las comunica bien. El tema gestión para nosotros es una fuente de preocupación porque es la que incide directamente en el día a día del funcionamiento del Poder Judicial.
—¿Cree que esto puede haber afectado la imagen de la Justicia uruguaya?
—Espero que todo esto sea una anécdota de un período. Que se revierta. Y rescato como importante, como ciudadana de Uruguay, que nadie discuta el nivel de la Corte como tribunal. Me parece fundamental, porque cuando uno mira a la redonda las supremas cortes y los poderes judiciales están muy cuestionados por sus decisiones. La Corte no está cuestionada por sus decisiones jurisdiccionales, es justo señalarlo. Sí en la gestión dio lugar a muchos cuestionamientos, desde los medios, los gremios, la sociedad. Espero que esto se revierta y de ahora en más se trabaje de otra manera.
—¿Qué otros temas son prioritarios para la AMU en 2022?
—Tenemos todo un trabajo sobre la justicia de Paz, justamente luego de lo que sucedió con los cierres de los juzgados, para redefinir el rol de esos juzgados. Eso lleva de la mano analizar el tema recursos, porque requerís no solo juzgados sino defensa, y la defensa tiene un problema grande de recursos. La idea es convocar a todos los gremios que integran el Poder Judicial y también al Colegio de Abogados para trabajar en este tema y ver cómo hacer para descentralizar la Justicia pero dando un servicio adecuado y de la misma calidad que en la capital. Queremos aportar soluciones.
