Procesamientos de políticos muestran la “independencia” de fiscales, que deben tener “cuero duro” para aguantar críticas, opinó Jorge Díaz

En los últimos meses la actuación de los fiscales estuvo en el ojo de la tormenta por los pedidos de procesamiento de políticos de diversos sectores. Primero fue el fiscal de crimen organizado Juan Gómez, quien solicitó en diciembre el procesamiento sin prisión del entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y de quien era el titular del banco República, Fernando Calloia, por “abuso de funciones”. La solicitud del fiscal ameritó la reacción de diversos dirigentes del Frente Líber Seregni que lo acusaron de perseguir a ese sector. Más adelante, y accediendo a una solicitud de la fiscal Nidia Morosini, la jueza Mariela Tejera procesó al ex intendente de Treinta y Tres (2005-2010) Gerardo Amaral por el delito de “conjunción del interés personal y público”. La actuación de Amaral fue respaldada por una caravana que llegó hasta Treinta y Tres y en la que participaron los intendentes frenteamplistas Ana Olivera (Montevideo), Marcos Carámbula (Canelones), Patricia Ayala (Artigas) y Artigas Barrios (Rocha). También participaron en la manifestación el ex intendente de Montevideo y actual ministro de Educación y Cultura —autoridad administrativa de quien dependen los fiscales— Ricardo Ehrlich y el secretario político del Frente Amplio, Gerardo Rey, entre otros.

“Independencia”.

“Estos procesamientos muestran la independencia de los fiscales. Los fiscales uruguayos son independientes y debemos bregar por mantener esa independencia. Incluso más, debemos tratar de asegurar esa independencia de forma tal que la ubicación institucional del Ministerio Público, que hoy está dentro del Poder Ejecutivo, no lo esté más”, reflexionó el jerarca.

“Somos, junto a algunos estados mexicanos, los únicos en esta situación en América”, recordó. Y de inmediato puntualizó: “Sobre los procesamientos en sí mismos no me voy a pronunciar porque cada uno de los fiscales actuó en esos expedientes con independencia técnica y aplicó la ley según su leal saber y entender”.

“Son todas decisiones que están recurridas y eventualmente van a ameritar el pronunciamiento de los tribunales de apelaciones e incluso de la Suprema Corte de Justicia, en cuyo caso yo deberé pronunciarme”, añadió.

Díaz expresó que ni él, como jefe de los fiscales, ni ninguno de los representantes del Ministerio Público que intervinieron en estas causas recibieron algún tipo de queja o presión indebida. “Eso habla muy bien del sistema democrático que tenemos en Uruguay”, valoró.

A pesar de respaldar la actuación de sus subordinados, el fiscal de Corte advirtió que estos deben aguantar los cuestionamientos que tanto los políticos como la opinión pública realizan de su labor.

“Los fiscales somos funcionarios públicos a los cuales la sociedad nos paga un salario para cumplir una función y como tales nuestros actos son cuestionables y criticables. Cualquier ciudadano tiene derecho a criticar la decisión de un juez o de un fiscal así como critica a los legisladores o a los miembros del Poder Ejecutivo. Esa es la esencia de la democracia”, argumentó.

“Obviamente, uno pretende que eso se haga en un marco de respeto, pero en términos generales no creo que criticar un dictamen fiscal sea antidemocrático o que se pretenda presionar con ello”, insistió.

Para Díaz las críticas son “gajes del oficio” y los fiscales tienen que tener el “cuero duro” como para aguantarlas y “seguir adelante trabajando con honestidad intelectual y de la mejor manera”.

“Se terminó”.

Estas reflexiones del fiscal de Corte se producen a dos años de haber asumido el cargo. A pesar de haber recibido la unanimidad de los votos del Parlamento, Díaz no tuvo un camino fácil para llegar al lugar que ocupa. El hecho de haber sido anteriormente juez de crimen organizado le generó el rechazo de algunos fiscales que se opusieron a la propuesta que hizo el gobierno porque pretendían que ese cargo fuera ocupado por uno de ellos.

“Para mí esa discusión se terminó desde el momento de mi designación. Hoy estamos todos en el mismo barco y de mi suerte depende la suerte de cada uno”, afirma sin dudar.

Entre los objetivos que ha alcanzado en estos años destacan los concursos que se han llevado a cabo para llenar las vacantes. Por esa vía se crearon 48 cargos de fiscal adscripto en la base de la carrera y recientemente se realizó un llamado para fiscal departamental y fiscal nacional.

“Es decir que a partir del primero de enero de 2014 no ingresa ni asciende nadie si no es a través de un concurso”, subrayó. “Eso para mí es muy importante porque es un compromiso asumido incluso antes de ser designado ante la comisión de asuntos administrativos del Senado”, prosiguió.

En materia de recursos materiales, el fiscal de Corte indicó que el año pasado se produjo la mudanza de todas las fiscalías penales a un edificio de la Ciudad Vieja cerca de los juzgados de la misma materia.

“Eso permite que los fiscales cumplan con la obligación de asistir a las audiencias”, remarcó Díaz.

El año pasado también se compraron 200 computadoras y este año “si se tienen los refuerzos presupuestales pedidos” se van a adquirir 300 máquinas más de modo que todos los funcionarios y fiscales tengan “una terminal conectada en red a un servidor”.

Junto con estos “avances” el jerarca destacó la actuación que está llevando adelante el fiscal inspector, Luis Pacheco, quien está por terminar una recorrida por todas las sedes del Ministerio Público del país. En esa recorrida se ha detectado que hay oficinas que funcionan “muy bien, otras más o menos y otras mal”. Entre las que funcionan bien están las de Bella Unión y Colonia, lo que ha merecido una anotación positiva en el legajo de los funcionarios. “En los casos en que se ha detectado un mal funcionamiento y que ameritan una investigación administrativa, se han hecho”, apuntó.