Procesamientos y judicialización de la política

Ante esto, otra vez varios dirigentes políticos salen con el tema de la “judicialización de la política”(al decir de E. Valenti, “es peligroso para la política y para la democracia”), anteponiendo una vez más lo político sobre lo jurídico, y haciendo actos políticos de desagravio a los procesados, en crítica a las decisiones del Poder Judicial. Si bien es necesario rever la amplitud de la ley que castiga el abuso innominado de funciones para los administradores públicos, no es prudente eliminar la única herramienta que hay para castigar a los políticos o administradores públicos que meten la pata (siquiera la mano en la lata). Castigar solamente por ley ordinaria de malversación de fondos o enriquecimiento ilícito, es un muy mal paso para el control de la Administración Pública. No solo es delito beneficiarse económicamente abusando de las funciones, también lo es hacer las cosas mal (más si hay pérdidas para el Estado). Ser un administrador público implica responsabilidad sobre los recursos de todos los uruguayos, y su impacto es mucho más general que el de una empresa privada. Afecta positiva o negativamente a quienes aportan mediante impuestos y que a su vez con ello se les paga el sueldo. Imaginarse que lo hecho por Calloia, Lorenzo y Zimmer no sea penado es un delirio con el que sueñan muchos políticos. Dar carta blanca y no ser responsables legalmente por sus actos como administradores de gobierno, es un disparate. ¿Solo se les juzgaría si roban? ¿Será el pueblo quien los sancione con su voto y no la justicia? Es una falacia, porque simplemente la habilidad de comprar silencios mediante pseudo-obras sociales es una de las mejores armas de la política: la demagogia. Nadie está libre de cometer errores, pero los administradores públicos tienen el deber y la obligación de obrar bien y de rendir cuentas (cosa rara de ver), y también tienen la obligación de responder por sus malos actos. El Tribunal de Cuentas, auditor por excelencia de la Administración Pública, no tiene poder sancionatorio ante desvíos de las normas legales en actos de administración gubernamental, y por la misma razón los políticos en cargos de gobierno hacen, en la inmensa mayoría de las veces, caso omiso a sus observaciones y advertencias. La sordera a no pocas observaciones realizadas por el Tribunal han perjudicado al Estado y por ende a todos nosotros (con pérdidas económicas que solventamos con impuestos). Entonces, ¿se debe dejar al libre albedrío del sistema político la sanción de los casos de faltas sin beneficio (dolo) personal de los administradores? ¿Sería válido el argumento del Ministro Lorenzo sobre que todo lo que hizo fue en bien de la República sin tener más sanción que la crítica de los partidos de oposición? Es un reverendo desatino y una discrecionalidad inaudita, que alimenta el argumento banal de la judicialización de la política, que no es más que una artimaña que pretende dejar sueltos de manos a los políticos (y muchas veces a los pseudo-políticos que entraron por la ventana con otras intenciones), con la excusa de que es por el bien de los uruguayos y de la República, como si se tratara de un “bien preferente” en que los ciudadanos no tenemos capacidad de discernir tratándonos de tontos e ignotos. En los países serios, quienes cometen faltas (y muy menores), directamente renuncian, piden perdón y se someten a la Justicia. No hacen actos políticos de desagravio; tienen vergüenza. El Poder Judicial tiene su cometido y toda persona que obre en contra de la ley debe comparecer ante él y atenerse a sus fallos. Somos todos iguales ante la ley, con el debido proceso. Quizás, habría que darle herramientas sancionatorias al Tribunal de Cuentas. Si las normas no son las correctas para una buena administración, que se cambien por la vía que corresponde, pero dar carta blanca a los gobernantes, no pasa más que en las republiquetas.