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En los últimos diez años se ha instalado en Uruguay un conflicto legal entre la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), que desde 2007 gestiona los derechos de autor de productores uruguayos, y varias asociaciones y gremiales empresariales, por el reclamo de pago de derechos surgidos de la difusión pública de contenidos audiovisuales. El conflicto se radicalizó cuando Egeda Uruguay, a la que están afiliadas unas 50 empresas productoras locales, inició juicios a Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Multiseñal y Cablevisión en reclamo de esos pagos. Egeda Uruguay es una asociación civil sin fines de lucro que tiene varios acuerdos de representación mutua con otras entidades también llamadas Egeda, con las cuales forman una federación, pero según sus directivos funciona en forma “autónoma e independiente”. La primera Egeda se fundó en España en 1990 y luego en República Dominicana, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Uruguay.
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La creación y regulación de Egeda Uruguay fue aprobada por el Poder Ejecutivo en una resolución del 12 de noviembre de 2007, avalada por el Consejo de Derechos de Autor (del MEC), que la autoriza “a funcionar como entidad de gestión colectiva para la protección, defensa, gestión y representación de los intereses y derechos de los productores de obras y grabaciones audiovisuales”. A través de múltiples convenios internacionales, Egeda representa los derechos de más de 13.000 productores nacionales y extranjeros de más de 700.000 largometrajes, series televisivas, cortos y documentales.
En un documento institucional, Egeda fundamenta su actividad en las leyes uruguayas de derechos de autor (9.739 y 17.616): “Comunicación pública es todo acto mediante el cual la obra se pone al alcance de pluralidad de personas, por cualquier medio o procedimiento, sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. A modo de ejemplo, constituye comunicación pública hacer accesibles al público —mediante cualquier instrumento idóneo— las obras transmitidas o retransmitidas por televisión. En otros términos, los derechos que gestiona Egeda Uruguay son aquellos que el productor no puede gestionar directamente. Se llaman derechos de gestión colectiva. Nos referimos al derecho de comunicación pública en espacios abiertos al público y el derecho de retransmisión”.
Uno de los ámbitos de acción de Egeda es la televisión para abonados. “Si por ejemplo, el productor cede sus derechos a un canal abierto y este a su vez retransmite ese contenido a otros cableoperadores, al productor le es más difícil enterarse, y entonces actúa Egeda”, indicó a Búsqueda Helena Nosei, directora de Egeda Uruguay. Pero también los productores reclaman el cobro de derechos a los dueños de tiendas, restaurantes, hoteles, peluquerías o instituciones deportivas o de salud con televisores para el público. “El contrato con un proveedor de TV para abonados, un servicio como Netflix o al comprar un DVD, es para uso privado. La difusión pública está prohibida. Eso está siempre en las leyendas”, señaló Nosei.
Intervención y cese.
Varias cámaras empresariales rechazan la legitimidad de Egeda y piden al gobierno el cese de su funcionamiento. El jueves 26 de octubre, nueve asociaciones, entre las que figuran Andebu, Cambadu, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, la Cámara de Comercio y Servicios y la Cámara de Instituciones Deportivas, expresaron en un comunicado su “grave preocupación ante las arremetidas ensayadas en diversos ámbitos por la entidad denominada Egeda Uruguay”. Acusan a Egeda de representar “intereses económicos de empresarios mayoritariamente extranjeros” y de exigir “pagos indiscriminados que entendemos sin fundamento”. Sostienen que sus asociados son “en su gran mayoría micro, pequeñas y medianas empresas” que pagan “todos los tributos, precios, tasas y demás erogaciones que establece la normativa vigente”. Agregan que denunciaron ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Poder Ejecutivo “graves irregularidades acontecidas en el trámite de autorización y en el funcionamiento de la aludida entidad” y reclaman al gobierno la “urgente intervención” y el “cese inmediato de la actividad abusiva de Egeda”.
El lunes 30, Egeda respondió en otro comunicado que actúa “con estricto apego a la ley, tal como han reconocido las autoridades del MEC” y “rechaza enérgicamente” el comunicado por “contener afirmaciones erróneas, inexactas, engañosas y contrarias a la verdad”. Nosei subrayó que la entidad representa a la enorme mayoría de los productores y cineastas uruguayos, que sienten que se está ejerciendo una presión directa hacia el gobierno e indirecta hacia la Justicia para evitar el pago de un derecho consagrado. Subrayó que la gestión que hace Egeda está respaldada en la Constitución y en la Ley de Derechos de Autor, así como los músicos e intérpretes perciben sus derechos por Agadu y Sudei.
Platino.
Nosei destacó que Egeda reserva un 20% de su recaudación neta para generar un fondo de desarrollo de producción audiovisual en Uruguay, “que sería mayor a todos los fondos públicos si los grandes actores del medio pagaran los derechos que corresponden; como los canales privados uruguayos, que son los más vistos, emiten menos del 1% de su grilla de audiovisuales uruguayos, los productores asociados a Egeda crearon este fondo”. En la misma línea, todas las Egeda reunidas otorgan desde 2014 los Premios Platino al cine iberoamericano, cuya tercera entrega tuvo lugar en Punta del Este en 2016.
En su comunicado, Egeda afirma que “los socios de las cámaras de comercios y asociaciones empresariales —entre los que se encuentran los propietarios de los operadores de TV para abonados que en conjunto facturan más de 300 millones de dólares anuales o instituciones deportivas de elite como el golf y el tenis, que en muchos casos se benefician de concesiones municipales— pretenden no cumplir con la ley y hacer prevalecer sus privilegios e intereses económicos y ganancias por sobre los legítimos derechos de los integrantes del sector cultural y creativo”. Acusan a las gremiales empresariales de “arremeter contra nuestra institución desde 2007” y de “lisa y llanamente no pagar por el trabajo y los derechos ajenos, y utilizar sin retribución los bienes culturales creados por otros”. La carta de Egeda agrega: “No tiene razón quien grita más fuerte, o actúa con prepotencia. Confiamos en la Constitución y en la ley, en la seguridad de que prevalecerán el Derecho y la Justicia”. Y debajo de la firma, reza la leyenda: “Respetar los derechos de los productores audiovisuales deja ver nuestra cultura”.
Desde febrero de 2016, Egeda viene siendo auditada por el MEC, y según Nosei “no han encontrado reproche jurídico alguno ni a la autorización ni al accionar de Egeda Uruguay”. Una sentencia judicial de un Juzgado de Paz montevideano fechada el 25 de octubre de 2017 dio la razón a Egeda ante un recurso presentado por un hotel. El fallo constituye, para la entidad, “aun en su modestia, un primer precedente en materia de la Legitimación Activa de Egeda Uruguay”.
“Es simple”.
La actual comisión directiva de Egeda Uruguay está integrada por Walter Tournier (Los Tatitos, Selkirk), Mariana Secco (Salado, productora de Wilson) y Lucía Gaviglio (La Gota Cine, Mi mundial). Entre los socios figuran reconocidos productores como Fernando Epstein, Ricardo Casas, Mario Jacob, Elena Roux, Mario Handler, Natacha López, Álvaro Brechner, Manuel Nieto, Esteban Schroeder e Yvonne Ruocco. Epstein, socio fundador de Egeda, productor con 15 años de trayectoria en Control Z, y hoy a cargo de Mutante Cine, entiende que “el medio cinematográfico ha crecido mucho en Uruguay pero no así los fondos públicos de apoyo al audiovisual; es como un niño que crece y le seguís poniendo todos los años el mismo buzo. Con Egeda y con la Asociación de Productores Audiovisuales del Uruguay (Asoprod), los productores comprendimos que generamos un derecho de autor y tenemos derecho a reclamarlo, así como un músico percibe su derecho de autor cuando su canción suena en la radio. Es simple, está amparado en una ley”.
