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    Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo apoyará en una “cambio de paradigma” en la reforma del Estado

    Ante el descalabro por el Covid-19, la discusión con algunos organismos internacionales de los planes de apoyo al país con el nuevo gobierno se dilató. Uno ya acordado es con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que involucra básicamente cooperación técnica y no dinero, a diferencia del que se negocia, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo.

    El programa del PNUD para 2021-2025 apunta a contribuir a la “transición económico-productiva para la igualdad y la sostenibilidad” de Uruguay, así como a una “reconfiguración de la matriz de protección social”, junto con otras medidas de “mejora de las políticas de ciencia y tecnología y el desarrollo del capital humano” que deberían aumentar la “cohesión social y la resiliencia multidimensional” de la población, señala el organismo en el documento.

    “Nodos”

    El plan concebido con el gobierno de Luis Lacalle Pou se basa en tres “nodos” de acción.

    Primero, una “transición económico-productiva”. En ese sentido, el PNUD “ayudará al país a avanzar hacia sistemas productivos, inversiones y prácticas de consumo sostenibles que contribuyan a una distribución equitativa de los beneficios” a nivel social y territorial.

    En segundo lugar, propende a una “mayor capacidad de inclusión social y participación ciudadana”. Eso en el entendido de que Uruguay “tiene importantes objetivos pendientes” en esta materia y, por consiguiente, debe “seguir ampliando las capacidades básicas a los grupos y comunidades históricamente excluidos”.

    Como parte de este “nodo” el PNUD menciona que “contribuirá a la transformación del sector público apoyando un nuevo sistema funcional de carreras y políticas modernas de gestión humana, generando beneficios directos en la gestión de la administración pública mediante un sistema claro de incentivos y normas transparentes para los ascensos y el desarrollo profesional. Esto beneficiará al país a través de la retención de personal calificado en el sector público y mediante una mayor eficiencia en la gestión pública”. Agrega que respaldará un “cambio de paradigma en la reforma de la administración pública, contribuyendo a su modernización”.

    El tercer “nodo” está relacionado con el anterior, pues alude a la instauración de una “nueva arquitectura de soluciones para la cohesión social” en la medida que en Uruguay continúa habiendo “trayectorias diferenciales de acceso a las oportunidades y al bienestar, lo que exacerba la segregación socioterritorial”. Junto con las organizaciones de la sociedad civil y los ministerios de Ambiente y de Desarrollo Social, el PNUD apoyará “soluciones universales contextualizadas para la cohesión social y la resiliencia comunitaria desde una perspectiva de gobernanza amplia e inclusiva”. Asimismo, se propone aumentar la “pertinencia” del “plan relativo a las viviendas informales y precarias”, que ha sido una prioridad en las sucesivas administraciones.

    Bajo este mismo “nodo” asegura que la reforma de la seguridad social prevista por el gobierno “generaría condiciones que favorecerían la sostenibilidad del sistema y garantizaría la igualdad intergeneracional y horizontal”.

    Riesgos para el programa

    Lo usual es que los organismos ponderen los potenciales riesgos —de distinta índole— para la ejecución del programa de apoyo a Uruguay. En este sentido, el PNUD señala en el documento que las “dificultades de negociación interna dentro de la coalición” liderada por Lacalle Pou “o del sistema político podrían afectar a las prioridades definidas en el programa del país”. Acota que la “dinámica de la coalición gobernante exige la aplicación de medidas innovadoras de mitigación y gestión de riesgos, como lograr la participación proactiva de los principales interesados mediante el ‘trabajo en voz alta’ para alcanzar y mantener el consenso en torno a las prioridades de desarrollo”.

    Por otro lado, la desaceleración de la actividad económica, “agravada por el impacto del Covid-19, podría profundizar las restricciones financieras y presupuestarias y las tensiones distributivas. En ese contexto, el PNUD seguirá promoviendo los procesos de diálogo con los partidos políticos, las instituciones académicas, la sociedad civil y el sector privado para examinar las reformas previstas”.

    Al mismo tiempo, considera que la situación creada por la epidemia “ofrece la oportunidad de experimentar y probar nuevas soluciones en contextos de incertidumbre. La desaceleración económica plantea problemas que solo se superarán mediante modelos alternativos de consumo y producción. La conmoción sufrida por el sector privado constituye una coyuntura crítica para crear vías de cooperación con nuevos asociados en la interfaz entre los sectores público y privado”.

    • Recuadro de la nota

    Estancamiento y políticas que perdieron “eficacia”

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