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    Programas para pobres son “costosos” y eso genera debate en el gobierno y los sindicatos, admiten en el Mides y el PIT-CNT

    “Hay que ser vago en esta vida para que el gobierno te dé una mano”. Esto es parte de un comentario que se podía leer en la última semana en la página de la red social Facebook del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) al anunciar que entre el 24 y 30 de abril están abiertas las inscripciones para participar del programa Uruguay Trabaja, una medida que otorga empleo transitorio y capacitación a personas en situación de pobreza.

    Esa es una de las críticas que recibe el Mides cuando presenta algunas de las iniciativas destinadas a las personas más pobres. Pero las críticas no solo vienen del ciudadano común o militantes de los partidos de la oposición, sino de las propias “filas” del partido de gobierno o los trabajadores sindicalizados, según reconocieron el ministro Daniel Olesker y el secretario general del Sunca (sindicato de la construcción), Óscar Andrade.

    Olesker, Andrade y el ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, participaron de una mesa sobre “Montevideo y la inclusión social” el martes 15 en la Rural del Prado.

    Los programas de asistencia directa a las personas pobres a través de las asignaciones familiares, pensión a la vejez, la Tarjeta Uruguay Social (que permite la compra de alimentos y artículos de higiene), Jóvenes en Red (para atender a quienes ni estudian ni trabajan), Uruguay Crece Contigo (que atiende a madres y niños menores de 4 años), Cercanías (seguimiento a la situación de las familias más pobres), Plan Juntos, Uruguay Trabaja, atención de personas en situación de calle y el Plan 7 Zonas (trabajo en barrios con problemas de pobreza y seguridad), insumen al Estado un gasto cercano al 3% del PBI, unos U$S 400 millones anuales, estimó Olesker.

    “Los programas prioritarios son todos distintos, para niños, jóvenes, familias, pero tienen cosas en común que los hacen ser exitosos. Son programas de proximidad en los cuales hay un vínculo directo y eso los hace costosos y no caros, que son cosas distintas. Costoso hace referencia al volumen de dinero que se gasta y caro hace referencia a que es más lo que se gasta que lo que se obtiene de beneficio. Estos programas no son caros, pero sí costosos y por eso son debatidos en nuestras propias filas”, dijo Olesker en la charla.

    Algo similar planteó Andrade. “Hay una batería de programas sociales y creemos que tendría que haber más para el Mides, para las asignaciones, para el Plan Juntos, pero está claro que eso está en debate, no con el dueño de una multinacional que vive en Punta Gorda, está en debate con nuestros compañeros que en el vestuario nos dicen ‘pero che, ¿será posible que se le siga dando a los que no tienen y yo que ahora tengo un salario un poquito mas allá pago dos pesos más de IRPF y no me dan asignación?’. En ese sentido hay una derrota si esa es la concepción”, sostuvo.

    Olesker defendió lo realizado hasta ahora porque es parte de la construcción de un “modelo de desarrollo” y “de igualdad”. Las medidas, dijo, permitieron que en nueve años bajara en un millón la cantidad de personas pobres en todo el país.

    El ministro destacó que los programas están asentados en el territorio y son de “trayectoria”, basados en la “interacción con los prestadores sectoriales como salud, educación”. “No son un fin en sí mismo, sino tránsitos hacia la matriz universal de protección social”, agregó.

    Andrade, en tanto, puso ejemplos de situaciones de pobreza que ha buscado solucionar desde el Sunca. “Cuando debatimos sobre políticas sociales, y del recorte del gasto, hablamos de estos dramas, por más que se nos quiera imprimir la filosofía de Mirtha Legrand de ‘ay, esos pobres llenos de hijos’, o como dijo Bianchi ‘esos vagos que no quieren trabajar’”.

    Sobre fines del año pasado, el Mides lanzó la campaña “Mitos y verdades de las políticas sociales”, para enfrentar ideas como que el Estado les “da plata a los vagos”, explicó en su momento Olesker.

    Uno de los “mitos” es que los hogares beneficiarios de programas del Mides viven solo de las transferencias. Un hogar con seis menores a cargo, la mitad en primaria y la otra en secundaria, recibe $ 7.299. “No es posible vivir exclusivamente de las transferencias sociales”, dice el trabajo del Mides.

    Respecto a cuánto invierte el Estado en los hogares más pobres, el informe indica que el 1,8% del gasto público es destinado a transferencias mediante las asignaciones familiares y la Tarjeta Uruguay Social (para comprar alimentos y productos de limpieza).

    Olesker dijo que una prioridad es expandir la autogestión productiva y social como forma de “organización alternativa”. Planteó además un incremento del gasto público en educación que lo lleve al 6% del PBI y dijo que un tercer gobierno del Frente Amplio debería establecer que un docente no puede ganar menos que un policía.

    Información Nacional
    2014-04-24T00:00:00