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    Propuesta de reforma incluye opciones para aumentar la edad de retiro a 65, ingreso mínimo desde los 71 años y jubilación parcial

    En algunas décadas, los libros de historia podrán definir a esta etapa como la “primavera de las canas”: hay una vejez más enérgica, más productiva y más saludable. Pero eso que a todas luces es una buena noticia tiene como trasfondo un “invierno demográfico”: en los países desarrollados las poblaciones se reducen, mientras la proporción de personas de mayor edad seguirá creciendo. Y este dato es una señal de alerta para los sistemas previsionales.

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    A la metáfora de las estaciones apela Rodolfo Saldain en su libro La era de los nuevos viejos, publicado en abril de 2020, unos meses antes que la Ley de Urgente Consideración (LUC) creara la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS). Los nueve miembros oficialistas en el grupo trabajaron en los últimos dos meses en acordar un “documento de trabajo” que servirá como “insumo” para las recomendaciones al Poder Ejecutivo. El martes 5 lo recibieron los otros seis integrantes, representantes por el Frente Amplio (FA), el PIT-CNT, los pasivos y las cámaras empresariales. Esa modalidad de trabajo no cayó bien entre los tres delegados de la coalición de izquierda.

    El documento —al que accedió Búsqueda— recomienda mantener el régimen mixto “como eje central del sistema”, con algunos agregados de previsión complementaria voluntarios. También sugiere incorporar un “ingreso mínimo garantizado” a partir de los 71 años para quienes no tengan aportes. Plantea dos caminos para elevar la edad de retiro a 65 años y un modelo para combinar el trabajo y la jubilación. También propone cambios para las cajas especiales.

    La discusión en el ámbito de la CESS seguirá ahora entre los delegados de los partidos de gobierno y los otros seis; un documento final debe ser presentado antes de fin de mes al Poder Ejecutivo, que prevé enviar durante 2022 un proyecto de ley al Parlamento.

    “Impulsar la reforma previsional es fundamental para garantizar la sostenibilidad fiscal, incluso si el ahorro fiscal resultante tardara en materializarse”, señaló en una declaración difundida ayer miércoles 6 la misión del Fondo Monetario Internacional que hizo la revisión anual del país.

    Más trabajo

    Una recomendación que se relaciona de forma inmediata con una reforma es el aumento de la edad de retiro, hoy en 60 años para hombres y mujeres para acceder a la jubilación.

    El documento propone dos opciones con “diferentes velocidades”. Uno de los planteos “de transición” podría iniciarse para los nacidos en 1967, aumentando un año por cada año sucesivo, hasta llegar a los 65 años para los nacidos en 1971. La otra opción tendría un impacto “sensiblemente atenuado”: iniciaría el proceso con quienes hoy tienen 50 años, indica como ejemplo.

    Recomienda no modificar la edad de retiro de los nacidos antes del 1° de abril de 1966 y que la elevación de la edad sea gradual. Y que todos los sistemas converjan en el mismo criterio.

    La exigencia de un mínimo de 30 años trabajados no se plantea modificar.

    Por otro lado, los oficialistas en la CESS proponen abordar el desafío demográfico también con un esquema que permita seguir trabajando una vez retirado, para lo que plantean dos criterios de diseño. Uno considera a un trabajador que quiere continuar en el mismo empleo y acceder al mismo tiempo a la jubilación. En este caso, “se podría habilitar el acceso a la jubilación parcial, con matices en el monto a percibir respecto al retiro total”. El otro camino es para quienes desean tener un vínculo laboral distinto y acceder o mantener una jubilación. Para estas situaciones se podría aplicar el “principio general de compatibilidad entre actividad y pasividad”, pero limitadas a ciertas excepciones, como las jubilaciones por incapacidad.

    Ingreso

    Hay un “criterio central” para determinar el acceso a las jubilaciones y su monto: un énfasis en el “esfuerzo de aportación”. El documento recomienda establecer una “tasa de adquisición de derechos” a aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio y que variaría según la edad efectiva de jubilación. La fórmula para el cálculo implicaría multiplicar los años computables por un coeficiente de adquisición. Eso busca un “mayor vínculo” entre los aportes durante la etapa laboral y los beneficios al jubilarse, una relación que no suele ser lineal.

    Este criterio central es justo —según los delegados del gobierno de coalición en la comisión de reforma— porque el jubilado cobraría en función de lo que aportó. Pero hay otro criterio solidario, que garantiza un “ingreso mínimo” y considera a quienes, en la etapa laboral, no alcanzaron los niveles mínimos de aportes o llegaron a un monto de jubilación “insuficiente” para pasar la vejez.

    Para estas situaciones, recomiendan un suplemento para la “jubilación contributiva” —la que se alcanza según los aportes— financiado con recursos fiscales. Este complemento “decrece a medida que aumenta la jubilación contributiva obtenida” y se deja de percibir cuando el monto supera por tres el valor mínimo de referencia (establecido en “consonancia” con el monto de la pensión no contributiva por vejez).

    A quienes no les corresponda una jubilación por sus aportes recibirán este “ingreso mínimo garantizado” a partir de los 71 años (siempre que tengan residencia en el país). Estiman que tres de cada cuatro jubilados recibirían este suplemento. Proponen que accedan a este ingreso mínimo también quienes tengan causal por incapacidad física.

    Cálculo

    Plantean que la jubilación contributiva se calcule promediando los mejores 300 meses de “asignaciones computables aportadas actualizadas” o, si no se alcanzan, de los registrados en la historia laboral. La tasa de reemplazo (el porcentaje que se cobra como pasividad respecto al ingreso laboral) actual de 45% para quien aportó 30 años, se mantendría al jubilarse con la edad mínima propuesta de 65 años.

    Ahorro

    La reforma que está en discusión ahora buscará corregir algunas ineficiencias que se heredaron del pilar de ahorro individual introducido en 1996, en manos de las administradoras de fondos previsionales (AFAP).

    La mayor rentabilidad, el menor costo posible, en condiciones de seguridad adecuadas y conforme al ciclo vital de las personas, son las cuatro condiciones necesarias para “sacar el mejor provecho de los aportes” jubilatorios, según el documento.

    Los delegados del oficialismo consideran que una de las mejoras necesarias es un cambio en la regulación de las comisiones máximas que cobran las AFAP. Sugieren establecerlas sobre la base del “promedio ponderado del sistema” y otorgarle la facultad de hacerlo al regulador.

    También recomiendan que puedan incorporar al portafolio más acciones de renta variable y otros activos del exterior, así como la creación de un tercer subfondo (que surgiría de la división del actual de “acumulación”), orientado a las edades más jóvenes.

    En cuanto a este pilar de capitalización, también se propone “acentuar la atención sobre el ciclo vital de las personas” y “revisar la razonabilidad y los costos para las personas asociadas a la garantía de rentabilidad mínima”.

    Otros cambios

    En otros puntos del texto, de 107 páginas, los delegados del oficialismo sugieren crear comisiones o grupos técnicos para analizar cambios a la tributación patronal rural y para la revisión de las bonificaciones de algunos servicios. Otra sugerencia es que se extienda a todos los regímenes el cómputo de un año de trabajo extra por cada hijo (con un máximo de cinco) para las madres, y que se le consideren hasta dos años adicionales a uno de los progenitores (o fraccionados entre ambos) por hijos con “discapacidad severa”.

    • Recuadro de la nota

    Cajas: régimen mixto para todos