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Para los gobiernos de los 190 países miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI), la “determinación” de las autoridades uruguayas para reformar el sistema previsional, “que es clave para la sostenibilidad fiscal y la equidad intergeneracional, es encomiable”. Así lo señalaron sus representantes en el Directorio Ejecutivo al aprobar, a fin de enero, la revisión anual de Uruguay y sus políticas.
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Junto con ese pronunciamiento fueron divulgados algunos documentos técnicos sobre varios temas específicos relativos al país. Uno anexo refiere a la reforma de la seguridad social, con carácter descriptivo pero también propositivo.
“Uruguay tiene un impresionante sistema de pensiones” que proporciona “amplia cobertura” —alrededor del 90% de los ancianos y 80% de los trabajadores— y beneficios, ya que la jubilación promedio equivale a cerca del 60% del salario que tenía la persona cuando trabajaba. Esto, agrega el FMI, se refleja en una tasa de pobreza entre los adultos mayores de “solo alrededor del 2%”, en comparación con el 20% en la población infantil.
Pero el sistema está “muy fragmentado”, con un pilar público universal (que cubre a más del 90% de los cotizantes y pasivos al Banco de Previsión Social), otro complementario de cuentas de ahorro individuales obligatorias administradas por las AFAP, además de cinco regímenes especiales separados para empleados bancarios, profesionales universitarios, escribanos, militares y policías, con “reglas y beneficios muy diferentes”.
Plantea que el sistema general demanda “mayores recursos fiscales y necesita ser reformado. El gasto público en pasividades ha aumentado rápidamente durante la última década, alcanzando el 10% del Producto Interno Bruto o casi el 40% de los ingresos fiscales. Esto refleja no solo una cobertura integral y una población relativamente mayor (en comparación con países similares), sino también la generosidad del sistema, especialmente en la baja edad de jubilación (60 años para hombres y mujeres) y un mandato constitucional para indexar las pensiones al promedio de los salarios (beneficiando así a los jubilados de los altos aumentos de salarios reales anteriores y los incrementos de productividad en toda la economía)”.
“Es improbable que aumenten más los ingresos dada la carga fiscal ya elevada y las necesidades de gasto contrapuestas (en salud, educación e infraestructura)”, señalan los técnicos del FMI. Además, el envejecimiento de la población y el cambio tecnológico —que podría desplazar la demanda laboral hacia trabajadores con mayores habilidades— podrían ejercer mayor presión financiera sobre el sistema.
Propuestas adicionales
Frente a este diagnóstico, “hay un consenso general de que es necesaria una reforma que garantice la sostenibilidad” y promueva la equidad del sistema previsional uruguayo, subraya el documento. Y menciona algunas de las propuestas hechas por la comisión que actuó a instancias del actual gobierno y que serán la base de un proyecto de ley que en los próximos meses enviará al Parlamento. “Algunas reformas adicionales” a esas “serían deseables”, señalan los técnicos del FMI. Primero, recomiendan igualar las tasas de aportación para todos los regímenes y sectores de la economía. Segundo, plantean revisar la fórmula de indexación de las pasividades a la inflación en lugar del salario promedio, insistiendo en algo ya señalado por el organismo internacional en 2017 (Búsqueda N° 1.906). Finalmente, consideran que las comisiones cobradas por las AFAP a sus afiliados “podrían reducirse al traspasar la función de contabilidad al BPS”.
