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Las gremiales de productores rurales están preocupadas por la deuda acumulada del Estado con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Inia), principalmente por la no transferencia de lo que recaudó la Dirección General Impositiva (DGI) por el cobro de un adicional del Impuesto a las Enajenaciones de Bienes Agropecuarios (Imeba) y la falta de pago de la contrapartida que corresponde al Poder Ejecutivo para el financiamiento de ese organismo.
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Hay una deuda “antigua” acumulada de unos US$ 32 millones de la época en que asumió el gobierno colorado de Jorge Batlle y que en los últimos 15 años se fue pagando algo, pero que luego volvió a crecer, dijeron a Búsqueda las fuentes del sector. Destacaron que la DGI recaudó el impuesto adicional que pagan los productores y de esa parte hay US$ 4,1 millones que Rentas Generales no giró al Inia.
Del asunto ya fue advertido el futuro ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, quien quiso dejar en claro la situación en la que se encuentran algunos institutos público-privados del ámbito agropecuario.
Un tema a tener en cuenta es “cómo nos van a dejar el Estado” y, entre otras cosas, (por qué) “el gobierno le está debiendo al Inia en el entorno de US$ 30 millones, que en parte corresponde al impuesto que cobra el Estado cada vez que el productor vende ganado o lana”, dijo a Búsqueda Uriarte, que fue presidente de la Federación Rural entre 2013 y 2015 y en 2005 y 2006 integró la Junta del Inia en representación de la Asociación Rural. Acotó que esas “son cosas que la gente debe saber sobre la situación en la que asumiremos” los compromisos.
El Inia fue creado por la Ley 16.065 de 1989, como una persona jurídica no estatal, con el objetivo de formular y ejecutar programas de investigación agropecuaria tendientes a generar y adaptar tecnologías adecuadas a las necesidades del país y a las condiciones socioeconómicas de la producción del agro.
Otros propósitos que tiene definido ese organismo comprenden la participación en el desarrollo de un acervo científico y tecnológico, a través de su propia actividad o de una eficiente coordinación con otros programas de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria, así como la articulación de una efectiva transferencia de la tecnología generada a las organizaciones de asistencia técnica y extensión que funcionan en niveles público-privado.
Según la ley, los recursos del Inia provendrán del producido del adicional al Imeba, que es de hasta 4 por 1.000, del aporte del Poder Ejecutivo que deberá asignar anualmente y que será al menos equivalente al establecido en el punto anterior. Figuran además como fuente de financiamiento los fondos que obtenga por la prestación de servicios y la venta de su producción, ya que ese organismo tiene diversas actividades productivas en las estaciones experimentales distribuidas en el campo uruguayo.
Plan de pago
El tema en cuestión sobre la deuda figura en las actas públicas que divulga el Inia en su sitio web. Es el caso de la fechada el 19 de noviembre, que informa sobre la reunión que ese día mantuvo la Junta Directiva del organismo y en la que el representante de las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), Alberto Bozzo, indica que esa gremial solicitó una audiencia al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y “la confección de un plan o programa de pago de deuda que mantiene el Poder Ejecutivo con el Inia que quede documentado en esa instancia”.
En la Junta Directiva del Inia tienen representación varias gremiales del agro: la Asociación Rural y la Federación Rural, tienen un delegado titular y un suplente, y CAF, la Comisión Nacional de Fomento Rural, y la Federación de Grupos Crea (Fucrea) tienen un delegado titular y otro suplente.
También en una reunión de la Junta Directiva realizada el 29 de octubre estuvo presente el tema presupuestal, “el cual está generando inconvenientes al no estar siendo entregadas las partidas presupuestales en tiempo y forma, con la formalización de la deuda que mantiene el Poder Ejecutivo con la institución, como elemento a tener en cuenta en este sentido”, según consta en el acta respectivo.
El asunto es importante porque se trata del financiamiento de la investigación y la tecnología para un sector clave de la economía uruguaya, considerando los desafíos que deberá enfrentar en un mundo dinámico y con mayores exigencias en los mercados, argumentaron las fuentes consultadas.
Acotaron que además está la sensibilidad que esto genera entre los productores debido a que en su momento el gobierno saliente planteó con insistencia que el agro es un sector subsidiado por el Estado, pero en este caso se trata de impuestos que pagó la agropecuaria y que el Ejecutivo no cumplió en volcar esos recursos al Inia, como lo establece la ley.
Desde la Presidencia del Inia se envió una documentación al MEF sobre la deuda mencionada basada en la información preparada por la Dirección Nacional, el gerente de Operaciones y la asesoría jurídica del organismo en marzo, según consta en el acta de la Junta Directiva de fines de octubre.
