Proyecto de ley plantea limitar cantidad de locales a cadenas de supermercados para evitar que “devoren” a pequeños comercios

A su juicio, no se está “inventando nada” al proponer este tipo de regulaciones porque, afirmó, existen reglas similares en otros países. “En Estados Unidos, en España, Inglaterra, Chile, por ejemplo, se establecen normas que obligan que en 30 días se tenga que pagar el precio de la producción o de los elementos fabricados”, añadió.

Agregan que las “conductas monopólicas de muchas de las grandes superficies” que han venido comprando o arrendando comercios de cercanía para expandirse —pagando un porcentaje sobre las ganancias como contraprestación— han llevado a una “concentración del negocio en pocas manos”.

También indican que es una práctica difundida por parte de las grandes superficies la adquisición de mercadería con pago a plazos que pueden superar los 90 días, mientras que los pequeños comerciantes no acceden a esos mecanismos de financiación y en los hechos “siempre pagan dentro de los 30 días” de entregada la mercadería.

La iniciativa ingresó en la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y servicios de la Cámara de Senadores bajo el título “Libre competencia en el comercio” y regula las grandes superficies que exploten un área total de 200 metros cuadrados destinada a la exposición y venta al público de artículos alimenticios y de uso doméstico.

Establece que ninguna persona física o jurídica, conjunto económico o grupo de sociedades podrán ser titulares —ya sea como propietarios, arrendatarios, usufructuarios, franquiciados o similares— de más de 20 de esos locales en un departamento y 50 en total en el país. Agrega como otro límite: aún teniendo menos de esa veintena de establecimientos, si en conjunto ocupan más de 4.000 metros cuadrados de atención al público, deberán obtener el informe previo y resolutivo para su instalación de la Comisión Departamental de Protección de la micro, pequeña y mediana empresa comercial y artesanal del departamento. Y prevé que en caso de incumplir con ese requisito la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia —un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía— procederá a la clausura del local.

Por otro lado, la iniciativa plantea reglas para el pago en la compraventa comercial, como la obligación de pago dentro del plazo máximo de 30 días corridos contados desde la recepción de la mercadería. Para reforzar eso, “prohíbe todo acuerdo, convenio, estipulación o actuación de cualquier naturaleza que contravenga el plazo estipulado” y también le confiere a la autoridad en materia de competencia el rol de actuar en caso de incumplimiento. En la misma línea, propone modificaciones a la normativa de defensa de la competencia, incluyendo entre las “prácticas prohibidas” la fijación de un plazo de pago “distinto” a los 30 días corridos en las compraventas comerciales. E indica que dicha práctica podrá ser denunciada por los afectados o por las gremiales del rubro.

Libre competencia “en juego”

En el número de octubre de su revista institucional CambaduHoy, el Centro de Almaceneros, Baristas, Autoservicistas y Afines editorializa sobre el tema de la competencia con el supermercadismo: “Nuestros compatriotas son consumidores a la hora de abastecerse y no tienen por qué pensar en el futuro, pero los gobiernos sí; es su deber pensar en el futuro. Y serán responsables si dentro de pocos años solo tres cadenas concentran el 85% del consumo y, en consecuencia, desaparecen minoristas y también distribuidores, mayoristas, industriales e importadores que se verán inevitablemente arrastrados por la caída de minoristas”.

Agrega: “¿Las grandes superficies son más baratas para el consumidor? ¿En un local con 12.000 SKU (unidad de almacenamiento de existencias) hay precios bajos sin ser las poquitas ofertas que comunican? ¿Cuando solo se busca abastecer barato, se puede mantener la calidad de los productos que se ofrecen? Si alguien no tiene idea, las respuestas a todas las preguntas son no”. Para Cambadu, “hoy más que nunca” las “asimetrías se han disparado” respecto a las grandes cadenas. “Tenemos empresas que no tienen problema en perder decenas de millones de dólares en unos pocos años, tenemos empresas que pueden importar productos de cualquier parte del mundo y dejar afuera cualquier producción local. La libre competencia está en juego, el futuro se puede prever, y las consecuencias también: ¿De qué sirvió que desaparezcan las farmacias de barrio? ¿El hecho de que no existan más farmacias familiares hizo bajar los precios al consumidor? No, no bajaron los precios”, añade.

Con fecha del jueves 1º, la comisión de defensa de la competencia aprobó una operación de concentración económica en Maldonado que involucra a la cadena Tienda Inglesa.