Proyecto del Poder Ejecutivo para regular Uber es “restrictivo”, opinan oposición y empresarios; diputado oficialista ve inconstitucionalidades

La propuesta fue dejada de lado en Diputados y el Ejecutivo redactó un nuevo proyecto, esta vez enfocado en Uber y aplicaciones de transporte similares, como Cabify o Easygo. Pese a la experiencia acumulada, el nuevo texto fue recibido con críticas similares al anterior.

Otro artículo prevé quitarle la libreta por un año al conductor que esté usando la aplicación para servicios de transporte, y por dos en caso de reincidencia. A su vez, da potestades a los ministerios del Interior y de Transporte para ejercer controles, lo que se sumaría a la fiscalización que actualmente hacen las intendencias. En caso de que se compruebe que existió incumplimiento de la ley, los organismos públicos podrán promover en el Poder Judicial que el Banco Central imposibilite la transferencia de fondos “desde y hacia las cuentas de las personas físicas y jurídicas intervinientes en la prestación del servicio”.

Esas disposiciones, opinó Goñi, “contradicen” lo que recomiendan los expertos en la materia a nivel internacional. Dijo que buscan “encorsetar” los nuevos modelos de negocios con las “viejas” leyes y que es “impreciso” al establecer qué es lo que busca regular. Además, el legislador señaló que deben ser los gobiernos departamentales los encargados de reglamentar el transporte y que es “incomprensible” y hasta “parece broma” que haya sido el Ejecutivo el encargado de hacer un proyecto de ese tipo.

El texto indica que fue redactado en diálogo con la Intendencia de Montevideo. El director de Movilidad de la comuna, Pablo Inthamoussu, que pertenece al Movimiento de Participación Popular (MPP), dijo a Búsqueda que la propuesta está bien enfocada, que sirve para lograr que los actores compitan en “igualdad de condiciones” y que da “nuevas” herramientas para ejercer su función.

Si bien criticó la forma en que Uber se instaló en la capital e insistió en que el Estado tiene un rol regulador, el jerarca dijo que tampoco se puede “negar la realidad” y que, siempre y cuando se respete las normas, hay “lugar” para que funcionen nuevas formas de transporte.

La bancada del MPP todavía no discutió la iniciativa enviada al Parlamento, pero está a fin de apoyar la propuesta si eso lleva a una solución del problema. Si acompañan el proyecto, implicaría un cambio de posición respecto al que tuvieron hace unas semanas. Cuando llegó el primer proyecto enviado por el Ejecutivo, el sector liderado por el ex presiente y actual senador José Mujica dijo que no lo apoyaría porque entendía que la comuna ya poseía las herramientas legales para regular el transporte y frenar el avance de Uber.

En diálogo con Búsqueda, el diputado del MPP Daniel Caggiani dijo que “la normativa departamental es clara respecto a su rol”, pero que Uber, “tanto a nivel nacional e internacional, es una empresa que ha entrado de manera intempestiva en los mercados, con la fuerza de querer aggiornar las regulaciones con un hecho consumado y hay problemas de fiscalización”.

El presidente de la Cámara de la Economía Digital, Marcelo Montado, afirmó que el gremio que representa está de acuerdo con que exista regulación, pero no con la forma en que el gobierno está abordando el tema. “Es peor manejar un Uber que manejar alcoholizado”, dijo a Búsqueda el empresario, en referencia a la sanciones que impone el proyecto. Opinó que da un “mensaje negativo” al mundo ya que, en lugar de estimular que las empresas y los emprendedores diseñen este tipo de tecnologías en el país, lo desestimula. El objetivo del gobierno, dijo, no es “regular” sino “bloquear” el avance de las plataformas digitales.

Con este mar de fondo la Cámara de la Economía Digital redactó su propio proyecto, que consideran que preparará el terreno para que se fomente la inversión en tecnologías y se creen nuevas aplicaciones que faciliten la vida a los ciudadanos. El primer artículo del texto establece: “Decláranse de interés nacional las actividades vinculadas a la economía colaborativa, en mérito que la misma brinda nuevas oportunidades a los ciudadanos, contribuye a la calidad y crecimiento del empleo, fomentando y desarrollando la productividad, la competitividad y la innovación”. A su vez, establece un marco para la regulación: “Los órganos y organismos del Estado que compartan competencias en materia de contralor de las actividades alcanzadas por esta norma, deberán actuar coordinadamente para regular y ejercer los poderes jurídicos que les sean propios, brindando un marco normativo adecuado que posibilite el desarrollo de las actividades vinculadas a la economía colaborativa”.

Además de esa iniciativa, hay otro proyecto que apunta a regular las aplicaciones. Se trata de una iniciativa del diputado astorista Carlos Mahía (Frente Líber Seregni). “A los servicios contratados por estos nuevos medios se les deben aplicar las mismas reglas y normas que a los contratados por cualquier otro”, propone el legislador en el texto.

En diálogo con Búsqueda, Mahía explicó que “no se pueden utilizar las plataformas informáticas para eludir responsabilidades tributarias o esconder relaciones de trabajo, sino que, por el contrario, tiene que ser un instrumento para mejorar los servicios y la calidad de vida de la gente”.

El proyecto del legislador es visto con mejores ojos tanto por los empresarios como por la oposición. Es que, a diferencia de la propuesta que surgió del Ejecutivo, la de Mahía no otorga al Banco Central la potestad de bloquear cuentas en caso de que incumplan la ley. El 17 de octubre, en la Comisión de Innovación de Diputados, Mahía señaló que “la intervención del Banco Central como una especie de policía administrativa” puede desembocar en “eventuales inconstitucionalidades”, según consta en la versión taquigráfica.

De todas formas, el proyecto de Mahía —que fue aprobado por la bancada del Frente Amplio— y el enviado por el Ejecutivo serán tratados en paralelo, debido a que la iniciativa del gobierno apunta sobre todo a Uber, mientras que la del diputado refiere a las plataformas de intermediación de forma más general.

De hecho, legisladores del Frente dijeron que el proyecto del Ejecutivo será tratado por la Comisión de Transporte debido a su enfoque. Aunque el texto también quiere regular a las aplicaciones vinculadas con el alojamiento turístico y el arrendamiento de inmuebles, ya que en esos sectores también existen aplicaciones que escapan a las normas del Estado.