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La Cámara de Diputados estudia un proyecto del Frente Amplio para determinar un porcentaje de las vacantes laborales del Estado para las personas de raza negra, pero los legisladores discuten sobre la forma de llamarlos y de identificarlos, ya que entienden que la palabra “afrodescendientes” no está bien delimitada y puede generar dificultades de interpretación, pero al mismo tiempo consideran que utilizar la denominación “negros” no está aceptada en la sociedad y puede herir sensibilidades.
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El diputado Felipe Carballo (Compromiso Frenteamplista) —quien fue el encargado de la redacción de la propuesta— dijo a Búsqueda que el objetivo es “subsanar las discriminaciones de la población de raza negra”, y explicitó que al hablar de afrodescendientes lo que se busca es comprender a las “personas negras”. Explicó que se optó por usar ese término porque está “socialmente mejor aceptado” y porque —añadió— es una terminología que se ha comenzado a emplear a nivel regional e internacional.
La palabra “afrodescendiente” no existe en el idioma castellano, pero de forma separada, “afro” y “descendiente” sí están definidas en el diccionario de la Real Academia Española. La idea de “descendiente de África” comprende a personas que no son de raza negra, como muchos sudafricanos o habitantes del Magreb (norte de África), y al mismo tiempo puede dejar excluidas a personas uruguayas de raza negra que no tengan descendientes africanos cercanos en el tiempo. Pero el legislador frenteamplista aseguró que la intención del proyecto es “comenzar a legislar y subsanar a las personas uruguayas que sufrieron discriminaciones por su condición de ser negros en general”.
Para el diputado nacionalista Pablo Abdala (Corriente de Acción Renovadora) es necesario responder qué se entiende por afrodescendiente y evitar futuros problemas e injusticias con la ley. “Es una palabra que no existe, y me resisto a legislar con palabras que formalmente no integran el idioma castellano. Sí he llegado a concluir que se trata de un término que se ha aceptado por la sociedad, pero para usarla hay que definirla”, remarcó.
El embajador itinerante en asuntos de afrodescendientes, Romero Rodríguez, dijo en la comisión parlamentaria el jueves 7, que la palabra “negro” es algo muy discutido y quienes se especializan en el tema no lo aceptan, y que el término afrodescendiente fue tomado por las Naciones Unidas. “¿Afrodescendiente o afrouruguayo? No quiero perder la identidad. Soy uruguayo y afrodescendiente. Por lo tanto, soy afrouruguayo, y el término es muy importante porque nos lleva a la recuperación de nuestra identidad como afro y nos reivindica como orientales”, señaló el jerarca.
Nelson Loustaunau, que concurrió a la Comisión el jueves 14 en calidad de ministro interino de Trabajo, remarcó la importancia de definir qué es lo que se entiende por afrodescendiente, ya que en el derecho positivo uruguayo “no aparecería mención o definición sobre a quiénes considera”, y al ser la primera ley en este sentido “jugaría de carambola en todo el sistema jurídico”.
La diputada Berta Sanseverino (Asamblea Uruguay) declaró a Búsqueda que este es un problema importante a resolver, ya que no se puede dejar un vacío de estas características para la reglamentación de la ley. A su entender la mejor alternativa es tomar la idea plasmada en la ley para discapacitados, donde para presentarse a un llamado deben tener un certificado médico que determine la discapacidad de la persona.
“Se necesita un certificado, un trámite que determine su condición racial para que se confeccione una base de datos y pueda ser utilizada por los afrodescendientes a la hora del llamado”, dijo la diputada. De igual modo aseguró que primero se debe determinar “de forma clara” qué se entiende por afrodescendiente, es decir a quiénes comprende la ley.
Otro de los temas en discusión es el porcentaje de vacantes en el funcionariado público, ya que el proyecto establece 10%, pero Rodríguez dijo que los datos del último censo —que finalizó su etapa de obtención de datos a fines de 2011— demuestran que “la población afrodescendiente es 8%”. A su vez la directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Elena Tejera, dijo en la comisión el jueves 14 que el porcentaje es elevado, ya que en el caso de la ley para los discapacitados se determina un 4% de las vacantes, mientras que la población total de ese colectivo es de 8%. A su vez, Abdala sostuvo que uno de los elementos que se debe plasmar en el proyecto es que no puede ser una solución de carácter permanente, porque “a la larga se convertiría en una nueva forma de injusticia”, y por ello se debería discutir un período determinado de vigencia.
