Entre 2019 y 2022, ingresaron por designación directa 10.365 personas a las intendencias departamentales de todo el país, en su gran mayoría como funcionarios municipales. Según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el gobierno departamental que más tuvo ingresos a través de esta modalidad fue el de Lavalleja con 3.408 trabajadores (en 2022 tuvo también 3.019 bajas por fin de contrato), seguido por Soriano con 1.236, Artigas con 629, Cerro Largo con 581, Treinta y Tres con 554 y Salto con 518.
En tanto, las intendencias que tuvieron menos ingresos por designación directa en ese mismo período fueron San José (64), Flores (125) y Paysandú (179), mientras que Montevideo y Canelones se ubicaron en la media general (231 y 375 ingresos respectivamente).
Controlar el ingreso de personal a las intendencias y limitar las designaciones directas es justamente lo que busca un proyecto de ley impulsado por el colorado Adrián Peña, que fue aprobado el martes 12 en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado y que ahora deberá considerarse en el plenario de la cámara. Para lograr un respaldo mayoritario dentro de la comisión, el proyecto tuvo el apoyo de los integrantes del Partido Colorado, de Cabildo Abierto y del Frente Amplio. El Partido Nacional no lo acompañó. La sesión fue especialmente tensa debido a la premura con la que finalmente se votó, sin dar lugar a que se convocara a nuevos constitucionalistas para su análisis.
La iniciativa establece que “los ingresos y ascensos de personal a los gobiernos departamentales deberán realizarse a través de concursos públicos celebrados conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y a la justa ponderación entre la capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona”. Además, dispone que “en su defecto, los ingresos de personal podrán realizarse a través de sorteos públicos convocados y celebrados por los gobiernos departamentales de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades”.
El plenario del Senado votará el proyecto de ley durante la primera semana de abril y necesitará lograr una mayoría especial de dos tercios para aprobarse.
La iniciativa ha sido rechazada en diversas ocasiones por el Congreso de Intendentes, quienes sostienen que es “inconstitucional e innecesaria”, en tanto todos los gobiernos departamentales cuentan con estatutos propios que rigen los ingresos y la iniciativa atentaría contra su principio de autonomía.
“Por ahora vamos a esperar. Si se transforma en ley, se deducirán las acciones legales del caso”, dijo a Búsqueda el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, a raíz de la acción de inconstitucionalidad que prevén presentar los intendentes si se aprueba. Cuestionó además que no se haya citado a más constitucionalistas, lo cual a su entender demuestra que todo “responde más a una cuestión de campaña electoral que de tratamiento serio del tema”.
Intercambios
La discusión sobre el proyecto fue subiendo de tono durante la sesión del martes. Ante los cuestionamientos de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, Peña explicó que ya se había acordado que la iniciativa se votaría en la segunda sesión de marzo y que los intendentes ya habían presentado la información pertinente en el plazo estipulado. Según dijo, se trataba de información que no establecía “ninguna innovación” y que los jefes departamentales no presentaron ningún informe sobre la inconstitucionalidad del proyecto a la que aludían.
Además, dijo que las bancadas ya habían acordado un nuevo texto, a excepción del Partido Nacional, que, según Bianchi, no fue consultada, lo que generó molestia en la presidenta de la comisión. “Quiero dejar constancia de una falta de cortesía parlamentaria pocas veces vista. Me llama poderosamente la atención que venga de integrantes de la coalición de gobierno. Me refiero al hecho de impedir que traigamos a otros constitucionalistas. Nunca vi una cosa igual”, criticó la senadora. Bianchi acusó a Peña de venir con un acuerdo “que atraviesa al oficialismo y la oposición”, y opinó que “no es nada bueno para la coalición”.
“Después se verá cómo se dan las cosas, sobre todo porque somos el partido que tiene las autoridades en el Poder Ejecutivo”, agregó.
Ante esto, Peña afirmó que el Senado ya le había otorgado un plazo extra al Congreso de Intendentes para expresarse, y reiteró que esta era la fecha acordada para la votación, por lo que su partido “solo estaba avanzando en un compromiso asumido”. Bianchi, por su parte, aclaró que se refería al “estilo parlamentario y no al fondo del asunto”, básicamente a “los actos de llevar puestos a todos”.
—No le permito… —dijo Peña, ante los comentarios de la senadora.
—Me permitirá o no me permitirá, no se preocupe, sobre todo viniendo de un colorado riverista —retrucó Bianchi.
—¡No se lo permito!
—¿Quiere retarme a duelo?
Pasado el intercambio, el senador frenteamplista José Carlos Mahía dijo que será la Suprema Corte de Justicia la que determine la constitucionalidad o no de la norma, en caso de que sea aprobada. Su correligionario Eduardo Brenta, en tanto, aseguró que el proyecto implicará “una mejora para la gestión de los gobiernos y un avance en materia de transparencia en la gestión pública”.
Consultado Umpiérrez, quien participó en varias instancias previas en la Comisión de Constitución y Legislación, junto con otros jefes de gobiernos departamentales, aseguró que es una posición “ideológica pero no partidaria”. En su opinión, la discusión no es entre transparencia y opacidad, como sostiene Peña, sino que es una vieja lucha histórica entre “centralismo” y “descentralización”.
En esa línea, Umpiérrez dijo que durante el gobierno de Lacalle Herrera al menos tres intendencias recurrieron a una norma “exactamente igual” a la que se pretende imponer, acciones que fueron aceptadas por la Suprema Corte de Justicia como inconstitucionales. “Si se insiste con esto, obviamente vamos a tomar el mismo camino. Porque hay un trato casi peyorativo hacia los gobiernos departamentales, a los que se tilda como republiquetas bananeras”, cuestionó.
Según el jerarca, las intendencias tienen cerca de 39.000 funcionarios públicos desde hace 10 años, mientras que el gobierno central saltó de 230.000 a 300.000 en el mismo período. Además, los gobiernos departamentales tienen desde hace 15 años mejores balances financieros que el gobierno nacional, o sea que “esa ficción de manejar como con un toque de dejo folclórico y pintoresco al interior no es pertinente”, opinó.
Por último, se refirió a la posición manifestada por varios de los intendentes blancos. Según dijo, no es que las intendencias reclamen su autonomía sino que es algo que establece la Constitución de la República. El artículo 62, recordó, indica que fuera del marco de la ley nacional serán los gobiernos departamentales quienes implementarán sus propios estatutos de funcionarios, mientras que el artículo 61 contempla también cuáles serán las formas de ingreso.
“Los estatutos son competencia exclusiva y absoluta de los gobiernos departamentales, con la particularidad, además, de que la mayoría son producto de negociaciones con los gremios municipales de cada departamento”, opinó el intendente.
