“Y allí donde tenemos identificadas psicopedagogas —que en su enorme mayoría son mujeres— resultan ser pocas y estar totalmente desbordadas”, apuntó la también docente de la Universidad Católica que atiende en un consultorio privado. Fuera de la capital, los psicopedagogos se distribuyen —de manera “muy dispar”— en departamentos como Canelones, San José, Artigas, Colonia, Paysandú, Salto, Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado y Rocha, según un relevamiento de la Asociación Uruguaya de Psicopedagogía (Aupp), al que accedió Búsqueda.
Una de las soluciones pasa por integrar esta orientación a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, dijo Schiappapietra. “Las maestras evalúan contenidos, si los alumnos saben o no tal cosa, mientras que la psicopedagogía se encarga de evaluar, diagnosticar y ayudar en los procesos ligados al desarrollo neuropsicológico y psicoafectivo que subyacen a esos contenidos”, explicó.
El universo de egresados de psicopedagogía reconocidos por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) ronda los 350 profesionales activos, formados desde que se inició la carrera en 1996 en el Instituto Universitario Cediiap (Centro de Docencia, Investigación e Información del Aprendizaje, creado por la doctora María A. Rebollo) y luego con la incorporación, en 2006, en la Universidad Católica del Uruguay. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomienda un psicopedagogo por cada 250 alumnos.
Grietas y agujeros negros
La psicopedagogía en Uruguay se forma de manera muy heterogénea porque la integran maestras, acompañadas de neurólogas y personas que ejercen la psicopedagogía pero que no son estrictamente licenciadas; las que sí se han recibido no son suficientes para atender a toda la población estudiantil y, además, están “pésimamente distribuidas” en el país.
Del relevamiento de la asociación de psicopedagogía —que cuenta con alrededor de 200 asociados— surge que “en amplias zonas del territorio no hay ningún apoyo escolar”, destacó a Búsqueda Schiappapietra.
El relevamiento o “mapeo” empezó en julio de 2020, abarca a todo el territorio y tanto al ámbito público como a las clínicas privada. El objetivo es localizar y cuantificar los servicios psicopedagógicos para construir una red destinada a conectar todos los esfuerzos, orientar derivaciones y robustecer las instancias formativas hoy también centralizadas en la capital.
Las psicopedagogas asociadas confirmaron que la mayor parte de sus colegas (70%) trabaja en Montevideo y a la vez detectaron “múltiples debilidades” en el interior del país; entre otras, “inequidad en la distribución poblacional” que afecta “muchísimo” la tarea.
“Muchas colegas trabajan en un departamento y se desplazan a otros”, detalló Schiappapietra, y puso un ejemplo. Hace poco la contactó una familia de Paysandú —de donde es oriunda— y la psicopedagoga de referencia no pudo tomar el caso porque pasa la mitad de la semana atendiendo en la ciudad de Young, Río Negro.
Además, hay profesionales especializados en el ámbito clínico, pero no así en el educativo, donde éstos escasean ante una demanda creciente.
Cuando se aborda el tema de la educación en los medios de comunicación, comentó Schiappapietra, se suele enfocar en lo que los estudiantes no pueden hacer y en las fallas de los centros educativos. Sin embargo, “se presta poca atención a la perspectiva sistémica que revela las dificultades a nivel territorial y de acceso a intervenciones como tratamientos o diagnósticos específicos para atender los problemas del aprendizaje, lo que también puede incidir negativamente en los resultados de las evaluaciones”.
“Una de las cosas en que las psicopedagogas somos bastante expertas es en surfear las grietas o los agujeros negros, donde no hay atención, sobre todo en el interior del país”, afirmó la experta, y explicó que “casi todo” lo que hacen a nivel profesional lo tienen que “construir desde cero” ante la ausencia de respuestas institucionales. Uruguay necesita “un sistema educativo integrado para acompañar los procesos cognitivos y de desarrollo socioemocionales”, sostuvo.
Desde 2014 —previo a la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados— existe la figura del “asistente personal”, en principio restringida a los casos de dependencia extrema, que ofrecen el Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pero que opera ajena al ámbito educativo. No obstante, muchas familias terminan recurriendo a estos servicios para recibir acompañamientos en el espacio escolar.
Rocío Schiappapietra. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
La escuela sola no puede
A los problemas regulares que afectan al sistema educativo producidos por la segregación territorial, Schiappapietra sumó las fallas en la formación docente, la falta de tiempo para capacitarse en estos temas y “una homogeneización de las profesiones” que trabajan en el centro educativo.
En un reciente posteo en su cuenta de X, contó que estuvo “contactando” a profesionales de la psicopedagogía en el interior para ir “mapeando” la situación y que identificó que “hay zonas de Uruguay donde no hay ninguna” en este rubro.
“Si las debilidades en los aprendizajes son una emergencia país, ¿no habrá que pensar en policlínicas nodales en todo el territorio?”, planteó.
Esta psicopedagoga está convencida de que “la crisis” en la educación radica en la incapacidad de las instituciones estatales para comprender la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. “Cuando se habla de transformar la educación también es clave la articulación interinstitucional que permite abordar los casos que la escuela por su estructura y funcionalidades no puede”.
“Acceder a diagnósticos y tratamientos es parte del derecho a la educación”, aseguró la psicopedagoga. Opinó que “la crisis en la educación es de las instituciones que fallan en dar respuesta a la complejidad que significa enseñar y aprender”, y remarcó que, en tal caso, “la escuela o liceo solo no puede”.
Ante algunas de las dificultades más frecuentes, como la discalculia y la dislexia, que se estima que afectan al 10% de los alumnos, se precisa ‘sí o sí’ un tratamiento específico. “Entonces cuando se habla de las dificultades en los aprendizajes, hay que mirar al sistema educativo, sí, pero también al de la salud y al del desarrollo social. No hay uno sin el otro. La escuela sola no puede y no podrá por más relato épico de transformación que se pretenda”, escribió en X.
Apagar incendios
Un problema asociado a esto radica en el proceso de detección y derivación de las dificultades del aprendizaje, dijo Schiappapietra. Explicó que los tiempos de espera en períodos críticos del desarrollo son “determinantes” para la trayectoria de los estudiantes y “muy frustrantes” para las familias.
“A menudo recibimos consultas de familias del interior del país que no saben a quién recurrir cuando enfrentan dificultades en el aprendizaje de sus hijos, y los chiquilines suelen llegarnos muy tarde”, afirmó. “Hoy para ir a un neuropediatra en ASSE hay demoras de hasta dos años y eso en la etapa de un niño que no recibe atención a veces implica no aprender a hablar”, graficó Schiappapietra.
El problema es que en la gran mayoría de los centros de estudio públicos y privados no hay equipos psicopedagógicos trabajando en la detección de estas dificultades, advirtió Schiappapietra. “Aunque quisiéramos cubrir a toda la educación pública tampoco podríamos hacerlo, porque no tenemos suficientes profesionales ni estrategias institucionales orientadas a eso”, sostuvo. Hoy la inserción de psicopedagogos en primaria y en secundaria es “muy escasa” —con iniciativas “aisladas” como la experiencia de las Aulas Comunitarias en los liceos— y en las escuelas es “prácticamente nula”. Los únicos profesionales de la salud que llegan son psicólogos, que acuden al centro educativo a “apagar incendios” y no siempre tienen formación en atención de las dificultades del aprendizaje, contó.
Quienes pueden acceder a una mutualista, pueden ser derivados por una pediatra para recibir una atención psicopedagógica particular. “Pero la realidad es que esta posibilidad es limitada y en clínica hay mucha lista de espera porque no se puede cubrir toda la demanda”, explicó. Además, en ciertas zonas del país no existe tampoco esa posibilidad porque no hay profesionales especializados, aun cuando se trate de una familia que pueda pagar el servicio.
Con suerte y recursos, una familia del interior podría viajar a Montevideo y consultar de manera particular. “Pero en otros tantos casos, sus hijos se quedarán sin atención. Y ahí tenemos los caídos del sistema educativo: los totalmente invisibles”, afirmó.
Y concluyó: “Hay una desintegración de las personas que transitan por los dispositivos del Estado que hace que lleguemos tarde y cuando la alarma está recontra instalada. Esto genera mucho desgaste para una familia porque su hijo tiene una dificultad del aprendizaje o porque tiene un trastorno de su desarrollo y debe enfrentarse sin armas a la situación de no saber por qué su hijo no aprende”.