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La empresa chilena Neltume Ports, accionista principal en la operadora de contenedores Montecon en el Puerto de Montevideo, notificó al Poder Ejecutivo su intención de someter a arbitraje una reclamación por entender que Uruguay violó el tratado de protección de inversiones con Chile a raíz del convenio celebrado con los belgas de Katoen Natie —socio mayoritario de Terminal Cuenca del Plata (TCP)— en febrero de 2021.
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Por “pérdidas y daños” causados, Neltume Ports estimó “preliminarmente” en US$ 600 millones —más intereses, costas y gastos de arbitraje— el resarcimiento pretendido. El jueves 18, comunicó “el inicio efectivo en 90 días” de un arbitraje si el diferendo no logra solucionarse con negociaciones directas. De llegar a la instancia arbitral, el caso será tramitado por el procedimiento del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial o de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
La “notificación de intención de sometimiento a arbitraje” —enmarcada en el artículo 17 del acuerdo de inversiones entre Chile y Uruguay— realizada por Neltume Ports y Montecon, a la que accedió Búsqueda, enumera las medidas legales, reglamentarias y administrativas que el gobierno adoptó y que, alega, contravienen las disposiciones de “trato nacional”, el “trato de la nación más favorecida”, el “nivel mínimo de trato” y la “expropiación e indemnización” de inversión. La empresa sostiene que como resultado de ello “han sufrido, están sufriendo y continuarán sufriendo severas pérdidas o daños” en su negocio en la terminal montevideana.
Neltume Ports alega que “solo durante el 2022” el margen bruto de Montecon disminuyó en 40%, su resultado operacional en 69%, las utilidades en 71%. Afirma que, a través del dictado de una serie de decretos y resoluciones con los que se puso en práctica el acuerdo con Katoen Natie, el gobierno “impidió e impide la participación de Montecon en el mercado de los servicios portuarios a la carga contenerizada en el Puerto de Montevideo, privilegia la operación de TCP durante toda la vigencia de la concesión conferida en favor de la terminal especializada y, en definitiva, elimina el régimen de libre competencia que exige la normativa que regula la actividad portuaria y la normativa general de defensa de la competencia”. A su vez, la empresa chilena entiende que un conjunto de medidas posteriores del gobierno “han reforzado la exclusión de Montecon de la actividad portuaria a la carga contenedorizada” en el puerto “y la exclusividad conferida” a TCP.
También cuestiona que el Ejecutivo “ha entorpecido el acceso a la Justicia de Montecon para impugnar” los decretos y las resoluciones dictados, ya sea “denegando dicho acceso o no respetando las garantías más básicas del debido proceso”, lo que —indica el texto— es una “violación” a las disposiciones del acuerdo de inversión.
La “notificación de intención” fue realizada formalmente ante la Dirección General de Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al día siguiente, el viernes 19, fueron entregadas copias dirigidas al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y a los ministros Omar Paganini (Relaciones Exteriores), Azucena Arbeleche (Economía) y José Luis Falero (Transporte), entre otras autoridades uruguayas y chilenas.
