El caso sería sometido al procedimiento del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del grupo Banco Mundial o de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
La “notificación de intención de sometimiento a arbitraje” —enmarcada en el artículo 17 del acuerdo de inversiones entre Chile y Uruguay— realizada por Neltume Ports y Montecon, a la que accedió Búsqueda, enumera las medidas legales, reglamentarias y administrativas que el gobierno adoptó y que contravienen las disposiciones de “trato nacional”, el “trato de la nación más favorecida”, el “nivel mínimo de trato” y la “expropiación e indemnización” de inversión.
Agrega que, como resultado de ello, la empresa controladora de Montecon ha “sufrido, está sufriendo y continuará sufriendo severas pérdidas o daños” al negocio en su terminal de Montevideo.
A través del dictado de una serie de decretos y resoluciones con las que se puso en práctica el acuerdo con Katoen Natie, el gobierno “impidió e impide la participación de Montecon en el mercado de los servicios portuarios a la carga contenerizada en el Puerto de Montevideo, privilegia la operación de TCP durante toda la vigencia de la concesión conferida en favor de la terminal especializada y, en definitiva, elimina el régimen de libre competencia que exige la normativa que regula la actividad portuaria y la normativa general de defensa de la competencia”, sostiene la empresa chilena en la nota.
A su vez, indica que un conjunto de medidas posteriores del gobierno “han reforzado la exclusión de Montecon de la actividad portuaria a la carga contenedorizada” en el puerto “y la exclusividad conferida” a TCP.
Añade que el Ejecutivo “ha entorpecido el acceso a la justicia de Montecon para impugnar” los decretos y resoluciones dictados ya sea “denegando dicho acceso o no respetando las garantías más básicas del debido proceso”, lo cual —indica el texto— es una “violación” a las disposiciones del acuerdo de inversión.
La “notificación de intención” fue realizada formalmente ante la Dirección General de Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al día siguiente, el viernes 19, fueron entregadas copias dirigidas al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y a los ministros Omar Paganini (Relaciones Exteriores), Azucena Arbeleche (Economía) y José Luis Falero (Transporte). También se enviaron copias a la ministra consejera de la Embajada de Uruguay en Chile, Valentina Fernández, al ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Alberto van Klaveren, y al embajador chileno en Uruguay, Rodrigo Hume.
El acuerdo de inversión entre Chile y Uruguay, aprobado en 2011, establece mecanismos de resguardo y solución de controversias a los inversionistas y a las inversiones de los nacionales de cada parte.
En abril del 2022 Neltume Ports ya había comunicado al gobierno la existencia de controversias y solicitado el inicio de tratativas para llevar adelante un proceso de conciliación, conforme establece ese tratado. Sin embargo, el gobierno no acusó recibo de ese primer paso y no inició negociaciones con Montecon.
Los fundamentos
En las nueve páginas de la notificación de intención, Neltume Ports describe las medidas tomadas por el gobierno uruguayo que, señala, “violan” el acuerdo de protección de inversiones.
Menciona los decretos 114 y 115 —dictados en abril de 2021, en el marco del acuerdo con Katoen Natie— que establecieron un nuevo régimen de gestión de TCP y un nuevo reglamento general de atraque de buques en el Puerto de Montevideo que confiere “prioridad total y absoluta” a la terminal especializada para la carga y descarga de contenedores “soslayando por completo todo el régimen normativo de libre competencia vigente”. Ambos decretos fueron impugnados por Montecon ante el Tribunal Contencioso Administrativo y denunciados ante la Comisión de Defensa de la Competencia.
También menciona dos resoluciones de la Administración Nacional de Puertos (598 y 622, de setiembre de 2021) a través de las que comienza a ejecutar el protocolo por el que se establece la forma de cómo trasladar a TCP los servicios regulares y no regulares, de forma progresiva, a partir de noviembre de 2021 y el efectivo traslado del servicio GS1 que operaba Montecon.
Además menciona otras actuaciones —decretos y resoluciones— y omisiones posteriores con las que el gobierno, indica el texto, infringe las obligaciones comprometidas en el acuerdo de protección de inversión con Chile. Entre ellas, señala las resoluciones del Ministerio de Economía revocando la declaración de pertinencia de la Comisión de Defensa de la Competencia para investigar supuestos actos y conductas anticompetitivas en el puerto.
Neltume Ports menciona la resolución del gobierno de habilitar a privados a que compitan con Antel en la comercialización de servicios de Internet a hogares, a diferencia de lo decidido en el caso de los servicios portuarios. “Así, mientras pone fin a un monopolio de una empresa pública en pos de la libre competencia, paralelamente crea un monopolio en favor de una empresa, TCP, en la que también el gobierno tiene participación en su propiedad”, cuestiona.
Con todas estas medidas el gobierno —asegura la nota— incumple una serie de disposiciones como los artículos 3 y 4 del acuerdo de inversión con Chile que regulan la obligación de dar “trato nacional”. Según Neltume Ports, quedó en desventaja frente a TCP, en relación con el “establecimiento, adquisición y, sobre todo, con la expansión, administración, conducción, operación y venta de servicios portuarios a la carga contenedorizada al interior del Puerto de Montevideo”. Lo mismo alega respecto al “trato de nación más favorecida”.
También infringe el artículo 5 referido a la obligación de “nivel mínimo de trato” por dar un “trato injusto e inequitativo” por, entre otras razones, “desconocer las legítimas expectativas en razón de las cuales Neltume Ports decidió realizar su inversión en Montecon, por infringir sus derechos conforme al régimen normativo de la actividad portuaria”, por desconocerlo, especialmente en “sus bases de respeto de la libre competencia”.
Además, entiende que viola las obligaciones contenidas en el artículo 11 del tratado entre Chile y Uruguay “al expropiar” de modo “progresivo la inversión de Neltume en Montecon, despojándola sin pago indemnizatorio previo de la actividad en la transferencia, carga y descarga de contenedores que esta desarrollaba desde sus orígenes, debidamente habilitada, al interior del Puerto de Montevideo”.
“Severos daños y perjuicios”
Neltume Ports estima “preliminarmente” en US$ 600 millones las pérdidas y daños causados por el gobierno a partir de las medidas dispuestas y que generan infracciones al acuerdo de protección de inversiones con Chile.
En el texto señala que las violaciones que se enmarcan en ese convenio “causaron, siguen causando y continuarán causando severos daños y perjuicios” a Neltume y a su inversión en Montecon porque derivan en la pérdida de ingresos del negocio de contenedores en la terminal capitalina y en una serie de costos y gastos adicionales en que debió incurrir y seguirá haciéndose cargo “por diversos conceptos, como indemnizaciones y compensaciones derivadas del despido o cambio en las condiciones de trabajo de más de 120” personas.
La empresa chilena indica que “solo durante el 2022” el margen bruto de Montecon disminuyó en 40%, su resultado operacional en 69% y las utilidades en 71%.
Esos US$ 600 millones, “más los intereses correspondientes, las costas y gastos del arbitraje y todas las demás cantidades que se determinen”, será la que el accionista chileno de Montecon solicite como “reparación” si el diferendo no se resuelve en los 90 días desde que se notificó la intención de llevar el caso al arbitraje internacional.
El grupo canadiense ATCO es el otro accionista de Montecon.
El acuerdo con la multinacional belga tuvo derivaciones a la Justicia Penal por denuncias que realizaron legisladores del Frente Amplio contra autoridades del Poder Ejecutivo por presuntas irregularidades y que fueron archivadas por la Fiscalía tras reexaminar el caso.
