Entre la estridente grieta argentina, los zigzagueos ideológicos de los brasileños, el estreno del Chile de Gabriel Boric, la incertidumbre llevada a las calles por los peruanos o la interminable crisis venezolana, desde el exterior apenas se oyen los contrapuntos de los políticos uruguayos. Instancias como la del referéndum del último domingo de marzo amplificaron un poco esas voces y algunos analistas de bancos de inversión y calificadoras de riesgo se pusieron a escribir comentarios para orientar a sus clientes sobre el Uruguay tan estable como abúlico.
, regenerado3
Esas reflexiones sobre la confirmación por escasa mayoría de la parte objetada de la Ley de Urgente Consideración (LUC) fueron acompañadas, en algunos casos, por análisis sobre la actualidad económica del país y alusiones a las ya no tan lejanas elecciones nacionales del 2024. Machacan, casi sin excepción, en la cuestión de las reformas pendientes que, creen, tomarán impulso a partir de ahora.
Entre las calificadoras, primero se pronunció Moody’s (Búsqueda No 2.168) y el 31 de marzo lo hizo DBRS Morningstar. Por un lado, esa agencia canadiense consideró “positiva” la ratificación de los artículos que instalaron una nueva regla para la gestión de las cuentas públicas. Pero por otro, advirtió que “encontrar un acuerdo sobre los detalles” de una eventual reforma jubilatoria —clave desde la perspectiva fiscal— entre los principales actores políticos y sociales podría ser difícil”. Por ese motivo, entiende que los riesgos para la calificación crediticia de Uruguay están “sesgados al alza”.
DBRS asigna a la deuda pública uruguaya la nota “BBB (low)”, el escalón más bajo dentro de la categoría de grado de inversión segura —o investment grade— y una perspectiva “positiva”. El título de su declaración postula que la coalición de gobierno “apunta a la reforma de las pensiones tras la victoria en el referéndum”.
FitchRating también ubica los bonos soberanos de Uruguay en el último peldaño del rango de investment grade, pero con perspectiva “estable” (*). El lunes 4, esa calificadora interpretó que la votación del 27 de marzo mostró que el oficialismo mantuvo el apoyo del electorado en sus primeros dos años, en parte gracias al “hábil manejo de la pandemia”, si bien la victoria en las urnas fue por un “estrecho margen” (59.056 votos, la diferencia entre el 48,7% por el Sí y 51,3% por el No, sumando los sufragios en blanco, según el escruinio defintivo informado por la Corte Electoral el mismo lunes). Así, añadió la agencia, “queda por ver hasta qué punto puede capitalizar esto para avanzar en las reformas económicas”, importantes para “impulsar el débil crecimiento potencial” del país. En su visión, “hasta ahora esta agenda ha tenido un progreso limitado, en parte debido a la diversidad ideológica” dentro de la coalición gobernante. Y puso como ejemplos la iniciativa de Cabildo Abierto que buscó limitar el uso forestal de los campos vetada por el presidente y la oposición de ciertos socios a poner fin al monopolio de los combustibles de Ancap.
FitchRating amplió ese último punto. Consideró que la fijación de las tarifas de los combustibles ha sido el “área política más difícil”, especialmente en el contexto del petróleo marcadamente encarecido en los últimos tiempos. “Desde setiembre, las autoridades se han desviado de su regla establecida en la LUC” al ajustar los precios por debajo de la paridad de importación, y lo hicieron nuevamente después del referéndum.
"El proceso del referéndum refleja la democracia vibrante de Uruguay y la calidad institucional que ha anclado, y seguirá anclando, la estabilidad económica. El resultado da un impulso adicional al gobierno avanzar con su programa de reformas que contribuyan a la sustentabilidad fiscal y el crecimiento económico de mediano plazo. Esto es especialmente importante desde el punto de vista de la calificación, dado que fortalecer estructural y sustentablemente el perfil fiscal y estabilizar el nivel de deuda es un desafío clave para Uruguay", dijo a Búsqueda la analista de Standard & Poor´s Constanza Pérez Aquino.
Desde Nueva York, el uruguayo Diego Pereira escrutó el referéndum para los clientes de J.P. Morgan. “El resultado, como se esperaba, fue ajustado” y estuvo aproximadamente en línea con el ballotage del 2019. “Eso habla muy bien del gobierno y del presidente en particular, ya que las victorias electorales han demostrado ser la excepción” en el mundo durante la crisis por el Covid. Dicho esto, apuntó, el referéndum también mostró a una “oposición muy competitiva”.
“Esperamos que la coalición de gobierno recupere impulso en términos de agenda de reformas, con tres pilares principales relevantes para la economía”, pero en algún caso materializándose recién en 2023, prosiguió el economista jefe para el Cono Sur y Perú de ese banco de inversión. Primero, en la seguridad social, con un proyecto que según él irá al Parlamento en la segunda mitad del 2022 y se aprobaría el siguiente año. Segundo, la negociación para un tratado de libre comercio con China, aunque la probabilidad de tenerlo firmado este año “parece haber disminuido en el margen, lo que hace más probable que también sea a partir de 2023”. Tercero, en el mercado laboral.
Habló de otras dos reformas que deberían llegar: una para enfrentar la pobreza infantil y otra, una “revisión completa” que revierta la “tendencia a la baja” en la calidad de la educación y proporcione “una base para la mejora de la productividad del capital humano”.
Bank of America Merrill Lynch, que tiene habitualmente en su radar a Uruguay, no hizo un reporte referido al 27 de marzo.
“Gran mensaje” y “tormenta”
Mientras, algunas entidades del sector financiero local con clientela del exterior analizaron el escenario posreferéndum con optimismo. A escala de los bancos con presencia en el país —todos de dueños extranjeros—, la percepción en lo previo era que el 27 de marzo no estaban en juego aspectos sustanciales de la política económica vigente, si bien la derogación de algunos artículos hubiera sido, según ellos, una señal negativa.
Geoffrey Fichte, gerente general del Banco HSBC Uruguay, resaltó a Búsqueda, primero, “el propio hecho de que se haya llevado a cabo” la consulta popular porque “refleja las condiciones de estabilidad, transparencia, respeto institucional y solidez democrática del país. Es un gran mensaje para los inversores porque refuerza la reputación de un país serio, con un entorno favorable para el desarrollo de negocios a largo plazo. Estas situaciones no son comunes en nuestra región, y por eso tenemos que cuidarlas”. En segundo lugar, interpretó la ratificación de la existencia de una regla fiscal como un “mensaje claro para el mercado y para las agencias calificadoras de riesgo”. Para ese ejecutivo, el resultado del referéndum “refuerza la recuperación de la economía” uruguaya.
Latin Advisor, una corredora de bolsa con oficinas en Carrasco, entiende que el triunfo del No “ayudó al gobierno a atravesar una tormenta de incertidumbre” y que la consulta popular “actuó más como una elección de medio término que como una decisión informada de los artículos en discusión”, en la que una mayoría de la población “mostró seguir la disciplina de partido o su aprobación de la administración actual. Tras dos años como presidente en funciones, Lacalle Pou consiguió mantener el apoyo de sus votantes. Esto podría interpretarse como un resultado neutro, pero dadas las circunstancias actuales parece más una victoria que un empate”, ya que en otros países de la región la pandemia “causó estragos en los gobiernos” que pasaron por procesos electorales. Al mismo tiempo, el Frente Amplio perdió “por un margen muy estrecho, mientras movilizaba a su militancia” y mantuvo a su “electorado fiel”, lo que “probablemente actuará como un voto de confianza para los tres años restantes” del período, escribió Franco Mercatini. Y agregó que, con el “crédito” ganado durante la pandemia “empezando a desvanecerse”, la coalición multicolor “debería tomar esta confirmación de apoyo como un incentivo para introducir las reformas retrasadas”, que en áreas como la seguridad social y la educación “se necesitan desesperadamente”.
El análisis también mencionó datos económicos que pueden jugar en ese contexto político. Señaló que después de confirmado que el Producto Bruto Interno creció el año pasado por encima de lo previsto, “la inflación se presenta ahora como la mayor amenaza para el gobierno, ya que los trabajadores ven cómo sus salarios no se ajustan al aumento de los precios”. Es que, afirmó el analista, “el dolor de un hombre es el placer de otro”, y mientras los valores de exportación de la carne “siguen subiendo, favoreciendo a los productores, los consumidores pagan un 25% más” que desde finales del 2021.
Para Mercatini, frente al proceso de suba de las tasas de interés iniciado en agosto del año pasado, haciendo la política monetaria menos expansiva, “parece evidente que se necesitan desesperadamente otras herramientas”. Importar carne paraguaya o eliminar temporalmente el IVA al asado podrían reducir la presión a corto plazo, pero “mantener artificialmente los precios es un viejo truco que ha demostrado ser infructuoso”, si bien por lo menos “esta vez la carga recae sobre los hombros del gobierno en lugar de los productores, con una resignación marginal”.
Otros analistas —y también algunas embajadas— aludieron a la inflación alta (9,4% anual a marzo) y las presiones de los sindicatos para contener la pérdida salarial como un desafío con el que deberá lidiar Lacalle Pou, al mismo tiempo que le saca el freno a las reformas.
(*) La versión original de este artículo fue ajustado indicando correctamente las perspectivas de las calificaciones de DBRS y Fitch. Además, se incorporó la opinión de Standard & Poor´s, cuya respuesta fue recibida después de cerrada la edición en papel.