Con su celular, mientras atendía cuestiones domésticas en Nueva York, Renzo Merino monitoreó en la noche del domingo 27 los datos que iban surgiendo sobre el referéndum. Para él, vicepresidente y analista senior de la calificadora Moody’s Investors Service a cargo de seguir a Uruguay, el resultado reafirmó la idea de un país “dividido entre dos fuerzas políticas” que, al mismo tiempo, busca alcanzar “consensos”.
Pasada la votación, Merino espera que el gobierno “abra el espacio para otras medidas que se venían hablando desde hace un tiempo” en materia de reformas.
La regla fiscal, parte cuestionada de la Ley de Urgente Consideración (LUC), quedó ratificada. Ese nuevo marco de gestión del gasto “es un factor clave para la perspectiva crediticia” del país, señaló Moody’s en una breve declaración que circuló el lunes 28. En conversación por Zoom con Búsqueda, Merino profundizó su análisis acerca del Uruguay posreferéndum.
—Se ha dicho que el referéndum fue como una elección de medio término. ¿Ve así el triunfo del No, pero por poco margen?
—El resultado en sí muestra un patrón que hasta cierto punto habíamos observado en las últimas elecciones: un país dividido entre dos fuerzas políticas. Creemos que desde el marco de las instituciones, se continuará con el esfuerzo para llegar a consensos para promover las políticas en general.
En los últimos meses el referéndum colmó la atención de la clase política en general. Pero del lado del manejo macroeconómico, los números y las políticas, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia y lo que eso implicó para el crecimiento económico y en las cuentas fiscales en 2020, la nueva administración abordó el proceso de consolidación y reducción del déficit como esperábamos. Eso es positivo y creemos que seguirá por esa senda para, por lo menos, mantener estables los números de la deuda. Por otro, también es importante para la trayectoria de la deuda y el perfil crediticio en general que veamos un quiebre en las perspectivas de crecimiento económico, particularmente en comparación con el desempeño relativamente bajo visto en los cinco años antes de la pandemia. La apuesta del gobierno es fomentar la inversión privada en particular más allá de la planta de UPM. Vemos que en los últimos dos años se están alineando muchos proyectos que, de concretarse, podrían ayudar a elevar el crecimiento, que esperamos que este año y el próximo esté un poco por encima o alrededor de 3%.
—¿Un crecimiento cercano a 3% sería un quiebre, como dice?
—Es un nivel bastante más alto que antes de la pandemia.
Pero mucho depende del crecimiento más allá de la planta de UPM, porque tanto en 2020 como en 2021 esa inversión ayudó. La pregunta es si habrá una recuperación más amplia de la inversión privada y lo que ello podría conllevar en materia de empleo, que ayudaría por el lado del consumo.
—¿Qué planes visualiza que puedan amortiguar la inversión cuando pase el empuje de la obra de UPM y su ferrocarril?
—No vemos proyectos específicos. Pero de nuestras conversaciones con las autoridades lo que hay es una lista de proyectos presentados que, de concretarse, podrían ser positivos para el crecimiento.
—Son proyectos beneficiados con exoneraciones fiscales. ¿Uruguay perdería atractivo como receptor de inversión extranjera si se concretan el impuesto mínimo global a las empresas y otros cambios en la fiscalidad internacional anunciados?
—Dentro de ese marco que menciona, la situación global se complicó por la invasión de Rusia a Ucrania. Más allá de lo que puedan implicar esos cambios (tributarios), si es que los hay, la estabilidad institucional y política podría seguir sirviendo como activo para que Uruguay atraiga inversión extranjera —que es muy importante para el país—, así como una mejora de la inserción para las exportaciones.
—¿El eventual tratado comercial entre Uruguay y China, actualmente en estudio de su factibilidad, ayudaría en ese sentido?
—Podría ser. Ya en los últimos años se vio una configuración en los destinos de las exportaciones no tan concentrada en los vecinos. Si ese tipo de acuerdos le permiten a Uruguay condiciones más favorables, podría ayudar a incrementar la capacidad de exportación y la inversión si hay compañías que ven oportunidades de exportar a esos mercados.
Lo que vemos muy característico de Uruguay es que en general se trata de llegar a consensos. Creemos que (un TLC con China) será un tema a debatir en el país.
—El gobierno optó por conversar mano a mano con China en esta etapa. ¿Puede ser una estrategia riesgosa frente al Mercosur, que es un socio relevante?
—Hemos observado que el Mercosur está muy supeditado a los vaivenes de lo que ocurra en términos políticos en los diferentes países. Eso quedó demostrado en la negociación con los países europeos. No creemos que esta cuestión vaya a limitar la habilidad del gobierno de servir su deuda, que es lo que nosotros vemos para la calificación soberana.
—Despejado el referéndum, ¿qué espera en cuanto a la agenda de reformas del gobierno?
—Esperamos que el gobierno abra el espacio para otras medidas que se venían hablando desde hace un tiempo, como la reforma de la seguridad social, con la expectativa de que se trate de llegar a consensos, aunque entendiendo que, como se vio el año pasado con el trabajo de la comisión a cargo de hacer las propuestas, hubo algunos puntos de vista diferentes. Si el gobierno logra implementar las políticas que ha estado promoviendo, estaríamos viendo números consistentes con la calificación de Baa2 en grado de inversión.
—¿Sería un problema que, eventualmente, la reforma previsional sea votada solo por el oficialismo?
—Más allá de lo que pueda implicar desde una perspectiva política, para nosotros lo relevante será el paquete que se apruebe.
Lo que hemos visto en los últimos años es que el costo de las pensiones fue en aumento. Y con los cambios demográficos que están sucediendo en el país, esta tendencia podría mantenerse y se vuelve una consideración importante en materia de sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo. Hay temas que van más allá simplemente del BPS, como las cajas especiales, que quizás se deban evaluar. Esperaremos a ver el proyecto final que se aprueba.
—Varios artículos refrendados el domingo cambian aspectos del mercado de los combustibles y la fijación de tarifas, aunque hubo algunas contramarchas en su implementación. ¿Qué manejo espera que haga el gobierno en este capítulo de la LUC?
—El contexto actual de precios de los combustibles y los commodities de manera global es complicado, y lo que vemos en los diferentes países es que se están tratando de encontrar mecanismos para limitar el impacto social y fiscal en lo posible. Seguiremos monitoreando la implementación de este tipo de medidas.
—Uruguay ya tenía inflación alta antes de la reciente valorización de las materias primas…
—Había ciertas presiones inflacionarias que precedían el último choque en muchos países por el lado de la demanda y la reapertura que se estaba dando y las cadenas de valor que seguían sufriendo. Ahora claramente estamos viendo presiones adicionales para algunas economías importadoras, como los combustibles en el caso de Uruguay.
A febrero, la inflación promedio en América Latina era 7% y en esta circunstancia Uruguay no está muy disociado de la región. Creemos que las presiones probablemente se mantengan en la primera mitad de este año y, en la mayoría de los casos, podrían aligerarse en la segunda, ya sea por un efecto base o una moderación de algunos de los temas que precedían al conflicto actual. En el caso de Uruguay, el gobierno y el Banco Central se habían trazado metas que quizás sean más difíciles de conseguir; aun así, lo que queremos observar es la inflación en sí, pero también que las expectativas respondan a cómo se está dando la política monetaria bajo el nuevo marco operativo.
