—Uruguay fue afectado por una tormenta perfecta. Y, más allá de errores que también pudieron haber disparado elementos que llevaron a la crisis, los años han demostrado que la forma en que se salió, la rapidez en que el país recuperó el crecimiento, la diferenciación con la región —y en particular con Argentina— ayudó a que hoy haya una imagen un poco distinta y revalorizada. Fue una salida generosa desde el punto de vista político, porque no solo se recuperó en materia de actividad lo que se había perdido en los primeros dos años de ese gobierno, sino que en lo fiscal dejó una situación manejable para el que viniera después.
De las cosas buenas que tiene la política uruguaya es que nadie hace tabla rasa con lo que venía antes. Y el haber tenido un ciclo que luego se continuó —sobre todo en el primer gobierno de Vázquez—, hace que esa administración de Batlle, más que la de la crisis hoy es vista como la del inicio del proceso de crecimiento que tuvo Uruguay.
—Desde el Frente Amplio se destaca como un logro propio los 15 años que lleva creciendo la economía. ¿Eso no habría sido posible si la salida a la crisis hubiera sido otra?
—No hubiera sido posible si la crisis del 2002 significaba el fin de un modelo y se llegaba a una revisión total de las políticas, como ocurrió con los Kirchner. La recuperación de Argentina vino por un camino muy distinto y se agotó también muy rápido.
Si se mira hoy el marco de políticas económicas en Uruguay, hay una legislación en materia de apertura comercial, financiera y de funcionamiento del mercado de cambios que ya cumple 60 años. Hay una aplicación de ese marco que tiene 45 años. Y hay un diseño institucional de política monetaria —que aparece con la Carta Orgánica del Banco Central— que va a cumplir 20 años. También ha habido la continuidad de una carencia: la ausencia de instituciones fiscales que eviten una política muy procíclica permanente.
El gran mérito del Frente Amplio ha sido desdecirse de lo que ha sido su discurso tradicional y tomar lo bueno de lo que se había hecho antes para apoyarse en ello. Y si se llega a producir un cambio de gobierno, será un poco de lo mismo.
—¿Dice que no ha habido un modelo o una política económica de izquierda en estos tres períodos de gobierno?
—Lo que hay son matices, una impronta, una preferencia de determinados impuestos sobre otros, como el IRPF, que genera distorsiones en la acumulación de capital humano y habría que revisar incorporando un ficto por gastos en educación si la situación fiscal lo permite.
La principal diferencia, no de gestión de política económica sino con las reglas de juego con la sociedad, ha sido el quiebre con la aplicación de ciertos instrumentos invasivos de la privacidad. Utilizar la inclusión financiera para obtener información de las personas o usar la necesidad de recaudar para invadir las conductas de gasto son la forma más vil de emplear el argumento del interés general.
—Esas prácticas son las que siguen muchos países desarrollados.
—Es una vía con rasgos fuertemente autoritarios que se apartan de muchas de las tradicionales liberales de Occidente, que sería deseable revertir. El que se debe transparencia es el Estado, y no al revés.
¿Dónde está el límite entre los derechos individuales frente a algunas pretensiones que tiene el Estado? De a poco empiezan a verse cosas preocupantes; China piensa establecer puntajes sobre las personas a partir de los registros que tiene el Estado en elementos de la vida cotidiana. Otros países van en la misma línea.
—Se refirió a la debilidad institucional para el manejo fiscal. ¿Qué propone? ¿Una regla?
—Para nosotros esto tiene dos componentes.
Uno es el uso del presupuesto como instrumento para reformas, no solo en el tamaño sino en la composición y calidad del gasto. Pensamos en mecanismos a nivel de cada ordenador de gasto que incentiven la revisión de lo que se está haciendo y, eventualmente, poder introducir mejoras.
Por otro lado, la aplicación de reglas fiscales; lo que hay hoy ha demostrado ser muy limitado al poner un tope de deuda que eventualmente se modifica. Y cuando limita, lo hace de la peor manera, que es reduciendo el gasto de inversiones.
Hay países que están empezando a aplicar reglas de segunda generación, limitando la evolución del gasto corriente relacionándolo con el nivel de actividad, de manera de darle espacio a la inversión. En Uruguay el diseño probablemente surja de un trabajo académico de base que se discutirá luego con los demás partidos políticos; lo fundamental es que esta institucionalidad fiscal sea un activo compartido que tenga continuidad en el tiempo.
—Ahora la discusión es si se debe o no hacer un ajuste fiscal, y cómo y cuándo hacerlo. ¿Qué piensa usted?
—Si hubiera un cambio de gobierno hoy, diría que el margen de maniobra que permite la calificación de riesgo uruguaya deja una ventana de dos o tres años como para introducir reformas en el gasto público y financiar un programa de reforma del Estado que empiece a dar resultados en los dos, tres o cinco años siguientes. En un horizonte de un quinquenio se puede generar un ahorro de entre 2,5% y 4% del Producto corrigiendo ineficiencias.
A esto hay que sumarle una nueva reforma o ajustes al sistema previsional, que pase primero por revertir leyes o medidas administrativas de 2007-2008 que generaron más jubilaciones, y después con modificar la graduación de la tasa de remplazo para incentivar una postergación del retiro. Eso haría mover dos o tres años la edad promedio de jubilación, sin tener que modificar la edad mínima requerida.
—¿No ve necesarias medidas a corto plazo dado el nivel de déficit fiscal actual?
—Es difícil saber cuál será la situación cuando asuma el nuevo gobierno. Lo que esperamos es que en 2020 por lo menos no sea peor que la de hoy y que el grado inversor esté sostenido a la espera de lo que puedan ser las decisiones del próximo gobierno. Así se podría trabajar sin necesidad de medidas de urgencia, que generalmente son distorsionantes.
—Otro problema actual es de empleo. ¿Su caída es lo natural ante una economía que está creciendo apoyada en sectores poco intensivos en mano de obra o están jugando factores más estructurales?
—Uruguay tiene una calidad del capital humano bastante limitada. Eso hace que la evolución del empleo sea extremadamente dependiente de la coyuntura o la demanda y lo que genera en puestos de baja calificación.
Con el cambio tecnológico y la revolución industrial en curso en el mundo, la disponibilidad de recursos naturales va a ser cada vez menos relevante y lo fundamental será la calidad de la mano de obra. Vamos a tener grandes desafíos en el sistema educativo para atender esas demandas y readaptar capacidades. El combate al desempleo va por esas líneas. Si no se cierran esas brechas, habrá una parte de la sociedad dependiente de empleos de baja calificación y cada vez más rezagada del resto, y otra parte que o bien estará en una situación mejor o, si el ambiente para los negocios en Uruguay no es el apropiado, terminará emigrando. Los próximos cinco años son una bisagra: se recupera una sociedad integrada, una fuerte clase media y aspiraciones de crecimiento; o se fragmenta, como ha sido la característica por mucho tiempo en muchos países de América Latina, y donde Uruguay fue una excepción.
Los cuellos de botella de oferta que enfrenta el país, sobre todo en mano de obra calificada, son como tratar de acelerar un auto frenado, que llevan a que se rompa algo. Lo que se necesita es liberar la iniciativa privada y facilitar la instalación de nuevos negocios.
—La inflación ha estado muy pocas veces dentro del rango esperado por las autoridades. ¿La meta es demasiado ambiciosa o no hay un compromiso real con cumplirla?
—Cuando no se cumple es un problema del gobierno o de su agencia responsable. Por un lado, hay que trabajar en la credibilidad del Banco Central respecto a las metas de inflación. Lo que promete, lo tiene que cumplir en el horizonte de la política monetaria.
Por otro lado, Uruguay no se ha dado una discusión sobre cuál es su nivel óptimo de inflación. Se empezó de un 7% -9%, que era el viable para 2004, pero luego se bajó a 3%-7% como una continuidad de algo que no ha sido objeto de discusión ni académica ni política. La inflación será dos, tres, tres y medio, o algo seguramente menor que lo que es hoy.
—El concepto de integración es uno de los ejes del programa de Amorín Batlle. ¿Qué plantea en concreto?
—Proponemos una integración internacional promoviendo tratados comerciales; la nueva realidad de Brasil va a abrir oportunidades.
También trabajar en la integración interna y atacar la disgregación social que, pese a muchos esfuerzos en los últimos 15 años, no se termina de corregir. No alcanzan programas de asistencia; hay que coordinar la batería de servicios públicos para llegar a la población necesitada.
