Quienes hablan de “democratizar el Poder Judicial” ponen en “riesgo la institucionalidad democrática”, dice un ex presidente de la Corte

Afirma sin dar lugar a dudas que es “riesgoso” el camino que eligieron algunos dirigentes oficialistas de cuestionar a la SCJ luego de que algunas decisiones del máximo órgano judicial no les gustaron porque eso pone en juego “la institucionalidad democrática” y el “Estado de derecho”.

Sin perjuicio de esa defensa del Poder judicial, que algunos tildan de “corporativa”, Van Rompaey también critica decisiones de la Corte. Por ejemplo, dice que no está de acuerdo con la decisión de la Corte que por mayoría declaró inconstitucional la ley que eliminó la “ley de caducidad”. Más aún, afirma que comparte las “severas críticas” que ha recibido la mayoría de la corporación por parte de organismos internacionales. Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Búsqueda realizó a Van Rompaey.

—En los últimos meses la Suprema Corte de Justicia tuvo una alta exposición pública por varios temas polémicos. ¿Qué opinión tiene de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley “interpretativa” de la “ley de caducidad”?

—No estoy de acuerdo con la solución de la Corte, aun reconociendo la opinabilidad del punto. Era previsible que no iba a estar de acuerdo porque yo había firmado en minoría la sentencia que consideraba que estos delitos fueron desapariciones forzadas y no homicidios. Los crímenes y graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura son delitos de lesa humanidad, por lo que no estoy de acuerdo con la mayoría de la Corte y sí con la minoría.

—La opinión mayoritaria de la Corte en este tema ha merecido cuestionamientos de organismos internacionales. ¿Cómo observa este punto?

—Comparto lo que ha sido un crítica bastante vigorosa de esos organismos internacionales como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el informe de seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Comisión internacional de Juristas. Es decir que hay una crítica severa y por lo menos a nivel de las organizaciones internacionales de derechos humanos es unánime ese cuestionamiento.

—A raíz de ese fallo también hubo severas críticas a la Corte por parte de organizaciones sociales y de dirigentes oficialistas que expresaron la necesidad de “democratizar” el Poder Judicial. ¿Qué opina sobre esos dichos?

—Ese es un grave riesgo para la institucionalidad democrática y el Estado de derecho. Porque cuando se habla de ‘democratizar a la uruguaya’ al Poder Judicial es un reflejo de lo que en Argentina se llamó en su momento la ley de democratización de la Justicia, que fue poner a la Justicia al servicio del gobierno kirchnerista y la suerte que corrió esa ley no podía ser otra que la acción de inconstitucionalidad. Yo estoy de acuerdo que hay institutos que son mejorables pero este tipo de reformas, cuando apuntan a que la Justicia se someta al poder político, realmente afectan el Estado de derecho.

—El Colegio de Abogados del Uruguay presentó un proyecto al Parlamento sobre el que hay un principio de acuerdo político para “transparentar” la designación de los ministros de la SCJ y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ¿Qué opinión le merece el proyecto?

—He leído ese proyecto y estoy en franco desacuerdo porque creo que es innecesario e inconveniente. Si se quiere que ingrese un abogado de afuera de la carrera judicial a la Corte, la Asamblea General ya tiene hoy la potestad de hacerlo asignada constitucionalmente. Por otra parte, creo que el sistema propuesto es complejo y tiene unas incongruencias notorias como exigirle al postulante que se presente dos veces. Yo creo que las virtudes judiciales fundamentales son la independencia y la imparcialidad. La independencia es un principio ético fundamental que se enseña en la escuela judicial con mucho énfasis y se solidifica a lo largo de la carrera. La imparcialidad también. Esos valores éticos para el abogado son absolutamente secundarios. ¿Qué asegura que un buen profesor de derecho que presente varios trabajos académicos tenga las virtudes y destrezas propias para el ejercicio de la función judicial desde el cargo jurisdiccional más alto además?

—Se afirma con frecuencia que en Estados Unidos y en otros países civilizados un sistema de este tipo funciona. ¿Qué dice frente a esto?

—En Estados Unidos todo el sistema de audiencias y de comparecencia pública en definitiva termina en que el presidente logra que el Senado ratifique la designación del candidato que él propuso en función de su ideología política. Bush padre, Bush hijo y (Ronald) Reagan nombraron jueces conservadores y la Corte Suprema de Estados Unidos es hoy conservadora porque fue designada por estos presidentes. Es una de las Cortes más conservadoras de la historia de Estados Unidos. Entonces, yo no creo que por este sistema se escape al riesgo de politización porque en definitiva van a seguir resolviendo las mayorías parlamentarias.

—¿Pero no es saludable que los jueces tengan que desfilar ante los representantes de la ciudadanía y exponer sus puntos de vista sobre una serie de temas polémicos?

—Creo que no. Aquí se habla en el proyecto de exponer sobre algunos puntos específicos como la Constitución en la labor jurisdiccional, los derechos humanos y el juez, facultades jurisdiccionales, principio de separación de poderes, entre otros. Se trata de temas complejos y polémicos. ¿Quiénes son los que van a interrogar? ¿Son juristas? Es un hecho que en el Parlamento hay cada vez menos abogados ¿Cuál va a ser la respuesta que están esperando? Para un juez va a ser muy difícil opinar sobre estos temas y la respuesta habitual va a ser: “Mi tarea es cumplir la norma Constitucional y las normas legales”. El proyecto dice que incluso se le puede pedir opiniones puntuales o que amplíe o profundice opiniones brindadas. ¿Qué significa esto? ¿Vamos a hacer como en Estados Unidos, que se le pregunta al juez qué opina sobre el aborto o sobre la legalización de la marihuana? Este tipo de sistema de las audiencias públicas y los interrogatorios son propios de sistemas donde la propuesta de designación de los ministros de la Corte se hace por el presidente de la República o por un Consejo de la Magistratura. Este no es el caso uruguayo, donde no hay injerencia alguna del Poder Ejecutivo en la designación de los ministros de la Corte. Yo me pregunto: ¿si un juez llega a un Tribunal de Apelaciones avalado por una larga carrera jurídica eso puede ser enervado por una comparecencia ante una comisión que no sabemos quién la integra y ante preguntas que no sabemos cuáles van a ser? El abogado está en una posición de clara ventaja porque no tiene que tener la mesura ni la autorrestricción que tiene el juez para responder porque puede estar prejuzgando sobre un tema o arriesgándose a emitir una opinión de contenido político. El abogado está en cambio con una total libertad de expresión para decir lo que quiera.

—¿Usted es defensor del sistema de la antigüedad para llegar a la Corte?

—No, yo creo que la antigüedad es uno de los elementos a tener en cuenta. Pero tiene mayor relevancia la capacitación y méritos. La Asamblea General puede pedir hoy informes al Colegio de Abogados o a la Asociación de Magistrados para pronunciarse. No es cierto, como dice algún legislador, que existen contactos personales entre jueces y políticos. Son absolutamente minoritarios los jueces que pierden su dignidad haciendo el peregrinaje por los despachos parlamentarios. Se trata de una minoría que no justifica un cambio tan drástico. Mi experiencia a nivel de encuentros internacionales de magistrados de Supremas Cortes me indica claramente que cuando el juez concurre por un país en el que no hay carrera judicial y viene desde el ejercicio profesional o desde la política no está comprometido con los valores fundamentales de la función jurisdiccional que son, como ya dije, la independencia y la imparcialidad. La tradición de Uruguay creo que ha sido muy buena y de hecho es calificada internacionalmente como uno de los mejores sistemas de designación de jueces.