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Ya pocas dudas deberían quedar respecto a que Uruguay se juega muchísimo en la segunda vuelta electoral del próximo domingo 24, en donde los ciudadanos tendrán que elegir entre el continuismo que representa el candidato oficialista Daniel Martínez, y el cambio que plantea el postulante respaldado por la autoproclamada “coalición multicolor”, Luis Lacalle Pou. Quien resulte electo presidente tendrá la oportunidad de llevar adelante sus propuestas, pero su agenda estará condicionada por un contexto regional e internacional deteriorado, además de problemas propios que arrastra nuestro país.
Más allá de los posicionamientos ideológicos, la alternativa entre una y otra opción en competencia en el balotaje implica apostar por propuestas que, a priori, parecen unas más realistas que otras. Ese análisis cabe claramente para la idea del oficialismo de que se va a lograr solucionar el problema fiscal —un déficit que en términos anuales supera los US$ 3.000 millones, el equivalente a 4,9% del Producto Bruto Interno— y de dinámica de la deuda pública solamente con “más crecimiento”. Ello parece una expresión de deseo con poco sustento: para que se dinamice la economía debe haber más inversión —así lo ha señalado muchas veces el propio ministro Danilo Astori—, y para que eso ocurra es necesario que se recomponga la competitividad y la rentabilidad de las empresas; que se reduzca la carga tributaria; e ir a un marco más “neutral” en materia de relaciones laborales, sustituyendo la actual “lucha de clases” por la cooperación entre trabajadores y empresarios. Esos cambios parecen improbables si continúa el actual esquema de políticas del Frente Amplio. Quienes siguen apostando a que la construcción de la segunda planta de UPM y a que inversiones conexas van a cambiar materialmente el panorama, deberían recordar que se necesitarían tres proyectos de inversión como ese simplemente para compensar la caída de los niveles de empleo registrada en los últimos 12 meses.
Del lado de la coalición opositora, la propuesta de corregir el déficit fiscal por la vía de generar ahorros en la ejecución del gasto público parece hacer más sentido, si se piensa en las “ineficiencias” que, seguramente, hay en todo el sector público. Es cierto que gran parte de los recursos presupuestales se destinan a salarios, pasividades y otros rubros esenciales difíciles de tocar, pero incluso dentro de aquellos “gastos sociales” es posible que existan oportunidades de mejoras de eficiencia con diseños más afinados de los programas y controles sobre su ejecución. Y ni que hablar de las empresas públicas, si bien algunas han profesionalizado su gestión.
Pero no quiere decir que a un eventual gobierno de Lacalle Pou le resultará fácil producir ahorros, en algunos casos porque puede suponer tocar intereses corporativos dentro y fuera del Estado.
En definitiva, la cuestión fiscal implica una transversalidad de áreas —por utilizar un término repetido en esta campaña por el presidenciable del oficialismo—, y está claro que antes de gastar un peso más, será necesario analizar por qué a pesar del incremento fenomenal del presupuesto en rubros como la educación, la salud y la seguridad pública, los resultados obtenidos son claramente insuficientes. También está claro que las empresas y la población no resisten más impuestos. Realismo y pragmatismo para enfrentar el problema parece ser el mejor consejo, ya sea que el próximo gobierno esté encabezado por Martínez o por Lacalle Pou.
