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Reforma jubilatoria debe “ponerle el ojo” a las actividades con años “bonificados”
Un 7% de las nuevas pasividades del BPS se dieron computando años por encima de los efectivamente trabajados; el retiro a edades tempranas en algunas actividades es un “enorme desafío de reconversión laboral”, dice presidente de la CESS
Los futbolistas, uno de los sectores con retiro temprano. Foto: Nicolás Der Agopian / Búsqueda
Lejos de las historias de éxito de Luis Suárez y Edinson Cavani en Europa, de las exorbitantes cifras que se manejan en los pases al exterior y de las inversiones de los jugadores que tienen asegurado su futuro, hay decenas de casos en el fútbol profesional uruguayo que deben arreglárselas para vivir con un sueldo mínimo —de cerca de $ 37.000 líquidos—. La etapa como deportista se extiende hasta entre los 35 y 40 años, una edad lejana al mínimo requerido para poder jubilarse. Para ellos, entonces, no hay otra alternativa que reconvertirse. Pero es una situación que se da también en otras profesiones, algunas de las cuales se benefician del cómputo de más años que los efectivamente trabajados (“bonificación”) al tramitar el retiro.
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La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) planteó su preocupación en enero ante la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) creada a instancias del gobierno para preparar una reforma amplia del sistema previsional. En ese encuentro, el sindicato planteó establecer un régimen mixto para que el jugador reciba una prestación decreciente hasta que se reinserte en otra actividad, informó El País. También propuso disponer un régimen especial que les permita jubilarse aun sin tener el mínimo de 30 años de aportes requeridos en el esquema general o amparar la profesión dentro de los servicios bonificados.
Pero, para el presidente de la CESS, Rodolfo Saldain, la bonificación —el tiemplo suplementario ficto a la edad real y al período de trabajo activo— es una “debilidad” del sistema, y así está marcado en el informe de diagnóstico aprobado por este grupo asesor. Es un “punto a ponerle el ojo”, dijo a Búsqueda. En su opinión, tienen que “actualizarse las bonificaciones” y “revisar qué profesiones y actividades” las “merecen”.
La solución para los futbolistas no está en la “vía del sistema previsional”, salvo para crear un “fondo financiado que cubra determinados riesgos”, aunque no destinado a la jubilación, señaló. Para Saldain, una propuesta de los jugadores que sea “autofinanciada” es “viable” de ser analizada. “Lo que no es viable es un régimen especial con base en recursos públicos”, enfatizó. La MUFP presentó ideas de financiamiento que, entre otros puntos, incluye, un aporte a partir de los pases de futbolistas al exterior para ese fondo.
El desequilibrio
Los maestros, los pilotos de avión, los funcionarios de los casinos municipales y los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes son algunos de los categorizados como servicios bonificados. La docencia es la actividad que goza del mayor beneficio: por cada tres años de trabajo real se le computan cuatro. Así, un maestro que trabajó 30 años, a los efectos previsionales trabajó 40.
Por ley está previsto que los servicios bonificados se revisen cada cinco años, pero desde hace más de 30 no hay “índices estadísticos de mortalidad o morbilidad”, “pericias técnicas” ni “estudios estadísticos ocupacionales” que “avalen” el régimen, expresa el informe de diagnóstico que aprobó la CESS.
Saldain aseguró que es necesario hacer un análisis de los puestos de trabajo para actualizar las bonificaciones. Y ejemplificó: “Una persona que trabaje en la industria de la pintura está expuesta a determinados riesgos. Pero depende de dónde esté: de pronto su sector de actividad no es el que está expuesto”.
Un 7% de las nuevas jubilaciones (“altas”) aprobadas entre 2016 y 2018 se configuraron con servicios bonificados. En este último año, el monto promedio de jubilación en el régimen general fue de $ 20.128, mientras para aquellos que gozaron de bonificaciones fue de $ 33.843, un 68% mayor, de acuerdo con datos de la Asesoría General en Seguridad Social del Banco de Previsión Social publicados a fines del 2020.
El promedio de edad al que se jubilaron esas personas con servicios bonificados fue de 61 años, aunque más de un tercio (36%) tenía menos de 60 al jubilarse. En 2018, la edad mínima de retiro fue de 48 años en los hombres y de 44 años en las mujeres.
Los servicios bonificados provocan un “desequilibrio importante” del sistema y tiene impacto en las rentas vitalicias por el régimen de AFAP que paga el Banco de Seguros del Estado (BSE), afirmó Saldain. “Vamos a tomar el caso de un médico radiólogo. Tiene una bonificación que implica que el BSE le calcule la renta vitalicia a la persona como si tuviera la edad bonificada. Al de 64 años se le calcula como si tuviera 70 y, por tanto, le estima una menor probabilidad de vida. Pero no hay ninguna evidencia de que eso sea correcto”, sostuvo el presidente de la CESS.
La reforma jubilatoria de 1995 creó una contribución especial para los servicios bonificados, que graduaba un plus a cargo del patrón dirigido a las cuentas de ahorro individual en las AFAP. Pero esa carga tiene varias exoneraciones —como la educación privada y la salud— y no se logró el “impacto que requería”, afirmó Saldain, que también participó en el diseño de aquellos cambios durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti.
Otra “debilidad” expresada por la CESS en su diagnóstico refiere al “modo en que se computan” las bonificaciones a trabajadores con multiempleo, ya que se extienden los beneficios en circunstancias “ajenas” a la profesión bonificada, como en el caso de los pases en comisión de los funcionarios públicos.
Militares y policías
La edad mínima de retiro por el régimen general está establecida en 60 años, aunque es común que se siga trabajando algunos años más para lograr una mejor prestación (hasta los 62,5 años, en promedio, en la última década). En sistemas especiales como los que existen para personal de las Fuerzas Armadas y policial, la edad de jubilación es varios años inferiores. En 2019 la edad media del retiro en la “caja militar” fue de 47,6 años; la reforma aprobada el año previo en ese subsistema aumentó la edad de retiro a 48 años en el personal subalterno, un mínimo que también es “muy bajo”, opinó Saldain. El retiro a esta edad temprana representa un “enorme desafío de reconversión laboral”, y la futura reforma previsional debe “buscar alternativas distintas a los que tradicionalmente se pensó como una prestación de carácter vitalicio”, señaló.
Los integrantes de la CESS constataron que “muchos militares” vuelven a trabajar en empresas de seguridad, aunque no saben con “precisión” la cantidad. Aún “no hay ideas” para recomendar sobre este asunto porque recién se “empezó” a pensar en las propuestas que luego serán elevadas al Poder Ejecutivo, acotó Saldain. El viernes 7, el subgrupo de la comisión que analiza la situación de las cajas militar y policial comenzó a estudiar “un poco de historia” de estos regímenes, informó.
Los policías tienen un plus en el cálculo jubilatorio: cada cinco años trabajados se computan siete fictos. Este beneficio, que se estableció de forma transitoria y nunca fue revisado, habilita el retiro a edades tempranas. En 2019 se jubilaron, en promedio, con 56,3 años.
El diagnóstico concluye que el acceso a la jubilación de policías de forma temprana “desincentivaría” el trabajo en ciertas edades y “habilitaría la reinserción” en el sector privado, mientras cobran la pasividad.