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En pocas horas el presidente Tabaré Vázquez descomprimió una situación que podía convertirse en un problema mayor para el gobierno y el Frente Amplio, al actuar con firmeza ante desvíos éticos de algunos gobernantes. En respuesta, el oficialismo considera que ahora es el turno del Partido Nacional, que tiene para resolver cuestionamientos de algunos dirigentes y se siente presionado por la tajante decisión del mandatario.
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El 17 de enero el vicepresidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Mauricio Ardus, contrató a la novia de su hijo, de 18 años, como secretaria con un sueldo de $ 57.000. El 5 de febrero empezó a trabajar y renunció el pasado lunes 12, cuando VTV Noticias dio a conocer su contratación.
La mayor condena vino de dirigentes frenteamplistas que desde el primer momento pidieron su renuncia. El miércoles 14, Vázquez decidió removerlo y junto a él a la ya cuestionada presidenta de ASSE, Susana Muñiz, y al director Jorge Rodríguez Rienzi.
Aunque en octubre Muñiz dijo sentirse respaldada por el presidente, la decisión de Vázquez no fue aislada en este episodio. En todo caso, esta fue la gota que rebasó el vaso y así se lo transmitió en las últimas horas a la vicepresidenta, Lucía Topolansky, y a otros integrantes del gabiente. El mandatario les dijo que era una resolución muy meditada y necesaria, informaron a Búsqueda fuentes oficialistas.
El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo a Búsqueda que la decisión de Vázquez muestra “responsabilidad política”, porque “actuó y no dejó crecer las insatisfacciones”, mientras que “del otro lado siguen”.
“El Frente instala una lógica de hacer política, que a veces se vuelve en contra, pero que coloca la vara de la gestión pública bien alta y obliga a todos a cumplirla”, dijo.
“Se podrá estar de acuerdo o no, pero se toman medidas. Se arma el escándalo del intendente (de Artigas Pablo) Caram y ahí seguimos, se arma lo del intendente (de Soriano Agustín) Bascou y uno dice una cosa y otro otra, se arma lo de Cerro Largo y siguen. Nosotros no somos los dueños de la ética, pero resolvemos. Y eso es responsabilidad política. Del otro lado siguen”, agregó.
Varios dirigentes oficialistas coinciden con Miranda en que desde la renuncia del ex vicepresidente Raúl Sendic en el Frente Amplio han dado señales claras de “ser celosos defensores” de la ética. Y que en el otro extremo está el Partido Nacional, que en su momento no supo resolver con claridad la situación de Bascou.
Cuando parecía que la oposición saldría airosa tras la caída de Sendic, las dificultades en la interna blanca para resolver sus problemas éticos terminó provocando un nuevo impulso al Frente Amplio. Y para legisladores oficialistas consultados está ocurriendo lo mismo ahora. “El Frente Amplio corta de raíz mientras la oposición sigue discutiendo”, dijo uno de ellos a Búsqueda.
Lo ocurrido en ASSE pone presión a la oposición, y especialmente al Partido Nacional, que queda ahora con menos argumentos al momento de juzgar las irregularidades en la designación de cargos de confianza. El próximo lunes habrá una reunión de bancada en el sector Todos, que lidera el senador blanco Luis Lacalle Pou, y se debatirá tanto sobre diversas situaciones que cuestionan la ética de sus dirigentes, dijeron a Búsqueda fuentes de la agrupación.
En carpeta tienen analizar la situación del intendente de Artigas, Pablo Caram, que incorporó a la comuna familiares como cargos de confianza. Y la iniciativa de la jefa comunal de Lavalleja, Adriana Peña, de aumentar sueldos a cargos de confianza, entre ellos a su pareja, el director de Vialidad y Arquitectura, Gastón Elola. Desde filas blancas se considera que la dura medida de Vázquez “embreta” al discurso del Partido Nacional y que exige tomar medidas contundentes.
La ética estará en discusión en el Parlamento ya que el senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley que prohíbe el ingreso de familiares de jerarcas en la administración pública. Legisladores blancos, oficialistas y Pablo Mieres del Partido Independiente están dispuestos a acompañarlo. Y surgen propuestas alternativas, como la del blanco Javier García, que deja en manos de la Junta de Transparencia y Ética Pública resolver sobre cada caso.
