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“Vos no tendrías que estar acá”. “¡Acá la que manda soy yo!”. “Esta gente (por los radiólogos pediátricos) no sabe nada, lo único que hacen es maltratar a los niños y, encima, ustedes le hacen caso”. “Una cosa es lo que digan los libros y otra cosa lo que vamos a hacer acá”. El ambiente era tenso en el servicio de Neonatología del Casmu y los denunciantes apuntan a su entonces jefa, de iniciales M.A., actualmente apartada del cargo. Muchas de estas situaciones, que incluían “violencia verbal hacia el personal médico y de enfermería”, eran presenciados por los padres de los pacientes que estaban ahí atendidos.
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Esto está consignado en un documento de la División Jurídica de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, firmado por la asesora letrada de ese organismo María del Luján Charruti, al que accedió Búsqueda. Luego del análisis de los casos, presentados a partir de una denuncia del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) en 2022, el informe concluye pidiendo que se le aplique al Casmu lo dispuesto en los artículos 5 y 13 del decreto 186/004 sobre regulación de infracciones laborales, graduando la sanción a recibir entre 126 y 150 jornales por trabajador afectado, correspondiente a infracciones “muy graves”.
El informe jurídico, en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), agrega además que “no hay prueba que acredite las medidas de protección integral a los afectados” dispuestos en la legislación laboral. Se habla de un comportamiento “agresivo, humillante, con comentarios ofensivos, maledicentes y denigrantes sobre el desempeño laboral” por parte de M.A., además de constantes “amenazas de sanciones, “amedrentamiento”, “falta de planificación de cobertura de guardias”, “inflexibilidad” y “falta de respuesta” ante solicitudes de licencias reglamentarias, entre otros señalamientos.
Este documento, que aún está en el plazo de diez días hábiles para que las partes hagan sus descargos o agregados antes que el inspector general de Trabajo, Tomás Teijeiro, estampe su firma, es esgrimido por el SMU como prueba irrefutable de “una forma arbitraria y autoritaria”, incluyendo situaciones de acoso laboral, de conducir el Casmu. Al respecto, la dirección de la mutualista “desconoce y rechaza” toda “acusación infundada”, según un comunicado que ellos emitieron el lunes 29 luego de una reunión sostenida con el gremio médico a pedido de estos últimos.
El autoritarismo en la gestión y el acoso laboral a médicos es uno de los temas que enfrenta al Casmu con el SMU, que había reclamado el “inmediato reintegro” del exconsejero Álvaro Niggemeyer, cabeza de la facción opositora en la interna de la mutualista, destituido por el directorio (Búsqueda Nº 2.261). De hecho, en una resolución votada la semana pasada, el SMU había pedido a los médicos de esa institución que “sientan presión, persecución o acoso” que se comuniquen con ellos.
“Para ser un dictamen ministerial falta esa firma, pero ese informe ya muestra que se entiende que se considera muy grave no haber protegido a los colegas de neonatología”, dijo a Búsqueda el presidente del SMU, José Minarrieta. La denuncia involucró a “la casi totalidad” de ese servicio, compuesto por unos 14 profesionales. La doctora cuestionada dejó su cargo de jefatura en agosto de 2023 y fue sustituida por Enrique Dilucci, con quien “el ambiente laboral mejoró”, según el texto.
Minarrieta cuestiona que la salida de M.A. se dio durante este proceso de investigación “sin que hubiera un papel firmado” y que la profesional “sigue trabajando como médica y amenazando con que vuelve”. En la reunión sostenida este lunes, las autoridades del Casmu le dijeron a la delegación del SMU que “eso era algo ‘del pasado’, que ‘ya estaba resuelto’, cuando en los hechos se está tramitando”, indicó el dirigente. A su vez, dijo haber recibido “dos o tres” denuncias sobre situaciones similares que ahí ocurren y que están viendo cómo canalizarlas. “Algunos tienen miedo”, agregó.
La vicepresidenta de Casmu, Andrea Zumar, dijo a Búsqueda que “lo de neonatología fue un tema puntual y se actuó en consecuencia”, que hace seis meses “la jefa fue apartada de su cargo” cuando “se activó el protocolo de acoso” y que hay una investigación interna que aún no culminó. “De otros casos no tenemos conocimientos, (en la reunión) dijeron que había más denuncias pero no me dieron más datos. Yo puedo entender su situación, la confidencialidad, pero si no me tirás un dato me resulta complejo resolver la situación”, explicó. Según Zumar, ella quedó en trabajar conjuntamente con la directora de la Unidad de Negociación Colectiva del SMU, Soledad Iglesias.
Consultado por Búsqueda, el inspector general Teijeiro se excusó de hablar al tratarse de un expediente en curso.
Corralito en marzo
El despido de Niggemeyer significó la entrada del SMU en la política interna del Casmu, al considerarlo “injusto, arbitrario y abusivo”, reclamando su reintegro. El tema estuvo sobre la mesa en la reunión del lunes 29, que duró aproximadamente 30 minutos. La directiva, encabezada por Raúl Rodríguez, ratificó que esa expulsión respetó “normas estatutarias y reglamentarias” de la institución y no se movió de esa postura.
Sobre este punto, Minarrieta cuestionó “la falta de disposición al diálogo” de Casmu, señalando que el SMU está declarado “en conflicto” y que apelarán a la Dirección Nacional del Trabajo.
Como principal dirigente de la mayor fuerza opositora, Niggemeyer había denunciado una grave situación económica y falta de transparencia en la gestión del Casmu. Esto también había generado un diálogo entre el gobierno y la oposición en el entendido de que a nadie le servía un deterioro del tercer prestador privado más grande del país, con más de 180.000 afiliados (Búsqueda Nº 2.260).
El martes 30 las principales autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), la ministra Karina Rando, el subsecretario José Luis Satdjian y la presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alicia Rossi, recibieron una delegación de senadores y diputados del Frente Amplio integrantes de las respectivas comisiones de salud. La intención de los legisladores era recabar información oficial sobre la situación del Casmu. Preocupado por su situación financiera, el MSP dispueso semanas atrás el envío de dos veedores más a la institución para monitorear el flujo de caja (Búsqueda Nº 2.255).
Según dijo a Búsqueda el diputado Luis Gallo, participante de ese encuentro, los veedores “aún están en plazo” de elaborar un primer informe por lo que aún “no hay datos oficiales”. Esto ocurrirá en las próximas dos semanas. Gallo dijo que lo “congratuló” comprobar que había “preocupación” y “trabajo” de parte del en torno a la situación de la mutualista.
“Estamos esperando los números oficiales porque esperamos que esto no sea un caso grave como el de Casa de Galicia. Hasta que tengamos esa información no vamos a expresarnos”, dijo. En ese sentido, el legislador frenteamplista cuestionó “a los dos bandos” dentro del Casmu, cuyas expresiones públicas “no colaboran” con miras a la apertura del corralito mutual en marzo.
“Si se genera para entonces preocupación o pánico puede darse una corrida de socios que sí haga inviable al Casmu”, expresó.
Zumar había dicho que una eventual intervención de la mutualista sería una decisión “política” ya que “desde el punto de vista técnico, no están dadas las condiciones, ni en lo económico ni en lo asistencial” para eso (Búsqueda Nº 2.260). En sintonía con lo señalado por Gallo, el comunicado de Casmu del lunes 29, indica que el “tenor” de declaraciones públicas como las del SMU pueden perjudicar a la mutualista “al promover la pérdida de confianza de sus afiliados y proveedores”, con eventuales “graves consecuencias” para la institución.